Valladolid, 21 ene (EFE).- El juicio de la denominada trama eólica, celebrado por supuestas irregularidades en la concesión de autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León, ha quedado visto para sentencia tras cuatro meses con once personas en el banquillo de los acusados, aunque en principio fueron quince.
La vista oral se abrió el pasado septiembre contra ex altos cargos de la Junta y empresarios y se ha llevado a cabo con la comparecencia de decenas de testigos y peritos en la Audiencia Provincial de Valladolid, donde intervinieron la Fiscalía anticorrupción, la abogacía del Estado, tres acusaciones particulares, la acción popular, ejercida por Ecologistas en Acción, y las defensas.
Fue el primer día del juicio, el 15 de septiembre, cuando los acusadores particulares que dirigían sus escritos contra el empresario Carlos Galdón retiraron los cargos contra él.
Ante esta situación, su abogado reclamó el sobreseimiento libre de la causa respecto a su representado y el magistrado presidente de la Sala decidió excluir al encausado ya que no le acusaba ninguna de las partes personadas.
De esta forma, la vista se desarrolló con catorce personas sentadas en el banquillo aunque, al modificar sus conclusiones definitivas el pasado 7 de enero, el ministerio público también retiró los cargos contra otros tres procesados, el empresario César Hernández Chico y los exdirectivos de Iberdola Rafael Icaza y Pedro Barriuso.
Las acusaciones particulares que también reclamaban la imposición de penas para estos tres procesados retiraron igualmente sus cargos.
Hoy, el juicio, centrado en hechos ocurridos entre 2004 y 2011, ha quedado visto para sentencia después de que el magistrado presidente de la Sala concediera el derecho a la última palabra a los procesados, del que han hecho uso solo dos de los encausados.
El fiscal acusa al exviceconsejero de Economía de Castilla y León Rafael Delgado por delitos continuados de prevaricación, cohecho y trafico de influencias, seis delitos de extorsión y un delito de blanqueo de capitales, por los que demanda penas que suman 36 años de prisión.
Para el abogado Jesús Rodríguez Recio, a que considera testaferro de Delgado, pide ocho años y seis meses de cárcel por un delito de blanqueo de capitales y delitos continuados de tráfico de influencias y cohecho.
El ministerio público solicita doce años de prisión para el empresario Alberto Esgueva por un delito continuado de cohecho y un delito de blanqueo de capitales, y seis años de prisión para su hermano, el también empresario Francisco Esgueva, por un delito continuado de cohecho.
Para el empresario Germán Martín Giraldo demanda doce años de prisión por un delito continuado de cohecho y un delito de blanqueo de capitales y para el exdirector general de Deportes de la Junta Andrés Martín de Paz reclama seis años por un delito continuado de cohecho.
Para los empresarios Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, hermanos, demanda seis años de prisión por un delito continuado de cohecho en cada caso, la misma pena que para el exdirectivo de Iberdrola Ricardo Bravo, mientras que para la exmujer de Alberto Esgueva solicita cuatro años por un delito continuado de cohecho.
Las defensas solicitan la libre absolución. La Audiencia de Valladolid dictará sentencia. EFE
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