Statera Legal, despacho de abogados que ha presentado esta semana un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para que el Gobierno no use la consulta pública sobre la OPA de BBVA y Sabadell, ha solicitado este viernes que la medida cautelar sea "inaudita parte" o, lo que es lo mismo, ha elevado la petición a cautelarísima, según el comunicado remitido por el bufete.
Junto al recurso presentado el viernes, y que ya ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional, el despacho también pidió la adopción de medida cautelar consistente en la suspensión de la utilización de los resultados de la consulta pública.
"Considerando que se ha producido la elevación de la adopción de la decisión al Consejo de Ministros, incluyendo los resultados de la consulta pública impugnada, con objeto de evitar que el Gobierno adopte una decisión antes de que se resuelva la pieza separada de medidas cautelares, Statera Legal ha solicitado que la medida cautelar se adopte de forma urgente a través de la denominada cautelarísima", señala en concreto.
Así, esto implica que, si la Audiencia Nacional aprecia la motivación dada por el despacho, la medida cautelar se acordaría en un plazo "muy breve", de dos días siguiendo la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, "sin oír al Ministerio".
Para el despacho, la utilización de la medida cautelar inaudita (o cautelarísima) es "proporcionada" respecto del fin perseguido. Señala que con la misma no se impide la formulación de las alegaciones oportunas para, en caso de ser estimadas, pueda ser la medida levantada, "considerando los plazos procesales extraordinariamente reducidos", antes del día 26 junio, que es la fecha límite para que el Gobierno decida si endurece, mantiene o suaviza las condiciones de la CNMC, siguiendo criterios distintos a los de la competencia.
Así, Statera Legal defiende que se garantizaría que se pueda adoptar la decisión que corresponda, "sin que el Gobierno pueda eludir la revisión jurisdiccional acelerando su decisión", y todo ello sin que, en el eventual supuesto de que se desestime la adopción de las mismas, sea viable la utilización de los resultados de la consulta pública realizada.
Tanto la medida cautelar, ahora cautelarísima, como el recurso van contra la consulta pública que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa lanzó entre el 6 y el 16 de mayo para recoger posibles efectos sobre el interés general que podría acarrear la OPA de BBVA sobre Sabadell. Tras cerrarse esta consulta inédita en un proceso de estas características, Economía decidió finalmente el 27 de mayo elevar la operación al Consejo de Ministros para que fuera revisada por otros ministerios con interés en la operación. Para este proceso, el Gobierno cuenta con un plazo de 30 días naturales.
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