El auto judicial que autoriza la apertura a juicio oral en el llamado ‘caso Mediador’ señala que la investigación se centró en presuntos sobornos con el objetivo de obtener contratos de placas solares en Canarias. Según informó el medio, la instructora del caso, la magistrada María de los Ángeles Farizo, titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, concluyó la fase de instrucción principal con un total de 23 personas investigadas y dio por finalizada la instrucción, lo que allana el camino hacia la celebración del juicio oral.
El auto hecho público este jueves detalla que los hechos objeto de investigación podrían ser constitutivos de delitos como cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la Administración Pública, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. De acuerdo con la información publicada, la juez distingue diversos bloques de investigados según los delitos atribuidos y el grado de presunta implicación en la trama.
Entre los principales investigados en el primer bloque, tal como ha detallado el medio, figuran Marco Antonio Navarro, conocido como el ‘mediador’; el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes; el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes; el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa; así como otras diez personas. En relación con estos investigados, la magistrada atribuye indiciariamente delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la administración pública, estafa y falsedad documental.
El segundo bloque de la investigación analiza la actuación del exviceconsejero de Sector Primario del Gobierno de Canarias, Álvaro de la Bárcena, y del exdirector general de Lucha Contra el Cambio Climático, José Domingo Fernández, junto con otras cuatro personas más. A este grupo, según publica el medio, se les investiga por presunta prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la administración pública y malversación de caudales públicos.
Según consignó el medio, un tercer bloque de la instrucción se centra en Marco Antonio Navarro Tacoronte y otras cinco personas, a quienes se atribuye la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales. Además, una persona adicional figura como investigada por un supuesto delito contra la Hacienda Pública.
El proceso judicial conocido como ‘caso Mediador’ viene precedido de otra fase en la que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, mediante un tribunal de jurado, emitió en semanas recientes un veredicto de culpabilidad contra el general Francisco Espinosa, Marco Antonio Navarro Tacoronte y el empresario Antonio Bautista por un delito de cohecho relacionado con el pago de sobornos para la obtención de contratos de instalación de placas solares, según señaló el medio.
El auto judicial que cierra la instrucción y da paso a la posible apertura de juicio oral enumera toda la serie de irregularidades que se han investigado, identificando a los funcionarios y particulares sospechosos de haber participado en una presunta red de corrupción vinculada con el sector de energías renovables en Canarias. Según publicaciones del medio, la documentación examinada por la magistrada incluye contratos, movimientos financieros y testimonios recabados durante meses de investigación.
El avance hacia la siguiente fase judicial implica que la Fiscalía y la acusación particular podrán presentar sus escritos de acusación y la defensa formular los suyos, mientras se fija fecha para el inicio del juicio oral que abordará las conductas investigadas. De acuerdo con la información publicada, la diversidad de tipos penales atribuidos y el elevado número de investigados configuran el caso como uno de los procedimientos judiciales más relevantes relacionados con la contratación pública y la gestión de ayudas al sector energético en el archipiélago.
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