Madrid, 27 nov (EFECOM).- La Audiencia Nacional ha denegado al magnate chileno Andrónico Luksic el acceso al informe completo sobre la sanción que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) impuso a PwC por la auditoría de las cuentas de 2012 del Banco Popular.
En una sentencia fechada el pasado 16 de octubre a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso resuelve el conflicto entre Aeris, el vehículo inversor de Luksic, y rechaza su pretensión de acceder al informe completo de la sanción del ICAC a PwC.
Aeris es la sociedad propiedad del magnate chileno Andrónico Luksic, cuya participación en el Popular superaba los 100 millones de euros, cantidad que perdió en su totalidad tras amortizarse a valor cero las acciones del banco.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó en junio de 2018 las sanciones impuestas por el ICAC a la firma auditora PwC y a su socio auditor José María Sanz Olmeda, corresponsables de dos infracciones graves en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas anuales individuales del ejercicio 2012 del Banco Popular Español y de las cuentas anuales consolidadas de la entidad Grupo Banco Popular, cuyos informes de auditoría se emitieron el 28 de febrero de 2013.
El ICAC estimó ese año que PwC había cometido una infracción muy grave en la auditoría de las cuentas de 2012 del Banco Popular, en concreto sobre el efecto de la absorción del Banco Pastor, y fijaba una sanción de 492.721 euros, el 0,33 % de las cuentas consolidadas.
El organismo destacaba que "no basta con hacer meras descripciones de asientos ni con cuadrar los asientos del Banco Popular con los del Pastor, sin que consten las pruebas realizadas para verificar y ajustar a valor razonable".
Pero el contenido exacto del informe que llevó al ICAC a imponer la sanción no se ha publicado, sino sólo un resumen, lo que llevó a Luksic a reclamar que se divulgara su contenido.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) acordó facilitar el contenido íntegro del informe, pero ahora la Audiencia Nacional zanja la reclamación al entender que "en un ámbito tan específico como son las sanciones en materia de contabilidad" existen ·intereses subyacentes" que tienen primacía frente a las normas generales de la Ley de Transparencia.
El pasado 22 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama abrió juicio oral contra el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, otros doce directivos, la firma auditora PwC y dos de sus socios por estafa en la ampliación de capital de 2016, y ha impuesto una fianza provisional de cerca de 2.277 millones de euros.
Por lo que respecta a PwC, el juez considera a la firma cooperadora necesaria, al igual que a los socios auditores Pedro Barrio y José María Sanz Olmeda. EFECOM
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