Pano dice que los 90.000 euros que llevó a Ferraz eran del dueño de Villafuel y que Aldama le habló del sobre de Delcy

Víctor de Aldama mencionó en una conversación con Carmen Pano la existencia de un sobre recibido de manos de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez, según consta en la investigación judicial sobre supuesta financiación irregular en el entorno del PSOE. Tal como informó Europa Press, Pano expuso durante su declaración ante el juez Santiago Pedraz que Aldama le habló de este sobre y de una entrega de documentación, aunque no pudo precisar si tenía relación directa con la financiación del partido. Este episodio se enmarca en el contexto del denominado 'caso hidrocarburos', en el que se investigan movimientos de efectivo y supuestas irregularidades vinculadas a la operativa de la compañía Villafuel.

Durante la comparecencia, Pano reiteró que transportó en dos entregas de 45.000 euros cada una, un total de 90.000 euros en efectivo hasta la sede nacional del PSOE, según consignó Europa Press. Precisó que el origen de los fondos era Claudio Rivas, propietario de Villafuel, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identifica como uno de los principales líderes de la trama, junto con el propio Aldama. La empresaria remarcó que actuó solo como portadora del dinero procedente de Rivas, quien, junto a Aldama, habría ejercido el control y coordinación de las operaciones investigadas.

Europa Press detalló que, respecto al sobre supuestamente entregado por Delcy Rodríguez a Aldama y vinculado a PDVSA, Pano admitió tener conocimiento indirecto, ya que Aldama le informó de la recepción de documentos pero sin aportar detalles adicionales acerca de su contenido o su finalidad. El presunto vínculo con la financiación irregular socialista forma parte de las pesquisas lideradas por Pedraz en la Audiencia Nacional.

En esta sesión prestó testimonio también la hija de Carmen Pano, Leonor González, quien negó cualquier relación con la presunta red de fraude fiscal que afecta al sector de los hidrocarburos. La declaración buscó aclarar su implicación después de que su nombre figurase en la instrucción, aunque ante el juez sostuvo no tener conocimiento ni participación en las operaciones bajo investigación.

La instrucción, según ratificó Europa Press, incluye la intervención de diversos altos cargos y asesores en varias administraciones. Así, Pano señaló que en diciembre de 2020 se celebró una reunión en el Ministerio de Industria para abordar la solicitud de licencia de operador de hidrocarburos por parte de Villafuel. En la cita estuvieron presentes, entre otros, Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto, y Koldo García, asesor en ese momento de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. La empresaria aseguró que Koldo García participó durante toda la reunión, mientras que Díaz Bidart declaró como testigo en el Tribunal Supremo haber asistido al encuentro a petición de García, aunque no recordaba con quién más.

Pano añadió, durante su declaración recogida por Europa Press, que Díaz Bidart solicitó que toda la documentación relativa a la licencia de Villafuel se canalizara a través de Koldo García para su posterior entrega. Esta gestión aparece en la investigación de la UCO como una posible maniobra para influir en la autorización administrativa que permitiría a Villafuel operar en el mercado mayorista de hidrocarburos, pese a supuestos incumplimientos de los requisitos legales exigidos. Las pesquisas sugieren que la obtención de la licencia habría conllevado un pago o contraprestación económica.

El magistrado Pedraz citó durante los últimos días a declarar a distintos implicados, incluidos Díaz Bidart y Marc Pons (que no pudo comparecer), quienes ejercieron como jefes de gabinete de las exministras Maroto y Teresa Ribera, respectivamente. También acudieron Claudio Rivas —que decidió no declarar—, Víctor de Aldama, Carmen Pano y su hija. Otras comparecencias incluyeron a Manuel García, director general de Política Energética y Minas; Manuel Salles, administrador de una empresa; y Álvaro Gallego, quien podría estar vinculado a la retirada de 108.500 euros en efectivo, según información recogida por Europa Press.

El último informe de la UCO, dirigido al juzgado, sostiene que la trama de hidrocarburos no solo habría conseguido introducirse en el Ministerio de Transportes bajo la dirección de Ábalos, sino también en las estructuras de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, lideradas en ese momento por Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente. El canal de entrada habría sido, conforme a la investigación, Víctor de Aldama, considerado persona con alcance en el entorno del exministro Ábalos. La finalidad principal habría sido influir en las decisiones administrativas para el otorgamiento de la licencia de Villafuel, según concluyó la UCO.

La situación de Rivas, a quien la UCO otorga un papel de líder junto con Aldama, es especialmente relevante, pues la guardia civil sostiene que ambos intervenían directamente en las decisiones y controlaban los movimientos operativos y económicos de la estructura investigada. Los análisis de la UCO subrayan la existencia de una coordinación estrecha entre ambos para ejecutar acciones que, sospechan los investigadores, buscaban asegurar beneficios y acceso privilegiado en el sector de hidrocarburos mediante la intermediación política y administrativa.

Europa Press informó además que durante la instrucción se han identificado movimientos de grandes sumas en efectivo y relaciones con figuras relevantes de la administración y del sector energético. La presunta infiltración en varios ministerios habría respondido a la necesidad de garantizar a Villafuel un acceso al mercado que, según los informes de la Guardia Civil, podría haber estado condicionado por aportaciones ilícitas o favores personales de los investigados. Todo ello conforma el núcleo de la investigación liderada por el magistrado Pedraz en la Audiencia Nacional, con la colaboración estrecha de los agentes de la Guardia Civil y la Fiscalía.