Madrid, 23 abr (EFECOM).- La vista previa sobre las medidas cautelares solicitadas por Global Alconaba para paralizar el acuerdo de financiación del Grupo Prisa con su principal acreedor, el fondo Pimco, se ha celebrado este miércoles en el juzgado mercantil nº 18 de Madrid.
Al acto han acudido los representantes del grupo propietario de El País y la Ser, y de Global Alconaba, el grupo de empresarios que compró a Telefónica el 7,07 % de la compañía en 2022, y tanto unos como otros se han ratificado en sus pretensiones.
La vista se celebra después de que la juez desestimara la solicitud de medidas cautelarísimas para paralizar el acuerdo de financiación de la deuda de Prisa pedidas por Global Alconaba, que entiende que no estaba justificada la urgencia y que además faltaba documentación clave.
Global Alconaba reclama que se suspendan dos cláusulas del acuerdo alcanzado con Pimco en lo que concierne a la parte que estipula que la deuda de Prisa con este acreedor -de 240 millones de euros- venza anticipadamente si el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, deja su cargo o pierde el control de la compañía.
Con este trato, si Oughourlian pierde el control de la sociedad, el préstamo otorgado por el fondo Pimco vencería y el grupo propietario de El País debería devolver la deuda que tiene con él y que no vence hasta 2026.
La petición de medidas cautelares se enmarca dentro de una demanda que presentó Grupo Alconaba para impugnar los acuerdos del Consejo de Administración celebrado el pasado 25 de marzo, en virtud del cual se acordó un aumento de capital de cerca del 10 %, así como ese acuerdo con Pimco.
Los denunciantes sostienen que todo obedece a una estrategia del presidente de Prisa para asegurar su posición de control en la compañía y hurtar a los accionistas las facultades de nombramiento y de separación de los administradores que la Ley de Sociedades de Capital les concede.
El representante legal de Prisa, por el contrario, ha defendido que los consejeros fueron informados puntualmente de todos los acuerdos, cuyo objetivo es asegurar la refinanciación de la deuda financiera de la empresa, que en total asciende a 814 millones de euros.
Aunque dicha deuda vence en 2026 -240 millones en junio y 575 en diciembre-, el letrado ha justificado las decisiones adoptadas por el consejo en la necesidad de asegurar la refinanciación con la suficiente antelación.
La magistrada Lucía Martínez Orejas no ha considerado necesario que testifiquen el auditor de KPMG, Gustavo Rodríguez, ni la directora financiera de Prisa, Pilar Gil. EFECOM
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