La Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso presentado por el despacho de abogados Statera Legal contra la consulta pública que el Ministerio de Economía realizó entre el 6 y el 16 de mayo sobre la OPA de BBVA y Banco Sabadell, según el comunicado remitido por el propio bufete.
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente al Ministro de Economía, Comercio y Empresa y ha requerido a la Administración por un plazo de 20 días para la remisión del expediente administrativo.
De igual modo, el órgano judicial ha acordado formar pieza separada en relación con la solicitud de la medida cautelar --consistente en la suspensión de la utilización de los resultados de la consulta pública--, concediendo un plazo de diez días a la Administración demandada para presentar alegaciones.
Para el despacho, la adopción de la medida cautelar tiene "aún más relevancia" tras anunciar el ministerio, el pasado martes, que decidía elevar al Consejo de Ministros la decisión sobre la OPA de BBVA al Sabadell.
El recurso se presentó el pasado lunes, 26 de mayo, después de que ya el 8 de mayo el bufete requiriera a Economía el cese de la "vía de hecho" derivada de la apertura de una consulta pública "sin cobertura legal y con diferentes defectos formales de gravedad".
La firma dio un plazo de diez días desde el requerimiento que, sin embargo, no ha sido atendido, por lo que se interpuso el requerimiento con una petición de medida cautelar. Sobre este último aspecto, el despacho explica que se ha pedido suspender el uso de los datos obtenidos por la consulta y que el objetivo de tal petición sería "evitar la pérdida de la finalidad legítima del recurso" y "aseguraría la efectividad de la futura sentencia".
Sobre los argumentos para presentar el recurso, el bufete de abogados considera que la consulta es "contraria" al principio de igualdad y no discriminación, puesto que la formulación de la misma es diferente en función de si el interesado considera o no que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación entre BBVA y Banco Sabadell.
Además, cree que el proceso para cumplimentar el formulario está "ausente" de cualquier autenticación de identidad del usuario, lo que infringiría la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
Esto cobraría "mayor relevancia" considerando la posibilidad de que una "suplantación a gran escala" (como un ataque informático) pudiera "tergiversar líneas de opinión que el Gobierno ha manifestado que va a tener en consideración". Con respecto a esta cuestión, el bufete subraya que es "de especial trascendencia" en un contexto donde existen "intereses en la desestabilización de las democracias occidentales por determinados actores ajenos en el contexto geopolítico".
Statera Legal también sostiene que el procedimiento seguido no se corresponde con aquel al que se vinculan las preguntas formuladas en la consulta, lo que infringe la Ley de Defensa de la Competencia y que la consulta "no tiene cabida formal" en el ordenamiento jurídico, "dado que no existe precepto habilitante para realizarla en el procedimiento previsto para la intervención del Consejo de Ministros".
En resumen, el bufete defiende que este procedimiento podría tener una "afectación" del interés público por la utilización de los datos recabados "sin ningún rigor y respaldo jurídico". Además, insiste en que se ha vulnerado el principio de igualdad y no discriminación del artículo 14 de la Constitución, de tal forma que cree que necesario impugnar la consulta en vía jurisdiccional y suspender de manera cautelar la utilización de los resultados.
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