La Fiscalía de la AN pide a Igualdad el bloqueo de webs extranjeras que ofertan servicios de maternidad subrogada

El escrito del fiscal Manuel Campoy presentado a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres resalta la existencia de empresas que proporcionan servicios de gestación subrogada en países como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México y Colombia. Según Europa Press, este documento solicita la interrupción de la prestación de servicios y la retirada de contenidos relacionados con maternidad subrogada de las páginas web de trece compañías establecidas fuera de la Unión Europea, argumentando su implicación en prácticas comerciales consideradas ilegales en España.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional dirigió su petición al Ministerio de Igualdad para que se adopten medidas que restrinjan el acceso desde territorio español a los contenidos de los portales de estas compañías. De acuerdo con Europa Press, el Ministerio Público plantea la necesidad de suspender los servicios de acceso a Internet para los intermediarios que participen en la difusión de estos portales, y aboga por eliminar la información o la oferta de servicios relativos a maternidad subrogada publicada en ellos.

La tramitación de estas diligencias se realizó en colaboración con las fiscalías provinciales de Madrid y Barcelona, atendiendo denuncias de entidades públicas y privadas, entre ellas algunas impulsadas por el Defensor del Pueblo, consigna Europa Press. La Fiscalía explicó que estas actuaciones persiguen exigir responsabilidad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, para salvaguardar el derecho fundamental a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como proteger los derechos e intereses de quienes consumen servicios en Internet ante la oferta de actividades comerciales prohibidas en territorio español.

El Ministerio Público, según indicó Europa Press, también contempla la solicitud de una resolución judicial que faculte la interrupción del acceso o la retirada de los contenidos de las páginas web señaladas, si durante el procedimiento administrativo se demuestra la presencia de informaciones que puedan estar amparadas por los derechos y libertades de expresión e información. Esta parte del procedimiento busca salvaguardar el respeto a estas libertades fundamentales en aquellos casos en que sea pertinente, pero siempre desde un enfoque que prioriza la protección frente a la promoción de la gestación subrogada.

De acuerdo con Europa Press, el escrito especifica que las compañías afectadas operan mayoritariamente desde jurisdicciones que no forman parte de la Unión Europea pero dirigen sus contenidos al público español, lo que motiva la intervención de las autoridades. En concreto, la Fiscalía detalla que estas webs ofrecen y materializan servicios de gestación subrogada, una práctica que no se encuentra permitida por la legislación española y que, en consecuencia, entra en conflicto con la normativa vigente sobre protección de consumidores y usuarios y la defensa de los derechos fundamentales.

El papel del Defensor del Pueblo respaldando estas acciones muestra la relevancia social y jurídica que ha adquirido el tema. Las denuncias que motivaron la intervención se recibieron de diferentes organizaciones sociales y administraciones, interesadas en desplazar del mercado digital español el acceso a servicios vinculados con la maternidad subrogada, una práctica prohibida en el país.

El Ministerio Público, según lo publicado por Europa Press, recalca que su actuación pretende asegurar que los contenidos ilegales no sigan disponibles para consumidores y usuarios en España, e insiste en la necesidad de cooperación con el Ministerio de Igualdad para restringir de manera efectiva el acceso a los servicios ofrecidos por estas empresas extranjeras. El enfoque adoptado busca, además de proteger a potenciales clientas y clientes, contribuir al cumplimiento de las leyes nacionales que prohíben este tipo de actividades comerciales.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional concluyó su escrito subrayando que la protección del derecho a la igualdad y la defensa de los usuarios frente a prácticas consideradas ilícitas deben prevalecer en el entorno digital. Según lo informado por Europa Press, este procedimiento constituye una respuesta institucional coordinada ante la persistencia de portales que permiten el acceso a servicios de maternidad subrogada desde España, a pesar de estar prohibidos por la normativa interna.