Madrid, 31 oct (EFE).- El presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, ha confirmado este viernes que presentará alegaciones a la comunicación del Ministerio de Cultura que inicia el proceso para solicitar su extinción judicial, y ha defendido que la permanencia de la entidad está amparada por la Constitución, que "garantiza la libertad de opinión, expresión y reunión".
En declaraciones a EFE, el presidente de la Fundación Francisco Franco ha confirmado que ya han recibido esta resolución del Ministerio de Cultura y ha adelantado que presentarán alegaciones, para lo que tienen un plazo de diez días hábiles.
"En un Estado de derecho estaríamos tranquilos porque la Constitución Española garantiza la libertad de opinión, expresión y reunión", ha dicho.
En su opinión, esta iniciativa del Gobierno es un "Francomodín" para tratar de desviar la atención de la opinión pública de otros problemas y acusa además al Ejecutivo de "mala praxis democrática", al solicitar la extinción de la Fundación basándose en la Ley de Memoria Democrática, que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Por otro lado, ha señalado que la resolución del Ministerio de Cultura "parte de un supuesto falso", ya que toma como punto de partida unos estatutos de la Fundación Francisco Franco que no son vigentes porque "fueron modificados".
Y ha calificado de "ridículos" los argumentos que usa el Ministerio de Cultura para concluir que la Fundación Francisco Franco menosprecia y humilla a las víctimas del franquismo.
"Es nuestra versión de la historia con argumentos históricos", ha defendido.
El Gobierno inició hace más de un año, en junio de 2024, los trámites para solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco con la recopilación de información por parte del Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones.
Y este viernes el propio Ministerio ha comunicado a la Fundación la apertura del proceso para pedir su extinción, tras concluir que con su actividad hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general, aunque será la Justicia quien tenga la última palabra. EFE
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