Sumar rechaza la reforma de la multirreincidencia y acusa al PSOE de asumir marcos "punitivistas" de PP y Junts

Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, aseguró que 73.000 personas podrían verse beneficiadas si la ley de nacionalidad saharaui fuera impulsada de manera decidida, reclamando que el PSOE otorgue a esta iniciativa la misma prioridad y celeridad que la aplicada a otros proyectos legislativos. Según informó Europa Press, Barbero recordó que la citada proposición de ley permanece estancada desde hace aproximadamente un año y que su objetivo radica en equiparar las condiciones de acceso a la nacionalidad respecto al trato ofrecido previamente a los sefardíes.

Durante una rueda de prensa recogida por Europa Press, Barbero subrayó la diferencia entre el ritmo que el Gobierno imprime a la tramitación de la reforma penal sobre la multirreincidencia y el estancamiento prolongado de la ley de nacionalidad saharaui. La portavoz explicó que la ley saharaui representa una reivindicación largamente esperada que afectaría a decenas de miles de personas, mientras que la iniciativa para endurecer el castigo a los delitos reincidentes avanza de manera mucho más rápida en la agenda parlamentaria.

Respecto a la reforma sobre la multirreincidencia, Barbero expresó un rechazo tajante por parte de Sumar. Según consignó Europa Press, la diputada criticó que el PSOE respaldara la mayoría de las enmiendas presentadas por el Partido Popular (PP) y Junts en la comisión de Justicia del Congreso relativas a esta iniciativa legislativa. Barbero planteó que su formación no apoyará reformas cuyo propósito sea, en su criterio, incrementar penas y fortalecer un modelo "punitivista" que considera erróneo en el diagnóstico y desacertado en sus soluciones.

Barbero cuestionó la adopción de marcos conceptuales propios de la derecha por parte del PSOE en materia penal. Europa Press cita sus palabras: “Yo no sé si está comprando marcos (de la derecha) o si son los suyos. Esto tendrá que responder el Partido Socialista. Yo no voy a responder, pero es que igual son los suyos. Los nuestros no son. Esto lo tengo clarísimo.” Con estas declaraciones, la portavoz hizo pública la distancia que separa las posiciones de Sumar y del grupo socialista en cuestiones de política criminal.

En cuanto a los fundamentos del desacuerdo, Barbero destacó que endurecer las condenas por delitos menores, como el hurto de un teléfono móvil, podría acarrear penas de hasta tres años de prisión. Según publicó Europa Press, la portavoz insistió en que evidencias y datos muestran que el incremento de penas no genera descensos significativos de la criminalidad ni mejora la seguridad. Por el contrario, defendió que este enfoque puede acarrear desproporciones y penalizar de manera agravada a personas de recursos limitados implicadas en infracciones de baja gravedad.

Europa Press recogió también las declaraciones de Alberto Ibáñez, diputado valenciano de Compromís adscrito a Sumar, quien apuntaló las críticas hacia la política legislativa del PSOE en este ámbito. Ibáñez señaló ante los medios que la colaboración del grupo socialista con Junts para sacar adelante la reforma de la multirreincidencia fortalece estrategias que, según manifestó, abren la puerta a la extrema derecha en los gobiernos. Explicó que tanto esa iniciativa como otras recientes, entre ellas el real decreto de ayudas al sector inmobiliario, reflejan lo que denominó como marcos políticos y económicos equivocados.

Ibáñez hizo referencia a los datos oficiales de criminalidad, indicando que las cifras muestran una disminución de los delitos, al tiempo que criticaba la aparente contradicción de endurecer las penas penales cuando las estadísticas no justifican esa medida. Europa Press destacó que Ibáñez reprobó la negativa del PSOE a aprobar propuestas para frenar la compra de viviendas por fondos de inversión en barrios, mientras otorga prioridad legislativa al endurecimiento penal en delitos leves.

El debate sobre estos temas refleja las divergencias existentes dentro de la agenda parlamentaria y los desacuerdos entre el Gobierno y sus aliados en el Congreso sobre la secuencia y urgencia de cada proyecto. Según recopiló Europa Press, quienes cuestionan la reforma de la multirreincidencia argumentan que ya existen herramientas legales suficientes para abordar la reincidencia y aseguran que cualquier estrategia basada exclusivamente en incrementar condenas contribuye a castigar en exceso a personas afectadas por la exclusión social.

La postura de Sumar, como recogen diversas intervenciones recogidas por Europa Press, descansa en el rechazo a limitarse a un enfoque sancionador y reclama alternativas legislativas orientadas a la prevención y la reinserción, en lugar de la simple acumulación de años de condena. Paralelamente, la formación insiste en que se retome el debate y la tramitación de la propuesta sobre nacionalidad saharaui, demandando igual diligencia a la mostrada en iniciativas de carácter penal.

Europa Press contextualiza estas declaraciones en una coyuntura política caracterizada por diferencias persistentes entre los grupos que sostienen el Ejecutivo y el propio Gobierno respecto a la orientación de la reforma penal y la priorización de asuntos dentro de la actividad legislativa ordinaria. Las tensiones y diferentes visiones sobre criminalidad, penas, gestión parlamentaria y derechos de colectivos como los saharauis marcan la actualidad de estas negociaciones y debates en el Congreso de los Diputados.