El juez Peinado aparta a Manos Limpias del 'caso Begoña Gómez' por no pagar el importe exigido para ser acusación

En medio del procedimiento judicial, la representación legal de Manos Limpias optó por abandonar la causa contra Begoña Gómez, argumentando que el caso, originalmente concebido como una cuestión técnica y jurídica, pasó a convertirse en un asunto dominado por intereses políticos y mediáticos. Esta decisión fue acompañada por la renuncia formal del abogado Carlos Perales Rey, quien comunicó al Juzgado de Instrucción número 41 su desvinculación, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable, según informó Europa Press. Este giro en la estrategia legal precipitó la actuación del juez Juan Carlos Peinado, quien apartó a la agrupación de la causa por no haber presentado la consignación económica necesaria, condición imprescindible para ejercer la acusación popular en el procedimiento.

Según consignó Europa Press, la resolución judicial se fundamentó en la falta de justificación documental acerca del pago requerido, lo que llevó al instructor a excluir a Manos Limpias del proceso que indaga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Esta decisión vino precedida por la renuncia del despacho Preico Jurídicos S.L., que a través de un escrito, subrayó el desvío del caso desde una perspectiva jurídica hacia un debate relacionado con intereses políticos y repercusión pública. En la comunicación remitida al juzgado, el letrado expuso que la trama ya no seguía únicamente criterios de solidez jurídica, sino que se veía influida por consideraciones ajenas al análisis estrictamente procesal.

De acuerdo con la agencia Europa Press, el representante legal argumentó que su retirada obedecía a un análisis detenido de la evolución del caso, el cual consideró incompatible con la defensa técnica eficaz y los estándares de calidad e independencia profesional. El escrito enfatizó que un encargo inicialmente orientado a la tutela judicial efectiva y a la correcta aplicación del Derecho terminó viéndose arrastrado hacia un espacio de confrontación política y mediática, alejándose de los límites estrictamente jurídicos.

La investigación judicial, abierta en abril de 2024 a raíz de la denuncia presentada por Manos Limpias, mantiene imputados contra Begoña Gómez cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios realizados en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos, según detalló Europa Press. En la denuncia, la agrupación acusó a la esposa del presidente del Gobierno de emplear su posición para favorecer presuntamente a empresarios como Juan Carlos Barrabés, actualmente investigado dentro de la misma causa.

El despacho Preico Jurídicos S.L. precisó en su comunicación que, durante el desarrollo del litigio, las decisiones estratégicas ligadas al procedimiento terminaron respondiendo a motivos de utilidad política y repercusión mediática, más que a argumentos estrictamente legales o a la lógica procesal, señaló Europa Press. En ese contexto, el abogado manifestó que la decisión de renunciar no fue tomada por motivos superficiales, sino por la constatación de que ya no se daban las condiciones adecuadas para mantener una defensa independiente y técnicamente sólida.

Tal como publicó Europa Press, el juez ve imprescindible la acreditación documental del depósito exigido por la ley para que cualquier parte pueda ejercer la acusación popular, lo que en ausencia de dicho cumplimiento llevó a la salida del proceso por parte de Manos Limpias. El artículo 24 de la Constitución Española y el artículo 30 de la Ley de Enjuiciamiento Civil fueron mencionados por la defensa para fundamentar la importancia del compromiso con la tutela judicial efectiva y la corrección jurídica del procedimiento, principios que, en opinión del despacho, ya no resultaban plenamente aplicables ante la deriva del asunto hacia lo político.

La salida de Manos Limpias reconfigura el escenario judicial en la causa relacionada con Gómez y deja en evidencia el impacto que pueden tener los factores políticos sobre procesos inicialmente planteados en términos estrictamente jurídicos, de acuerdo con los elementos incluidos en la documentación a la que accedió Europa Press. El expediente pone así de relieve los criterios que pesan a la hora de determinar la viabilidad de las acusaciones populares en casos donde confluyen intereses mediáticos y políticos junto a los estrictamente legales.