Maíllo (IU) rechaza el "blanqueo de la figura" de Juan Carlos I, al que tilda de "defraudador fiscal confeso"

Antonio Maíllo ha puesto en primer plano la preocupación de expertos e historiadores por la inaccesibilidad de archivos fundamentales sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, señalando que la ausencia de pruebas clave dificulta la comprensión completa de los hechos y pone en entredicho la investigación académica sobre la transición democrática en España. Según publicó la fuente original, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) denunció durante su encuentro con la prensa en Córdoba que, pese a la reciente desclasificación parcial de documentos sobre el 23F, muchas piezas esenciales siguen sin estar disponibles, lo que impide el acceso pleno de la sociedad y de la comunidad investigadora a la memoria histórica del país.

Durante sus declaraciones, Maíllo criticó abiertamente lo que denominó una intervención selectiva de los archivos oficiales referentes a ese periodo, asegurando que la publicación de documentos omite materiales fundamentales para analizar e interpretar el golpe de Estado. Tal como recogió el medio citado, el dirigente de IU sostuvo que la manera parcial en que se está revelando esta información condiciona la percepción social de hechos que resultaron determinantes para entender el desarrollo institucional posterior a la dictadura.

Además, Maíllo se manifestó contundente sobre los riesgos de lo que describió como un “blanqueo de la figura” de Juan Carlos I en el contexto de la revelación de estos archivos históricos. El coordinador federal de IU calificó al anterior jefe del Estado de “defraudador fiscal convicto y confeso”, censurando cualquier iniciativa orientada a mejorar la imagen pública del monarca emérito, a quien acusó de haber provocado profundo descrédito para la sociedad española en su papel de único nombre propio citado en la Constitución de 1978. Según consignó el medio, Maíllo afirmó que “no hay documento blanqueador de Juan Carlos que borre la vergüenza que nos ha supuesto como país de que el jefe del Estado, y única persona que tiene nombre y apellido en la Constitución de 1978, haya dado ese ejemplo de depredador y defraudador fiscal que ha avergonzado a la sociedad española”.

El debate en torno al posible regreso de Juan Carlos I a España, tras residir en Abu Dabi desde agosto de 2020, aumentó tras las recientes declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien expresó su apoyo a esa posibilidad. Según reportó la fuente original, Maíllo aprovechó este contexto para subrayar la importancia de asegurar una transparencia institucional efectiva y garantizar el acceso pleno a toda la documentación oficial como condición necesaria para una democracia sólida. El dirigente reclamó que el proceso de desclasificación se regule mediante una ley clara, que establezca plazos fijos para la apertura de archivos históricos y evite la discrecionalidad o parcialidad en la publicación de la información.

Según detalló el medio, Maíllo defendió que una nueva normativa sobre información clasificada debe incluir periodos concretos, de entre 20 y 30 años según la naturaleza de los fondos, para que los documentos oficiales sean de acceso público en plazo razonable, y expresó su confianza en que dicha regulación pueda ser aprobada próximamente en el parlamento. Consideró que esta reforma legal serviría tanto para conocer la verdad histórica como para robustecer la calidad democrática en España, dotando a la ciudadanía de los elementos necesarios para analizar la transición y episodios críticos como el golpe de Estado de 1981.

En su intervención ante los medios, Maíllo manifestó que la sociedad española aún no ha dispuesto de la oportunidad de examinar al detalle unos hechos que influyeron de manera determinante en la configuración política e institucional tras el franquismo. Según publicó la fuente original, la insuficiencia de pruebas y la persistencia de la opacidad sobre los documentos del 23F continúan alimentando interrogantes sobre el alcance real de esos acontecimientos, representando a su vez un obstáculo para el ejercicio de la memoria colectiva y para la labor de los investigadores.

El representante de IU reiteró la posición tradicional de su formación y de la coalición Por Andalucía, a la que representa como candidato en las próximas elecciones autonómicas, en cuanto a la demanda de una transparencia total y una clara rendición de cuentas por parte de quienes han desempeñado las más altas responsabilidades institucionales. Tal como consignó la fuente, Maíllo argumentó que la ciudadanía necesita clarificar el alcance completo de la actuación de Juan Carlos I, tanto en su vertiente institucional como en lo relativo a sus obligaciones fiscales, con el objetivo de evitar que una narrativa política se imponga por encima de los hechos verificados documentalmente.

El dirigente también advirtió sobre las consecuencias que puede traer una gestión deficiente en la desclasificación de archivos históricos, tanto para la comprensión de procesos pasados como para la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Según detalló el medio, Maíllo remarcó que la percepción pública de sucesos trascendentes puede quedar viciada si el conocimiento se decide solo en función de intereses políticos y no sobre la base de una documentación accesible e integral.

La demanda de Maíllo incluye la revisión exhaustiva de los mecanismos que rigen la gestión de la información reservada y los archivos históricos relacionados con figuras de máxima relevancia, como es el caso del monarca emérito. En sus declaraciones, recogidas por la fuente original, reafirmó que la transparencia y el acceso a documentos oficiales de carácter histórico y sensible se revelan imprescindibles para construir una memoria basada en los hechos y no en versiones partidistas.

La polémica sobre la publicación parcial y selectiva de archivos, la situación fiscal y legal de Juan Carlos I y el debate sobre su posible retorno al país mantienen vivo el interés público sobre la transparencia institucional y la forma en la que se documenta la historia reciente de España. Maíllo, en línea con las demandas de numerosos expertos e historiadores, insistió en la urgencia de aprobar un marco legal que regule de manera estricta estos procesos y promueva el acceso libre y completo a la información, garantizando una rendición de cuentas efectiva para las figuras públicas vinculadas a episodios cruciales de la historia contemporánea, según reiteró el medio citado.