El juez envía a prisión a 5 de los 7 detenidos por más de 85 robos en bares de una decena de provincias

La investigación del caso dejó en evidencia que los presuntos autores no llevaban a cabo delitos de manera aislada, sino como parte de una operación planificada a lo largo del tiempo y en varias provincias. Según publicó el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), el juez encargado de la instrucción en la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Teruel, Manuel Turmo, impuso prisión provisional comunicada y sin fianza a cinco de los siete detenidos tras su comparecencia ante la autoridad judicial en la mañana del miércoles, dentro del marco de la operación policial conocida como ‘Portofel’.

El TSJA detalló que los acusados formarían parte de una organización criminal señalada por la comisión de por lo menos 86 robos ejecutados en bares y otros negocios nocturnos de las provincias de Teruel, Valencia, Castellón, Zaragoza, Alicante, Soria, La Rioja, Córdoba, Ciudad Real y Cantabria. Los detenidos, todos de nacionalidad rumana y con residencia en la Comunidad Valenciana, fueron puestos a disposición judicial desde las 10:30, donde prestaron declaración durante varias horas ante el juez Turmo.

Dos de los arrestados quedaron en situación de libertad provisional, aunque imputados como supuestos autores de robo, bajo la obligación de comparecer ante el tribunal los días 1 y 15 de cada mes. En documentos judiciales destacados por el TSJA, se hizo hincapié en que la investigación apunta a que los delitos no responden a casos esporádicos, sino a actividades organizadas y sostenidas. La red operaba durante la madrugada, en intervalos entre las 03:00 y las 05:00, siguiendo una rutina que, según el auto judicial, presenta características propias de una estructura delictiva organizada que recurre a la fuerza y herramientas como palancas y destornilladores de grandes dimensiones para acceder a los locales.

Las detenciones se concentraron en Xirivella (Valencia), Soneja (Castellón) y Castelserás (Teruel). Además, la Benemérita reportó que 27 de los 86 robos investigados ocurrieron en las comarcas turolenses del Jiloca, Gúdar-Javalambre, Bajo Aragón, Cuencas Mineras y Sierra de Albarracín. Las pesquisas incluyeron el registro de dos domicilios e inspecciones en tres vehículos de alta gama, además de la incautación de más de 8.200 euros en efectivo, numerosos teléfonos, tarjetas SIM, herramientas, llaves de vehículos, muchas cajetillas de tabaco, prendas de ropa utilizadas en los robos según las imágenes de seguridad y sustancias estupefacientes superando la cantidad considerada para autoconsumo.

El perjuicio económico derivado de los robos supera los 345.000 euros hasta el momento, aunque el TSJA indicó que esa cifra podría cambiar conforme avance la fase de instrucción, que permanece abierta. El juez observó suficientes motivos para considerar a los implicados responsables de los delitos que se les imputan, razón por la que ordenó la prisión para cinco de ellos.

Uno de los principales sospechosos es Stefan C., identificado como residente en Soneja (Castellón) y considerado mentor del grupo, con historial policial y judicial previo, actualmente investigado por 47 robos, incluyendo hechos en la localidad turolense de Híjar. El TSJA señala también a Gelu B., a quien se atribuyen 38 robos desde el 31 de marzo de 2025, dos de ellos en Mora de Rubielos (Teruel). Bogdan M. enfrenta cargos por 36 robos, uno de estos en un bar de Cella, mientras que Mihai I. es investigado por 34 robos, con uno cometido en septiembre en La Puebla de Valverde, y Denis M. por otros 38 hechos similares.

El modus operandi descrito por las autoridades revela un funcionamiento itinerante y altamente estructurado. Los miembros de la organización seleccionaban meticulosamente los locales de hostelería en diferentes provincias, actuando en momentos en los que detectaban menor tránsito de personas o clientela. Su actividad consistía en forzar los accesos mediante herramientas específicas y dirigirse rápidamente hacia objetivos que les aportaban ganancias inmediatas, como máquinas recreativas, cajas registradoras o dispensadores de tabaco. El desplazamiento en coches de alta gama les facilitaba recorrer distancias significativas en el transcurso de una sola noche y, de ese modo, dificultaba que las fuerzas de seguridad pudieran seguir su rastro.

Las autoridades detallaron que los integrantes de este grupo empleaban teléfonos móviles y otros instrumentos tecnológicos para coordinarse, planificar sus desplazamientos, cambiar rutas e impedir la detección de patrones repetitivos que los hicieran vulnerables ante la investigación policial. La organización, precisó el TSJA, presentaba rasgos propios de una estructura criminal encaminada expresamente a la comisión de robos con fuerza.

La operación policial incluyó la incautación de objetos cuya procedencia está bajo investigación, como ropa que coincide con la utilizada en los asaltos, además de la localización de sustancias prohibidas en cantidades que superan el consumo propio, reforzando las sospechas sobre la implicación del grupo en otros posibles delitos. A medida que progrese la fase de instrucción, la cuantía económica de los daños y la posible relación de los distintos objetos incautados con los robos atribuidos podrán concretarse con mayor precisión.

Por último, el TSJA recalcó que las diligencias siguen abiertas y, a medida que se avance en el análisis de pruebas y testimonios, podrían surgir nuevos elementos y responsabilidades para los implicados o personas aún no identificadas por la investigación.