Madrid, 2 ene (EFECOM).- La nueva Estrategia Nacional de Alimentación marcará el inicio del año legislativo en materia agroalimentaria, que tiene por delante otros compromisos del Gobierno como las esperadas normas de agricultura familiar y control pesquero.
A principios de 2025 está previsto que finalicen los trabajos de elaboración del documento de la estrategia, tras las consultas que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha llevado a cabo en los últimos meses con los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, que han hecho sus respectivas aportaciones.
El objetivo es definir la transición hacia un sistema alimentario más sostenible, rentable, innovador, competitivo y que responda a los retos del sector, como ha insistido el MAPA en distintas ocasiones.
Esos desafíos están relacionados con el abastecimiento estratégico, la sostenibilidad, el fortalecimiento de las áreas rurales y la competitividad, la alimentación saludable, la innovación y la tecnología, y el papel de los consumidores.
Además, sobre esa base se diseñarán algunas de las futuras políticas alimentarias, con la intención de que España sea una voz influyente en el debate europeo.
España quiere ser así uno de los primeros países en aportar su visión al documento sobre agricultura y alimentación que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentará en los cien primeros días de su segundo mandato.
Aunque el Gobierno se propuso tener aprobada la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario a finales de 2024 para que entrase en vigor este enero, el proyecto apenas salió adelante con cambios del Congreso de los Diputados en diciembre.
El texto todavía tiene que recibir el visto bueno del Senado y, en caso de más enmiendas, volver a la cámara baja para su aprobación final, por lo que su aplicación se retrasará.
Lo mismo ocurre con las disposiciones introducidas en esa norma, entre las que destacan la modificación de la representatividad de las organizaciones agrarias, basada en una serie de nuevos requisitos y procedimientos que respetan, no obstante, la competencia de las comunidades autónomas para celebrar elecciones al campo.
En la práctica, este cambio permitirá el reconocimiento de la Unión de Uniones y su inclusión en el Consejo Agrario, el órgano consultivo adscrito al MAPA en el que participan actualmente las organizaciones Asaja, COAG y UPA.
El Gobierno también pretende elevar a agencia estatal el rango de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), una iniciativa que retomará en 2025 a través de un proyecto legislativo tras ser tumbada en diciembre por PP y VOX en el Congreso.
El reforzamiento de los controles de la ley de la cadena alimentaria es otro de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo central dentro del plan de 43 medidas firmado con UPA y Unión de Uniones para responder a las protestas del campo, el cual se ha cumplido -según el MAPA- en un 90 %.
Aparte de avanzar en esas medidas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en su discurso de investidura a aprobar una ley de agricultura familiar, la cual todavía está por desarrollar.
Se pretende proteger así este modelo de explotación ante las dificultades de relevo generacional en el campo mediante una norma que igualmente estará sujeta a un proceso amplio de diálogo.
A lo largo del año también se espera que prosiga la elaboración y tramitación de la ley de control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima, un proyecto que deriva de la legislación comunitaria y para el que ya hubo una consulta pública previa. EFECOM
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód:22171741 y otros)
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