(Corrige el titular y el lead de la NA2405 por error en la cifra de fallecidos, que son siete)
Madrid, 18 feb (EFE).- Un juez de Madrid ha archivado la causa en la que se investigaba si la muerte de siete ancianos en dos residencias de mayores de la región fue un homicidio imprudente por parte de los centros, si bien cuestiona los protocolos de no derivación a los hospitales, cuyas consecuencias "no fueron valoradas bien" por parte de las autoridades políticas.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha decretado el sobreseimiento provisional de las denuncias presentadas contra las residencias Adolfo Suárez y Amavir Arganzuela, en el que señala que se cumplieron los protocolos vigentes en ese momento, que aconsejaban "no ingresar a personas afectadas con covid y con patologías complejas y edad avanzada" en los hospitales al estar saturados, y donde la atención "era deficiente".
Aunque el magistrado excluye del objeto de la investigación a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cuestiona la redacción y vigencia de los protocolos de no derivación de los residentes a hospitales que, indica, se aplicaron "pocas semanas".
A su juicio, considera su aplicación "como poco, muy discutible", y cree que sus consecuencias "no fueron valoradas bien por la autoridad política", cuya responsabilidad, señala, "excede el ámbito de esta causa al tener aforamiento los responsables".
Aunque indica que la decisión de la autoridad sanitaria "pudiera ser discutible y reprobable", se basaba en que a este tipo de pacientes "el tratamiento más eficaz sería en la propia residencia", y aunque muchos de los centros de mayores "carecían de medios e incluso de médicos", no es el caso de las dos residencias investigadas "donde se contó con atención medica y asistencia, medicación e incluso oxigeno".
Por otro lado, afirma que los protocolos "no descartaban de manera absoluta el ingreso en los hospitales de los residentes", dependiendo del criterio de los geriatras de guardia o de referencia, y añade que algunos de los fallecimientos investigados inicialmente les fue recomendada la derivación al hospital y fueron los familiares los que al principio se negaron.
El juez descarta la comisión de delito de homicidio o lesiones por imprudencia por parte de los encargados de la residencia, ni de los médicos y enfermeras, al haberse deparado a los residentes "el tratamiento adecuado dadas las circunstancias", al no poder acreditar la relación de causalidad entre la conducta imputable y el resultado, y ve "inviable" que se haya cometido un delito de omisión del deber de socorro, de trato degradante, o de prevaricación. EFE
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