Laura López
Madrid, 17 dic (EFE).- Los testigos de Jehová y una asociación de exadeptos de esta confesión han protagonizado en los últimos meses una batalla judicial con cuatro demandas que han arrojado, de momento, dos sentencias contradictorias: un juez considera que llamar 'secta' a esta religión vulnera su derecho al honor, mientras que otra lo avala bajo la libertad de expresión.
El pasado mes de octubre, el Juzgado de 1ª Instancia número 1 de Torrejón de Ardoz (Madrid) estimó parcialmente una demanda de Testigos de Jehová contra Enrique Carmona, el secretario de la Asociación Española de Victimas de los Testigos de Jehová, constituida a finales de 2019 y formada por más de 200 socios.
Los religiosos alegaban una vulneración de su derecho al honor por lo que dijo sobre ellos en un vídeo publicado en YouTube y el juez avaló muchas de las palabras que habían ofendido a los religiosos, pero no los calificativos de "secta peligrosa", "la peor de las sectas" y otras con las que comparaban la religión con una enfermedad.
Palabras, según el juez, "claramente desproporcionadas y manifiestamente injuriosas", que suponían una intromisión ilegítima en el derecho al honor, y por las que condenó a Carmona a pagar 5.000 euros, decisión que la asociación de víctimas ya ha recurrido.
Pero a principios de este mes de diciembre, una nueva sentencia -derivada de otra de las cuatro demandas en total que han interpuesto los Testigos de Jehová contra la asociación- se ha manifestado en un sentido muy diferente.
En este caso, el Juzgado de 1ª Instancia número 6 de Torrejón de Ardoz analiza si la asociación vulnera el derecho al honor de los Testigos de Jehová en las expresiones recogidas en el preámbulo de sus estatutos, en su propia denominación (por considerarse "víctimas"), en la página web y en sus redes sociales.
Los exadeptos aseguran haber vivido bajo férreo control de sus vidas, al impedirles actividades como estudiar en la universidad o ver las noticias, y acusan a la confesión de encubrir los "miles" de casos de abusos sexuales que se han cometido en su seno.
Dicen haber sido disuadidos de denunciar estos u otros delitos en favor de una "justicia interna" impartida por los altos cargos de las congregaciones y acusan a la religión de haber ocasionado "incontables pérdidas humanas" por su negativa a la transfusión sanguínea.
Según relatan, fueron adoctrinados para no mantener ningún tipo de relación con personas "ajenas" a la religión y repudiar activamente a los expulsados, incluso si son personas de su propia familia.
En su sentencia, la jueza analiza estas acusaciones, les da "absoluta veracidad" y estima que la confesión ejerce "un control excesivo sobre la vida de los fieles en aspectos que la sociedad española, en su mayoría, considera positivos".
Incluso en el caso del uso del término "secta", la jueza avala su utilización bajo el paraguas de la libertad de expresión, al explicar que esta atribución está "íntimamente relacionada con los comportamientos criticados" y "no existe ninguna norma en nuestro ordenamiento jurídico que, una vez reconocida oficialmente como confesión religiosa, impida criticar esta condición".
"Limitar la posibilidad de calificar a una religión como secta sería como impedir que una persona atea o agnóstica se declare como tal", señala la jueza, para quien lo importante en esta cuestión es "si quien expresa esa opinión negativa se basa en algún elemento fáctico": "Y en el caso que nos ocupa, es evidente que sí".
En definitiva, establece que, en este caso, "aunque algunas expresiones sean inexactas o exageradas", prevalece el derecho a la libertad de expresión y de información frente al derecho al honor.
El portavoz adjunto de Testigos de Jehová, David Báidez, ha señalado en una conversación con EFE que en la organización están "totalmente sorprendidos" y con mucha tristeza ante esta última resolución: "Creemos que la jueza deliberadamente no ha tenido en cuenta ninguna de las evidencias, ni testificales ni documentales, que presentamos", ha sostenido.
Niegan categóricamente todas las acusaciones vertidas sobre ellos y dicen ser "víctimas" de discursos de odio que, en los últimos meses, se ha traducido en agresiones incluso físicas contra sus adeptos.
Consideran que lo relatado por las víctimas son "vivencias personales" y que como tales son "subjetivas y propias de cada persona": "No las negamos, pero lo que no se puede hacer es, por lo que alguien dice que experimentó o por lo que una persona le hizo, estigmatizar a un grupo de 120.000 personas", defiende.
El presidente de la Asociación de Víctimas, Israel Flórez, ha precisado que la razón de ser de la entidad no es atentar contra esta religión, sino corregir lo que se está "haciendo mal".
Dicen respetar la libertad de culto, pero defienden que, dentro de cualquier confesión, los únicos que pueden decir qué se está haciendo mal son "los que están dentro" y esto no es posible si se acalla a los damnificados: "Eso es lo que está pasando dentro de los Testigos de Jehová, han intentado silenciar a las víctimas", asegura.
Está previsto que la batalla en los tribunales continúe en los próximos meses, con las resoluciones de los recursos interpuestos por las dos partes a estas sentencias y con las otras dos demandas presentadas por Testigos de Jehová.
Una, ante el Juzgado de 1ª Instancia número 6 de Torrejón de Ardoz contra uno de los vocales de la asociación, Gabriel Pedrero, y otra, en el número 5, contra su presidente, Israel Flórez. EFE
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(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 11567700 y otros)
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