Sumar critica la sentencia del TS contra García Ortiz, que tacha de "escándalo", "choteo" e "inquisitorial"

Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida, expresó inquietud respecto a la ausencia de pruebas y la forma en que se condujo el proceso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tal como reportó Europa Press, Maíllo hizo especial hincapié en que los responsables judiciales habrían actuado bajo la impresión de impunidad, lo cual, en su valoración, genera un daño relevante a la credibilidad de las instituciones y facilita el empleo de la justicia como herramienta política. Este planteamiento se sitúa en medio de una serie de reacciones dentro de la coalición Sumar y sus partidos aliados tras la sentencia del Tribunal Supremo, que condenó a García Ortiz por revelación de secretos en un caso ligado al empresario Alberto González Amador.

A raíz de la publicación del fallo, Europa Press informó de pronunciamientos públicos de parte de los representantes de Sumar, quienes han señalado posibles consecuencias negativas para el funcionamiento democrático y el Estado de derecho en España. La preocupación central se relaciona con la independencia del sistema judicial y, según detalló el medio, los portavoces han dejado en claro sus dudas sobre si la sentencia fue dictada bajo presiones provenientes de entornos económicos y políticos influyentes.

El Movimiento Sumar, en una de sus primeras manifestaciones oficiales vía la red social Bluesky, calificó la sentencia como un “escándalo” y la vinculó a prácticas inquisitoriales, sugiriendo que la decisión constituye un “auto de fe”. A criterio de la formación, la actuación de la Fiscalía General se encaminaba a salvaguardar la institución ante la propagación de informaciones consideradas engañosas y atribuidas a sectores políticos y económicos arraigados en Madrid. Según consignó Europa Press, la organización hizo un llamado a reforzar la defensa de la democracia en contexto de lo que describió como ataques orientados al debilitamiento institucional, advirtiendo sobre el impacto de campañas de desinformación.

Lara Hernández, coordinadora general de Movimiento Sumar, cuestionó la legitimidad de la decisión del Supremo y, de acuerdo con Europa Press, la calificó como “hecha ad hoc”, basada en indicios y sin evidencias concluyentes que confirmasen la autoría directa del delito imputado a García Ortiz. Hernández sostuvo que la resolución se apoyó en una posición preconcebida antes del juicio, lo que consideró un desvío frente a las pautas habituales de imparcialidad judicial.

Según relató Europa Press, el eurodiputado Jaume Asens, integrante de Comunes, exteriorizó su desacuerdo argumentando que condenar por una filtración sin identificar al responsable genera inseguridad jurídica e incumple las bases del Derecho. Asens preguntó: “Si no saben quién fue, ¿cómo pueden condenar? O lo hizo él o lo hizo otro. Jurídicamente no hay término medio” y consideró que el fallo se asemeja a un “auto de fe, de puro estilo inquisitorial” en lugar de apoyarse en pruebas y desarrollo legal.

En paralelo, Alberto Ibáñez, diputado de Compromís vinculado a Sumar, trasladó su preocupación al razonar que el Tribunal Supremo habría adoptado una lógica donde la sola pertenencia al entorno del implicado podría considerarse motivo de condena. Según recogió Europa Press, Ibáñez señaló que tal interpretación contradice los fundamentos del Estado de derecho y encierra un problema institucional relevante.

Entre los argumentos más repetidos en los comunicados y declaraciones que recopiló Europa Press, se encuentra la sospecha de injerencias de grupos económicos y políticos en las decisiones judiciales. Portavoces de la coalición dirigieron críticas a mecanismos de filtración y campañas de desinformación procedentes, en su visión, de núcleos con intereses propios, los cuales buscarían condicionar el funcionamiento normal de la administración de justicia.

La reciente controversia, según describió Europa Press, ha reactivado la discusión pública acerca de la autonomía de los poderes judiciales y la posible existencia de presiones sobre jueces, fiscales y otros actores jurídicos. Los responsables políticos que cuestionaron la sentencia subrayaron la necesidad de defender la democracia y reclamar garantías procesales dentro de los juicios, incidiendo en una demanda de máxima transparencia y en la reivindicación de que las resoluciones judiciales deben contar con evidencia objetiva y no responder a presiones de sectores externos.

Los mensajes emitidos posteriormente por representantes de Sumar y sus aliados, así como las apariciones públicas recogidas por Europa Press, reiteran la idea de que decisiones judiciales como la del Supremo pueden afectar la percepción que la ciudadanía mantiene sobre el Estado de derecho, especialmente en casos donde existe falta de prueba sólida y criterios de aplicación legal percibidos como arbitrarios o discrecionales. Las posiciones expresadas convergen en exponer que el mantenimiento de la legitimidad democrática requiere que los tribunales se rijan exclusivamente por parámetros de objetividad, respeto a los derechos y exclusión de presiones o intereses particulares ajenos a la justicia.