Cerdán dice que debió pensar mejor si tenía que "haber dado tanto la cara en los acuerdos con los independentistas"

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado, indicó durante su comparecencia ante la comisión de investigación en el Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas que, de haberse replanteado el nivel de visibilidad que asumió en los acuerdos con los partidos independentistas, quizás habría evitado verse involucrado en la causa judicial por corrupción que actualmente le afecta. De acuerdo con la información publicada por el medio, Cerdán sostuvo ante los parlamentarios que algunas de las decisiones tomadas, especialmente su papel en las negociaciones políticas con formaciones como EH Bildu y Junts, lo ubicaron como blanco de una investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El exdirigente socialista precisó ante la comisión que no siente arrepentimiento respecto a sus actuaciones, aunque matizó que “algunas cosas de las que he hecho, igual hubiera sido mejor pensárselas”, en referencia a su participación expuesta en acuerdos con partidos independentistas. Según reportó el mismo medio, respondió así ante la consulta del portavoz de Contigo-Zurekin sobre sus posibles motivos de arrepentimiento en el marco de la investigación en la que figura como sospechoso de pertenecer a una presunta trama de corrupción.

Durante el desarrollo de la sesión, Cerdán contestó a una pregunta planteada por Adolfo Araiz, portavoz de EH Bildu, afirmando que la causa judicial por la que está siendo investigado no habría surgido si él no hubiera desempeñado un papel protagonista en las negociaciones políticas que implicaron a EH Bildu y Junts. En sus palabras, relató que existía “una orden por parte de unas supuestas policías para ir contra” su persona y agregó: "Parece que el objetivo era Santos Cerdán". Informó, además, que cumplió cinco meses de prisión provisional bajo el argumento de riesgo de destrucción de pruebas, aunque expresó su desconcierto sobre cuáles pruebas pudo haber destruido.

Por otro lado, el portavoz de Geroa Bai en la comisión, Pablo Azcona, apuntó que el informe de la UCO no detalla adjudicaciones ni irregularidades concretas en Navarra. Cerdán reiteró en diversas ocasiones ante los parlamentarios que no intervino en la gestión de concesiones para empresas como Acciona o cualquier otra compañía. Insistió en que, al no haber participado en procesos de adjudicación, no pudo haber recibido beneficio alguno. A preguntas de Pablo Azcona sobre posibles conversaciones con políticos sobre la adjudicación de Belate, remarcó que “sobre adjudicaciones, nunca”.

Durante el turno del Partido Popular de Navarra (PPN), su portavoz Javier García interrogó a Cerdán acerca de las reuniones celebradas en Madrid entre los gobiernos de Navarra y de España. Cerdán aclaró que su participación en estos encuentros se realizaba en calidad de diputado navarro, aunque también colaboró en encuentros con otras administraciones autonómicas. No obstante, el exdirigente socialista expresó su malestar por considerar que García no le permitió explicar sus respuestas con amplitud. Ante la insistencia del portavoz sobre su relación con María Chivite, presidenta de Navarra, Cerdán declinó responder más preguntas del PPN, al entender que la cuestión no tenía relación directa con las adjudicaciones de los túneles de Belate.

Javier García opinó en la sesión que “los silencios también dicen mucho” y aseguró que él no cuestiona el trabajo de la UCO de la Guardia Civil, en contraste con las manifestaciones de Cerdán consideras críticas hacia el informe policial.

En el turno de Miguel Garrido, portavoz de Contigo-Zurekin, la investigación fue situada en el contexto de si responde a un caso de corrupción que involucraría a instituciones navarras o si constituye un episodio de persecución política gestado desde lo que denominó “cloacas del Estado”. En palabras recogidas por el medio, Garrido destacó el impacto de la investigación tanto para el Parlamento navarro como para el Congreso de los Diputados. Le preguntó a Cerdán si consideraba falsos los informes de la UCO, a lo cual el exdirigente respondió que la veracidad de los documentos policiales se determinará en el juicio.

Ante la consulta sobre si había cobrado sobornos o intermediado en su cobro, Cerdán respondió: “Ya he dicho que no”. Añadió que permanecen en espera de un informe patrimonial desde hace siete meses y que con su publicación quedarán expuestos sus bienes, reiterando que “no hay dinero de ninguna mordida”.

Preguntado sobre la inocencia del exministro José Luis Ábalos, Cerdán respondió que esa cuestión corresponde a la justicia y subrayó que el informe del Ministerio no presenta evidencias de sobornos ni de manipulaciones en procesos de adjudicación. Ante la cuestión de si existe o no persecución política y si participaría otro partido en esa presunta campaña, Cerdán manifestó no tener constancia y deslizó que, a su entender, “hay intereses mayores que los de Santos Cerdán”.

El exdiputado defendió a personas vinculadas en la investigación, como el administrador de Servinabar, Antxon Alonso, de quien sostuvo su inocencia y reafirmó la existencia de actividad laboral en Servinabar, sugiriendo que se revisen las labores realizadas para comprobar su veracidad.

El representante de Vox en la comisión, Emilio Jiménez, dirigió una serie de preguntas a las que Cerdán optó por no responder, amparándose en su derecho a no declarar. Justificó su decisión al asegurar que el enfoque de su interrogatorio partía de supuestos relacionados con su participación en acuerdos con formaciones independentistas. Jiménez calificó a Cerdán de “traidor”, mientras que la presidenta de la comisión solicitó respeto en las intervenciones. El portavoz de Vox también lanzó acusaciones personales sobre supuesta corrupción y deslealtad, de acuerdo con la información recogida en el medio.

A lo largo de la comparecencia, distintas formaciones políticas y sus representantes plantearon dudas, críticas y preguntas sobre la autenticidad de la investigación policial, la posible existencia de intereses políticos detrás de la causa y la transparencia en la gestión de adjudicaciones públicas por parte de Cerdán.