Asociación mayoritaria de jueces traslada "preocupación" a la UE por el "deterioro" del Estado de derecho en España

Las recientes declaraciones públicas de representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, que cuestionan diversas decisiones judiciales o atribuyen intenciones políticas a los jueces, han generado inquietud entre distintas asociaciones judiciales españolas, quienes advierten sobre el potencial impacto de estas manifestaciones en la independencia y la legitimidad del sistema judicial. En este contexto, la noticia principal recae sobre las comunicaciones formales que estas organizaciones han transmitido a la Comisión Europea en el marco de la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho 2026, señalando deficiencias estructurales y riesgos para el Estado de derecho en España.

Según informó la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la agrupación mayoritaria en la carrera judicial, su intervención se produjo este martes durante la citada reunión con la Comisión Europea. La APM expuso que no se han registrado avances en la mejora de las garantías institucionales, puntualizando la ausencia de cambios estructurales en la independencia judicial, los sistemas de contrapesos, así como en los recursos de los que dispone la Justicia española. En su nota de prensa, la APM remarcó que España sigue incumpliendo con la recomendación europea de reformar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque el órgano fue renovado, se mantiene el modelo de designación por parte del Parlamento, sin modificaciones que alineen el proceso con los estándares exigidos por la Unión Europea, según publicó la propia asociación.

Uno de los puntos que más inquietud despierta entre los jueces es la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, junto con la implantación de los Tribunales de Instancia. La APM advirtió sobre las “serias disfunciones organizativas” que esta reorganización está generando, señalando que la reestructuración no ha contado con una inversión proporcional en jueces, personal auxiliar, infraestructura ni tecnologías adecuadas. Este déficit, reportó la APM, limita la eficacia de la reforma y compromete la operatividad del sistema judicial. Al mismo tiempo, la asociación denunció la ausencia de avances reales en la autonomía del Ministerio Fiscal y defendió la necesidad de mantener separadas y claramente delimitadas la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria para preservar el equilibrio de poderes.

A propósito de las recientes reformas anunciadas en el sistema de acceso a la judicatura y a la Fiscalía, la APM comunicó a la UE su preocupación por el desplazamiento del control de los procesos de selección de jueces y fiscales hacia el poder ejecutivo. Según consignó la asociación a Bruselas, estas modificaciones suponen un riesgo para los principios de independencia y equidad en la selección de magistrados, ya que podrían facilitar una mayor injerencia política en estos procesos.

Tal como señaló la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) en su comunicación a la UE, la preocupación se centra en la falta de avances tangibles para amoldar el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ a los estándares europeos. Para la AJFV, ninguna de las propuestas remitidas al Parlamento cumple con el mandato legal ni garantiza una designación alineada con la exigencia europea de independencia institucional. El medio detalló que la AJFV defendió un modelo de acceso basado en mérito, igualdad y capacidad, principios que han favorecido históricamente la transparencia, la seguridad jurídica y la ausencia de discrecionalidad política, según su comunicado.

El anuncio reciente de la convocatoria de 500 plazas para jueces, realizado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido recibido favorablemente por la AJFV. No obstante, la asociación mantiene reservas ante los denominados “procesos extraordinarios de estabilización”. Además, AJFV insiste en la existencia de problemas estructurales, como la sobrecarga de trabajo, la escasez de medios y una distribución desigual de recursos, que, a su juicio, no pueden resolverse con reformas organizativas aisladas, haciendo alusión a la Ley de Eficiencia de la Justicia, según publicó el medio.

La AJFV también hizo referencia a la reiteración de declaraciones públicas de miembros del Ejecutivo y del Legislativo, que, según su punto de vista, pueden interpretarse como una presión sobre los tribunales y una deslegitimación del Poder Judicial. La asociación consideró especialmente grave esta situación, que puede minar la confianza en la independencia judicial. Además, advirtió sobre el riesgo de injerencia política derivado de diversas iniciativas legislativas, como la nueva organización judicial, la modificación del sistema de financiamiento de las asociaciones judiciales, la posible limitación de la acción popular y la reforma de la instrucción penal, cuyo traspaso al Ministerio Fiscal, indican, debería ir acompañado de un refuerzo previo en su autonomía.

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) aportó un informe con dos propuestas diferentes para la elección de los vocales del CGPJ durante la misma reunión con la Comisión Europea, según recogió el medio. Esta asociación respalda la elección judicial de candidaturas que posteriormente debe designar el Parlamento español, planteando de este modo una vía intermedia entre las posiciones en debate. En esa línea, JJpD abogó por un modelo de doble acceso a la carrera judicial, con la posibilidad tanto de turno libre como de cuarto turno, celebrando la introducción por ley de un sistema de becas para facilitar el ingreso tanto a la carrera judicial como a la fiscal.

JJpD también trasladó al organismo europeo sus puntos de vista sobre la Ley de Eficiencia, identificando algunos problemas en su implementación, aunque valorando positivamente que fomente la especialización profesional, lo cual, en opinión de la asociación, puede incrementar la eficacia interna de la judicatura. Al respecto, JJpD celebró también la previsión de 500 nuevas plazas para jueces, pero señaló la ausencia de instrucciones claras por parte del CGPJ para poner en marcha correctamente la reforma organizativa. Detalló que deberían haberse modificado hasta cinco de los reglamentos internos del CGPJ, que actualmente continúan en vigor bajo una regulación no adaptada a las nuevas leyes, provocando disfunciones operativas.

En otro aspecto, JJpD denunció ante la Comisión Europea procesos de deslegitimación dirigida contra el Tribunal Constitucional por parte de quienes habrían promovido campañas de descrédito contra las instituciones democráticas esenciales. La asociación admitió la legitimidad de la crítica a las sentencias judiciales en una democracia, pero advirtió que la descalificación directa de los tribunales implica un riesgo para la confianza ciudadana y el equilibrio institucional.

Las distintas asociaciones judiciales españolas, según reportó el medio, coincidieron de manera transversal en la necesidad de reforzar los contrapesos dentro del Estado de derecho, garantizar la independencia institucional del sistema de justicia y dotar de los medios necesarios al aparato judicial. Tanto la APM, como la AJFV y la JJpD, reiteraron su compromiso con la legalidad constitucional y las instituciones europeas, subrayando que sus demandas no buscan privilegios sino las condiciones estructurales indispensables para que la Justicia pueda desempeñar su función de acuerdo con los principios de la democracia y el marco normativo en vigor.