El presidente de la Abogacía celebra la moratoria de los tribunales de instancia, pero pide una "monitorización"

La necesidad de establecer mecanismos de control durante la aplicación de la moratoria para la implantación de nuevos juzgados de instancia fue el eje central de las declaraciones de Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía, durante un encuentro con periodistas en Madrid. González indicó que, aunque la disposición del Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes a apoyar la pausa en la creación de estos tribunales representa una medida adecuada, es fundamental seguir de cerca el proceso para anticipar y prevenir posibles problemas. Tal como informó el medio, González subrayó que esta vigilancia debe involucrar a todos los sectores implicados en el proceso judicial para asegurar una gestión del cambio ordenada y eficiente.

De acuerdo con el reporte, la última fase en la implementación de los nuevos tribunales de instancia tiene previsto su inicio a partir del 31 de diciembre. Desde la Abogacía, se recordó que los consejos autonómicos han manifestado su disposición para colaborar con el Ministerio y procurar una transición que interfiera lo menos posible en el funcionamiento de la Justicia y el acceso de los ciudadanos a la misma. En ese contexto, González insistió en la importancia de que todos los colectivos relacionados con la actividad judicial sean escuchados, lo que permitiría ajustar la implantación a las realidades y demandas específicas de cada sector involucrado.

El Ministerio de Justicia, presidido por Félix Bolaños, ha convocado para el 22 de diciembre la Conferencia Sectorial de Justicia, foro en el que participarán tanto la cartera ministerial como las comunidades autónomas con competencias transferidas. Según publicó el medio, este encuentro tendrá como objetivo analizar el avance del proceso de creación de tribunales de instancia y valorar la posibilidad de que dichas comunidades soliciten una prórroga adicional para la culminación de esta tercera fase. Bolaños también ratificó la disposición del Ministerio a respaldar peticiones formales de extensión de plazos realizadas por las autonomías.

Por otra parte, González expresó su preocupación por la situación del derecho a la tutela judicial efectiva, que calificó de "gravemente erosionado" debido a la ausencia de criterios claros para la fijación de costas judiciales en las sentencias. Según consignó el medio, González afirmó que, ante esta falta de transparencia, los ciudadanos no están en condiciones de evaluar debidamente los riesgos y consecuencias económicas de iniciar un proceso judicial, al desconocer el monto aproximado de las costas a las que se exponen. El presidente de la Abogacía describió este aspecto como el principal reto al que se enfrenta el colectivo y recordó que la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, promulgada tras un fallo del Tribunal Supremo, contempla el derecho de los ciudadanos a conocer las posibles condenas en costas antes de embarcarse en un litigio.

No obstante, explicó que persiste la diferencia de criterios entre la Abogacía y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Según detalló el medio, la CNMC insiste en que el tratamiento de las costas debe regirse por las reglas de la competencia y el libre mercado, dificultando así la fijación de baremos de referencia que ofrecerían mayor claridad a la ciudadanía. González resaltó que esta postura crea confusión entre quienes desean acceso a la Justicia, al no proporcionarles cifras orientativas que permitan valorar los posibles gastos derivados de un litigio. Añadió su esperanza de que esta situación consiga una pronta resolución.

En esta línea, Cristina Vallejo, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, reiteró que los ciudadanos experimentan complicaciones para evaluar los riesgos económicos de los litigios, en tanto no existen baremos claros sobre las costas judiciales. Recordó, según reportó el medio, que el Colegio de Barcelona presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo luego de que la CNMC impusiera en 2018 una sanción a la institución por difundir criterios orientativos que establecían pautas de tasación de costas.

Además, González abordó la problemática de los mutualistas de la Abogacía, quienes continúan reivindicando el derecho a recibir una pensión pública a pesar de haber cotizado en mutualidades profesionales. El presidente lamentó la ausencia de un acuerdo para resolver esta demanda, pese a los esfuerzos realizados por la organización profesional. Según indicó el medio, González manifestó que la falta de consenso, de seguir así, dejaría sin solución a cerca de 5.000 profesionales a finales de año. Solicitó a todas las formaciones políticas actuar con una visión de conjunto para concretar un pacto que atienda de manera urgente esta reivindicación.

Sobre asuntos internos de la profesión, González celebró la reciente aprobación del presupuesto del Consejo General de la Abogacía para 2026, alcanzando un respaldo del 96% en la votación. Dicha aprobación, agregó, pone de manifiesto la cohesión del colectivo y el respaldo al proceso de modernización emprendido desde la institución. Preciso, según indicó el medio, que las partidas presupuestarias darán prioridad a la formación continua, la digitalización de los procedimientos y la ampliación de la oferta de servicios tecnológicos al conjunto de los abogados colegiados.

En la comparecencia ante los medios de comunicación, participaron junto a González la decana Cristina Vallejo, la secretaria general Encarna Orduna y la vicesecretaria general Marga Cerro. Todos los asistentes refrendaron la voluntad de la Abogacía de colaborar estrechamente con las administraciones públicas para mejorar el servicio judicial y responder a las demandas de actualización de la profesión según los retos que enfrenta el sector.