La abogada de la madre del niño de 4 años asesinado en Almería dice que su clienta niega haber participado en los hechos

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La abogada de Bárbara, la madre de Luca, el niño de cuatro años hallado muerto con signos de violencia física y sexual en la costa de Garrucha (Almería) el pasado miércoles, ha asegurado que su defendida "niega que fuese partícipe" en los hechos investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera y que permaneció acogida a su derecho a no declarar tanto ante la Guardia Civil como ante la autoridad judicial.

En una entrevista concedida a Canal Sur TV, recogida por Europa Press, María del Mar Viñero ha explicado que, al no haber declarado su clienta, no puede adelantar el contenido de las conversaciones personales mantenidas con ella tanto en dependencias policiales como el día en que fue puesta a disposición judicial, "ni inculpándose, ni exculpándose".

Viñero ha sido preguntada por los mensajes de audio que han trascendido públicamente y en los que Bárbara se dirigía a su padre y a su pareja sentimental. La letrada ha explicado que el atestado entregado el pasado sábado al juzgado "no contiene todavía esos mensajes" y que la defensa no ha tenido acceso oficial a ellos. "No sabemos realmente la veracidad de esos mensajes", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que su clienta "tiene una explicación" sobre su envío, que trasladará cuando sea llamada a declarar. También ha confirmado que Bárbara "no ha reconocido ni ha desmentido la autoría" de dichos audios.

Respecto al contenido del atestado, la abogada ha afirmado que no consta que su representada haya reconocido los hechos ni que haya admitido participación alguna en el suceso. A preguntas sobre las horas previas al fallecimiento del niño, cuando el auto judicial sostiene que la madre habría regresado al domicilio mientras la agresión continuaba, Viñero ha reiterado que no puede desvelar lo tratado en sus entrevistas personales, ya que la investigada mantiene su derecho a no declarar.

"EN SHOCK" Y SIN DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS MENTALES

La letrada ha indicado que, según las reuniones mantenidas hasta ahora, Bárbara "estaba completamente en shock" tanto el jueves como el sábado, lo que dificultó cualquier conversación fluida. De momento, ha dicho, no le consta que su clienta tenga alguna patología mental diagnosticada, aunque ha señalado que necesita mantener más encuentros con ella para completar su valoración.

También se ha referido a la causa previa en la que se dictó una orden de alejamiento del investigado respecto a la mujer y al menor, si bien ha aclarado que la defensa no ha tenido acceso a dicha sentencia al no haber intervenido en aquel procedimiento. "Ella apenas hablaba", ha afirmado al ser preguntada por los motivos por los que la madre habría permitido que el investigado siguiera conviviendo con ellos.

Cuestionada sobre la posibilidad de que Bárbara emprenda acciones legales contra su pareja, la abogada ha señalado que esa decisión se adoptará "cuando me reúna con mi clienta y lo veamos todo", sobre todo después de que el auto judicial haya apuntado indicios de una agresión "de forma reiterada" que derivó en la muerte del niño.

En relación con si su clienta realizó alguna llamada de emergencia durante el intervalo horario en el que el menor habría sufrido las lesiones fatales, Viñero ha afirmado que en el atestado no consta ninguna llamada, aunque ha insistido en que aún faltan documentos por incorporarse a la causa.

El auto de prisión provisional recoge que el investigado habría golpeado y agredido sexualmente al pequeño el 3 de diciembre mientras se encontraba solo con él, causándole un derrame intestinal y un desgarro hepático que derivaron en su muerte, estimada en torno a las 15,30 horas. El documento añade que el hombre habría ejercido un maltrato habitual sobre el menor "con conocimiento" de la madre, pese a una orden de alejamiento en vigor.

Tras el fallecimiento, ambos investigados habrían trasladado el cuerpo hasta un antiguo búnker en la playa de Garrucha, donde fue hallado posteriormente. El juzgado mantiene a la madre en prisión provisional comunicada y sin fianza ante el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos investigados.

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