Cerca de 9,5 millones de pensionistas en España conocerán el porcentaje de subida de sus prestaciones para 2027 el 27 de noviembre, apenas dos días antes de las elecciones generales, según el calendario oficial de publicaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). La coincidencia de fechas ha convertido el cálculo anual de la revalorización en uno de los asuntos más comentados de la precampaña electoral.
La ley obliga a actualizar cada año las pensiones contributivas según la evolución de los precios, sin que medie decisión discrecional del Gobierno de turno. La fórmula, recogida en la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, toma como referencia la media del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los doce meses previos a diciembre. Para fijar el porcentaje de 2027 se necesita el dato de noviembre, que el INE difundirá de forma preliminar el 27 de ese mes y confirmará, ya con carácter definitivo, el 15 de diciembre.
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El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en una entrevista para TVE que la subida está garantizada al margen del resultado electoral. El ministro reconoció que la publicación del dato adelantado de inflación de noviembre deja poco margen para que el Consejo de Ministros apruebe el incremento antes de los comicios generales, pero remarcó que la actualización “se va a hacer” y que el real decreto-ley podría aprobarse pocos días después de las elecciones, para pasar posteriormente por la Diputación Permanente del Congreso.
La estimación ronda el 3,5% de subida
Ningún organismo oficial ha confirmado todavía el porcentaje que se aplicará en enero de 2027. Las estimaciones disponibles, elaboradas por centros de análisis privados a partir de los datos de inflación conocidos hasta ahora, apuntan a una subida cercana al 3,5%. Funcas calculó, en la presentación de sus previsiones económicas del 15 de octubre, una revalorización del 3,6%, que supondría un coste adicional de unos 8.400 millones de euros para las arcas públicas.
La cifra definitiva dependerá de la evolución de los precios en octubre y noviembre. El último dato oficial disponible, correspondiente a septiembre, situó la inflación interanual en el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, impulsada por los productos energéticos y el encarecimiento de los combustibles. La revalorización, sin embargo, no se calcula con el dato de un mes aislado, sino con la media de las doce tasas interanuales previas a diciembre.
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El año pasado, la revalorización aplicada fue del 2,7%, calculada con el IPC medio registrado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Aquel porcentaje elevó la pensión media de jubilación hasta los 1.512,7 euros mensuales en diciembre de 2025, y supuso un incremento de unos 572 euros anuales para quienes perciben esa prestación.
Con una inflación más elevada este año, el aumento de 2027 será superior a esa cifra, aunque el importe exacto no se conocerá hasta que se publique el dato definitivo de noviembre.
La subida automática no alcanza a las pensiones más bajas
La Ley General de la Seguridad Social establece que las pensiones contributivas -jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares- se revalorizan de forma automática y sin necesidad de ningún trámite por parte del beneficiario. El importe actualizado se refleja directamente en la nómina de enero, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social envía posteriormente una carta individual con la cuantía definitiva.
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No ocurre lo mismo con las pensiones mínimas y no contributivas, cuya subida no depende de un automatismo legal, sino de una decisión que el Gobierno de turno adopta cada año a través de real decreto. En 2026, mientras las pensiones contributivas subieron un 2,7% por aplicación directa de la ley, las mínimas se incrementaron un 7% y las no contributivas un 11,4%, porcentajes que el Ejecutivo fijó de forma expresa, según consta en el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero.
El Fondo de Reserva cerrará el año con unos 20.000 millones
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró este martes que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la “hucha de las pensiones”, cerrará 2026 con alrededor de 20.000 millones de euros, frente a los cerca de 5.000 millones con los que contaba en 2018.
El sistema, no obstante, depende cada vez más de transferencias directas del Estado. Durante el primer semestre de 2026, la Seguridad Social recibió 35.583 millones de euros procedentes de recursos ajenos a las cotizaciones sociales, lo que representa más de una cuarta parte de todos sus ingresos en ese periodo.
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El gasto en pensiones contributivas y no contributivas alcanzó los 118.430 millones de euros hasta julio, un 6,5% más que en el mismo periodo de 2025, según los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda.
El sistema de pensiones, arma arrojadiza de la precampaña
El debate sobre la viabilidad del sistema público de pensiones se reactivó el 5 de octubre, cuando el portavoz económico de Vox, José María Figaredo, calificó el modelo actual de “zombi” y planteó una reforma estructural hacia un sistema mixto que combine el reparto con la capitalización individual. Días después, el líder de la formación, Santiago Abascal, matizó esa posición: “Jamás Vox ha hablado de privatizar las pensiones”, defendió.
La polémica se trasladó al Partido Popular la semana siguiente. La portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, advirtió en una entrevista que el sistema “va a petar” y pidió “ser valientes” para cambiarlo. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, respondió desde Zaragoza acusando a sus rivales de preparar, en caso de gobernar, “la carta de defunción del Estado del bienestar”.
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Al día siguiente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, moderó después el discurso de su portavoz: “Las pensiones son innegociables”, aseguró, y acto seguido se comprometió a mantener la actualización conforme al IPC, aunque abrió la puerta a una reforma para garantizar un sistema “viable” para los jóvenes.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, quiso también desmentir cualquier intención de privatización: “Con Vox en un gobierno, las pensiones se van a pagar, a costa de lo que sea”. Por su parte, la secretaria de Igualdad socialista, Pilar Bernabé, advirtió haciendo alusión al PP: “Ya se oye la motosierra y suena cerca de las pensiones”.
Una manifestación reclama que suban más las pensiones en 2027
La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), junto a otras organizaciones de jubilados como Asjubi40, ha convocado una manifestación estatal en Madrid para el próximo 24 de octubre, con recorrido desde Atocha hasta la calle de Alcalá.
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Los convocantes reclamarán una revalorización del 6% para 2027, más del doble de lo que estiman los analistas, y rechazarán cualquier paso hacia la privatización del sistema. A la protesta se ha sumado también la Confederación General del Trabajo (CGT), que reclama una subida equivalente del Salario Mínimo Interprofesional.
La movilización se suma al debate que, desde el anuncio del adelanto electoral el 5 de octubre, ha situado a las pensiones como uno de los ejes centrales de la precampaña.
El real decreto que fije de manera oficial el porcentaje de subida para 2027 llegará, previsiblemente, después de las elecciones, con el Gobierno ya en funciones. El Ejecutivo prevé aprobarlo en diciembre, antes de que se constituyan las nuevas Cortes Generales, cuya fecha está marcada para el 23 de diciembre.
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