Juzgan a una banda dedicada a prostituir y esclavizar a jóvenes extranjeras a las que engañaron para viajar a Mallorca

En la investigación sobre la presunta explotación sexual de mujeres extranjeras en Palma, los investigadores detectaron que la líder del grupo utilizó sociedades ficticias bajo la apariencia de librerías, así como una tienda de compra de oro destinada a adquirir objetos robados, con el objetivo de lavar fondos procedentes de estas actividades ilícitas. Estas operaciones permitirían ocultar y legitimar los beneficios económicos obtenidos a través de la explotación, según el expediente presentado en el proceso judicial. De acuerdo con lo reportado por el medio que aborda el caso y según la Fiscalía, el procedimiento legal contra seis miembros de la banda tiene previsto desarrollo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares durante tres jornadas consecutivas.

Según publicó la fuente original, la Fiscalía ha solicitado un total de 48 años y cuatro meses de prisión para el grupo, así como el pago de 633.500 euros en concepto de multas y responsabilidad civil. Entre los delitos recogidos en la acusación figuran trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, delitos contra la salud pública, recaptación y delitos relativos a los derechos de los ciudadanos extranjeros. De la condena total solicitada, la principal acusada afronta una petición de 22 años y cuatro meses de prisión, una multa de 413.500 euros y una indemnización de 20.000 euros. El expediente fiscal, consignado por el medio que detalla los hechos, identifica a esta persona como principal artífice y beneficiaria de la red.

El periodo durante el cual sucedieron los hechos se extiende desde 2014 hasta 2019. El medio que informa sobre el proceso señaló que la organización mantenía una metodología centrada en localizar y captar a mujeres jóvenes en Colombia que atravesaban circunstancias de vulnerabilidad. El relato expuesto por el Ministerio Público sostiene que estas personas recibían promesas engañosas para justificar su traslado a la isla de Mallorca. Al llegar, las mujeres se encontraban sometidas a la denominada “servidumbre por deudas” exigida por los acusados, situación en la cual se veían forzadas a ejercer la prostitución bajo condiciones definidas como similares a la esclavitud.

Las víctimas, que figuran en el procedimiento en calidad de testigos protegidos, permanecían confinadas en una habitación de Palma, donde se les obligaba a la disponibilidad permanente las 24 horas del día y los siete días de la semana. Los ingresos generados con su actividad eran utilizados exclusivamente para reducir una deuda que les había sido atribuida, sin recibir ninguna compensación directa. Además, el medio citado documenta que durante su permanencia se les forzaba a consumir cocaína, una circunstancia que formaba parte de un sistema de control y sometimiento.

Según detalló la fuente, el desarrollo de estos hechos implicó también el uso de amenazas. En el caso de las dos jóvenes afectadas, la jefa de la red, a través de una de las acusadas, comunicó a las víctimas la existencia de una deuda de ocho millones de pesos colombianos y advirtió que, si no se abonaba dicha cantidad, serían objeto de represalias bajo la expresión “mandar a cobrar”, lo que en el ámbito colombiano se interpreta como una amenaza de muerte. Bajo este clima de intimidación, las jóvenes emprendieron un segundo viaje tras un primer intento fallido de ingresar en Mallorca haciéndose pasar por turistas. Al ser interceptadas en Alemania y deportadas, persistió la presión hasta su posterior llegada definitiva a la isla, donde se materializó la explotación.

El medio que reportó el proceso describe la estructura de la organización como compuesta por cinco mujeres y un hombre, cada uno con funciones específicas orientadas a facilitar la actividad ilícita. Las tareas abarcaban desde la captación de nuevas víctimas hasta la gestión logística de los inmuebles donde se ejercía la prostitución, así como el suministro de sustancias estupefacientes y la vigilancia de las mujeres explotadas.

El apartado relativo al blanqueo de capitales, consignado por el medio que detalla la instrucción, indica que la principal acusada utilizó dos sociedades bajo la denominación de Librería Mallorca y Librería Menorca. Aunque carecían de actividad comercial real, permitieron la activación de datáfonos y terminales de punto de venta asociados a cuentas bancarias controladas por la acusada. Entre 2015 y 2019, este esquema habría facilitado el blanqueo de aproximadamente 516.411 euros, según las estimaciones recogidas en el escrito de acusación.

Adicionalmente, la tienda de compra de oro, también gestionada por la principal procesada, permitió la adquisición y posterior venta de objetos robados, generando beneficios a la organización evaluados en 300.661 euros. La evidencia recabada incluyó piezas como joyas de oro, relojes de la marca Rolex, gafas solares y bolsos de alta gama.

De acuerdo con el fiscal, la acusada invirtió parte de los fondos blanqueados en la adquisición y mejora de bienes inmuebles en Palma. Mediante el pago de reformas en efectivo y la amortización de préstamos, logró incrementar el valor de las propiedades y expandir sus activos a través de la compra de seis inmuebles adicionales. Estas operaciones permitieron legitimar 191.000 euros, de los cuales 172.000 euros habrían sido integrados posteriormente en nuevas inversiones con la colaboración de su madre, quien también figura entre las personas procesadas y habría obtenido 91.044 euros en el marco de la investigación.

En relación con la dinámica interna de la red, el papel de cada uno de los acusados incluyó desde actividades de captación hasta roles operativos para asegurar el funcionamiento del sistema de prostitución forzada, el control sobre las víctimas y la canalización de los ingresos ilícitos hacia actividades de blanqueo y reinversión. La documentación del caso y los testimonios protegidos aportados han sido los ejes centrales sobre los que se sustenta la acusación formulada por el Ministerio Público ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, tal como consigna el medio que monitorea el juicio.