Asociación de jueces denuncia una campaña de presiones contra el TC y su presidente

Madrid, 20 feb (EFE).- La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha denunciado este jueves una "campaña de presiones" dirigida contra el Tribunal Constitucional, sus integrantes y particularmente su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y ha alertado del uso del derecho penal como "herramienta de presión política".

En un comunicado, la asociación de jueces progresista subraya que si bien la crítica a las resoluciones del TC es legítima, "observamos con preocupación cómo en los últimos tiempos se han lanzado insinuaciones sobre la posibilidad de admitir querellas contra integrantes del Tribunal Constitucional por el ejercicio de sus funciones".

"Esta campaña es inaceptable", destaca JJpD, que recuerda que los nombramientos de las magistradas y magistrados del TC se han realizado conforme a la Constitución, siguiendo procedimientos establecidos y respetados bajo gobiernos de distintas orientaciones políticas durante más de cuarenta años.

Advierte de que la erosión de las instituciones por el hecho de mantener visiones distintas sobre la interpretación de la Constitución "es una absoluta irresponsabilidad" y lamenta que la "práctica deslegitimadora con la que se actúa últimamente respecto de cualquiera que no se pliega a los intereses de determinados grupos es un grave error que amenaza el sistema de equilibrios en que todo sistema de derechos y libertades se sostiene".

"No podemos permitir que el pluralismo constitucional se vea amenazado por el uso del derecho penal como herramienta de presión política, una tendencia preocupante que observamos tanto a nivel nacional como internacional", indica la asociación, que advierte de que "la coacción penal no es un método válido para delimitar la interpretación constitucional".

Destaca que el TC es el máximo intérprete de la Constitución y su labor es esencial para la protección de la ciudadanía frente a todos los poderes, incluido el judicial, con lo que su independencia no puede estar sujeta a intereses ajenos a su función.

"Cualquier intento de imponer una tutela externa sobre sus decisiones desvirtúa su papel y compromete el respeto al marco constitucional".

Por eso, esta asociación hace un llamamiento a la responsabilidad y al respeto institucional por parte de todos los actores políticos y sociales. "La solidez de nuestra democracia depende de la confianza en nuestras instituciones, y esa confianza debe mantenerse incluso cuando sus resoluciones puedan generar discrepancias", concluye. EFE