El TC admite a trámite el recurso del PSOE contra la última reforma del Reglamento del Senado impulsada por el PP

El PSOE señaló que, con la decisión del Tribunal Constitucional de aceptar analizar su recurso sobre la reciente reforma del Reglamento del Senado, ya suman dos las impugnaciones admitidas por la corte respecto a este reglamento, después de que en marzo de 2025 se anulara una modificación previa de 2023 promovida también por el Partido Popular. Según reportó Europa Press, el actual recurso socialista centra sus objeciones en posibles irregularidades cometidas en el procedimiento y en la introducción de mecanismos como el "veto presunto", cuya constitucionalidad ahora será evaluada por el máximo órgano judicial.

De acuerdo con Europa Press, el Tribunal Constitucional decidió admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo socialista contra la reforma aprobada por mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado. Entre los cambios impulsados, la modificación abre la posibilidad de que el Senado recurra ante los tribunales contra el Congreso, además de establecer límites a los tiempos de intervención de los ministros. El PSOE denunció que la reforma incluyó "supuestas correcciones técnicas" que no llegaron a ser debatidas ni votadas por el Pleno, señalando que con este procedimiento se facilitaron, según su criterio, "enmiendas encubiertas".

Las fuentes consultadas por Europa Press indicaron que el recurso del PSOE también objeta la habilitación para que una comisión del Senado convierta en ley un texto procedente del Congreso sin que medie votación en sesión plenaria. Los socialistas argumentaron que esta disposición atenta contra las garantías democráticas propias del procedimiento legislativo y va en contra de las facultades del Pleno de la Cámara.

Europa Press detalló que el recurso socialista impugna específicamente los artículos que introducen la figura del "veto presunto". Este mecanismo interpreta el rechazo de un texto legislativo por la mayoría absoluta del Pleno del Senado como equivalente a un veto formalmente previsto en la Constitución. El PSOE entiende que, de esta manera, se desdibuja el procedimiento constitucional para los vetos, afectando potencialmente tanto el equilibrio de poderes como los derechos de las minorías parlamentarias.

Otro de los apartados recurridos es el artículo 108.6 del Reglamento del Senado, modificado por la mayoría del PP, que permite al Senado plantear un conflicto de atribuciones si considera que el Congreso incurre en una demora no justificada en la tramitación de iniciativas procedentes de la cámara alta. Para el PSOE, esta novedad abre la puerta a enfrentamientos institucionales y podría limitar la autonomía del Congreso en la gestión de su agenda legislativa.

Según Europa Press, la corte de garantías analizará si estas modificaciones vulneran derechos fundamentales, como alega el grupo socialista. El origen de la controversia se sitúa en la aprobación acelerada de una reforma por parte de la mayoría popular en el Senado, que fue presentada bajo la fórmula de correcciones técnicas y, según el PSOE, introdujo cambios sustantivos sin que el Pleno pueda ejercer su potestad de control y debate.

Europa Press informó que esta admisión a trámite se suma a la tendencia del alto tribunal de revisar reformas del Senado impulsadas por el PP bajo acusaciones de irregularidad en el procedimiento, recordando la reciente sentencia de marzo de 2025 que invalidó una reforma similar ejecutada en 2023. Para el PSOE, estos antecedentes refuerzan la necesidad de que el Tribunal Constitucional actúe como árbitro en la salvaguarda del procedimiento legislativo y de las garantías institucionales previstas por la Constitución.

La revisión judicial ahora se centrará en determinar si la forma en que se llevó a cabo la reforma reglamentaria, así como los mecanismos introducidos —como el "veto presunto" y las facultades de comisiones para convertir textos en leyes sin pasar por el Pleno—, respetan o no los principios fundamentales del funcionamiento parlamentario y los derechos de los grupos de la oposición. Tal como publicó Europa Press, la resolución que adopte el Tribunal Constitucional sobre este asunto tendrá repercusiones directas en la práctica legislativa del Senado y en la relación de equilibrio entre las principales instituciones parlamentarias de España.