La defensa de Zapatero encadena reveses al intentar apartar pruebas, frenar a Hacienda y cuestionar las pesquisas sobre sus negocios en el ‘caso Plus Ultra’

José Luis Rodríguez Zapatero decidió desde el primer momento que no iba a limitarse a defenderse en el ‘caso Plus Ultra’. Desde que el juez José Luis Calama le imputó, su defensa ha ido plantando batalla a distintas decisiones de la instrucción y tratando de contener el avance de las pesquisas. Algunas de esas iniciativas han acabado en un nuevo revés para el expresidente, mientras otras siguen pendientes de respuesta o han logrado abrir una segunda vía de discusión ante la Audiencia Nacional.

La estrategia se ha desplegado en varios frentes a medida que la investigación avanzaba. Y el último capítulo tiene como protagonistas las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho, cuya segunda tasación trata ahora de impugnar su defensa. Antes de llegar hasta ahí, sin embargo, el abogado de Zapatero ha intentado apartar pruebas, cuestionar actuaciones de la UDEF y Hacienda y limitar el alcance de la investigación.

El primer pulso: las pruebas que sustentan la investigación

Uno de los primeros movimientos de la defensa se dirigió contra las pruebas obtenidas durante las pesquisas sobre Plus Ultra. En concreto, el abogado Víctor Moreno Catena puso el foco en el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, antiguo directivo de la aerolínea, cuyo volcado llegó a España desde Estados Unidos en marzo de 2026.

La defensa pidió al juez que reclamara a las autoridades estadounidenses información sobre la intervención del dispositivo, entre otras cuestiones para conocer si existió autorización judicial, quién la concedió y cómo se había conservado el contenido durante los años transcurridos desde su incautación. El objetivo era comprobar las garantías con las que se había obtenido una prueba que posteriormente fue incorporada a la causa. El juez Calama rechazó reclamar toda esa información a Estados Unidos. Para el magistrado, las cuestiones planteadas por la defensa no justificaban ampliar en esos términos la cooperación judicial con las autoridades norteamericanas.

Poco después, la ofensiva adquirió una dimensión mayor. La defensa planteó un incidente de nulidad para tratar de dejar sin efecto buena parte de las decisiones adoptadas durante la instrucción. Zapatero sostenía que se habían vulnerado sus derechos fundamentales y pedía que se revisaran varias resoluciones, entre ellas las relacionadas con registros y actuaciones que terminaron llevando las pesquisas hasta su despacho.

El juez rechazó finalmente la petición de nulidad general de la causa. Antes hubo una discusión sobre el propio plazo para plantearla: Calama consideró inicialmente que se había presentado fuera de tiempo, aunque después rectificó parcialmente al comprobar que la defensa había tenido acceso a determinada documentación más tarde de lo que se había contabilizado. Ese cambio permitió estudiar parte de las reclamaciones de Zapatero, pero no alteró el desenlace de fondo. El magistrado descartó que las actuaciones cuestionadas hubieran vulnerado los derechos fundamentales del expresidente.

La defensa también trató de limitar la intervención de las acusaciones populares en el procedimiento. Tampoco consiguió que prosperara esa pretensión, a la que se opuso la Fiscalía Anticorrupción.

No todas las decisiones adoptadas durante estos primeros meses han sido, sin embargo, desfavorables para Zapatero. El juez rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y una de las acusaciones populares, que reclamaban retirarle el pasaporte, prohibirle salir de España y obligarle a comparecer periódicamente ante el juzgado. Calama también acordó medidas dirigidas a evitar nuevas filtraciones de las actuaciones.

El frente económico se amplía a Hacienda y Bolivia

Con la nulidad de la causa descartada, la defensa dirigió buena parte de sus esfuerzos hacia el perímetro de la investigación y, en particular, hacia las actuaciones que podían ampliar el foco sobre la situación económica de Zapatero y su entorno.

Hacienda comunicó al juez la apertura de actuaciones de comprobación e investigación sobre el expresidente, su esposa, Sonsoles Espinosa, sus hijas, el empresario Julio Martínez y varias sociedades relacionadas con ellos. La defensa pidió que esas actuaciones tributarias quedaran en suspenso mientras avanzaba la causa penal. Su argumento era que la Agencia Tributaria estaba examinando hechos coincidentes con los que investigaba Calama en la Audiencia Nacional y que mantener abiertas ambas vías podía generar una duplicidad de actuaciones. El juez rechazó la petición y permitió que Hacienda continuara con sus comprobaciones, en línea con el criterio defendido por Anticorrupción.

Tampoco ha conseguido la defensa sacar del procedimiento las pesquisas de la UDEF sobre los negocios de Zapatero en Bolivia. Los investigadores incorporaron un informe en el que apuntan a un supuesto pago de 200.000 euros relacionado con una intermediación para un grupo empresarial peruano. El dinero habría sido canalizado a través de la sociedad Focus Social Research bajo la apariencia de servicios de consultoría.

Moreno Catena recurrió la incorporación de ese informe al considerar que esas pesquisas se alejaban del objeto original de la causa y podían convertir la investigación en una búsqueda general sobre las actividades profesionales del expresidente. El juez, sin embargo, mantuvo el informe dentro del procedimiento.

Este frente no está completamente cerrado. La defensa ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión de mantener esas pesquisas, por lo que será la instancia superior la que tenga que pronunciarse.

Y entonces aparecieron las joyas

El registro del despacho de Zapatero en mayo abrió un frente que la defensa probablemente no esperaba encontrar en el origen de la investigación: una caja fuerte con joyas cuyo valor de reposición fue situado inicialmente en 1,32 millones de euros por Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español.

El hallazgo llevó al juez Calama a abrir una pieza separada para investigar un posible delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando. Zapatero terminó explicando que las piezas eran un regalo personal que le había hecho el entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz al Saud, durante una visita oficial a España en 2007.

Su defensa ha intentado acreditar esa versión por distintas vías. Una de ellas consiste en pedir a España que solicite información a Arabia Saudí mediante una comisión rogatoria. El juez trasladó esta petición a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronunciara sobre la diligencia, que continúa pendiente.

La segunda batalla se ha librado alrededor de la nueva tasación de las joyas. Calama decidió encargar una valoración a Joyería Yanes después de la primera realizada por Ansorena. La defensa pidió apartar a la firma porque su director general, Juan Yanes, había hablado públicamente de las piezas y había apuntado a un valor de varios millones de euros.

El juez rechazó la recusación. La defensa recurrió y ha vuelto a intentar frenar la intervención de Yanes, esta vez solicitando que un perito designado por Zapatero pudiera estar presente durante la tasación. Calama también ha rechazado esta petición y ha señalado que la defensa podrá presentar posteriormente una contrapericia o un informe elaborado por un experto de su elección.

El abogado del expresidente ha recurrido de nuevo esta decisión ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El recurso se suma al que mantiene abierto sobre el informe de la UDEF relativo a sus negocios en Bolivia y a la petición pendiente de respuesta sobre la eventual comisión rogatoria a Arabia Saudí.