El desahucio de Maricarmen Abascal, la vecina de 87 años que vivió durante siete décadas en la misma casa en el distrito madrileño de Retiro con un contrato de renta antigua, ha despertado la indignación de buena parte de la sociedad en España. Su caso evidencia por qué el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema para la población, en un mercado marcado por una subida de precios que no frena y una oferta que cada vez está más concentrada en manos de entidades bancarias y fondos de inversión.
Los colectivos que defienden el derecho a la vivienda confían en que la “conmoción social” provocada por este caso marque “un punto de inflexión”. Reclaman que el Gobierno no se limite a “poner parches” mediante medidas puntuales, como el decreto ley de vivienda que prevé aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros, y que busca frenar los desahucios de personas vulnerables y regular el alquiler por habitaciones, entre otros aspectos. Las organizaciones exigen, además, un sistema que “garantice el acceso a la vivienda como un derecho humano”.
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La socióloga Laura Barrio afirma que el actual mercado inmobiliario “supone una amenaza para la vida cotidiana”, pues, a su juicio, la inestabilidad residencial debilita los vínculos personales y obliga a asumir desplazamientos de varias horas diarias para llegar al trabajo. “Este mercado nos está quitando la vida, o bien de golpe o apagándonos poco a poco. Porque en el momento en que tienes que estar rediseñando tu vida cada cinco años y cambiando de lugar, pierdes amigos y contactos, al igual que pierdes horas de tu vida cada día para ir a trabajar porque has tenido que cambiar de barrio, y vas sumando ese cansancio”, dice a Infobae esta destacada activista por el derecho a la vivienda.
Los impagos del alquiler, la gentrificación, la dificultad de los jóvenes para independizarse y el encarecimiento de las rentas “no son un problema en sí mismos”, sostiene Barrio, sino una consecuencia de “un modelo político neoliberal que, en lugar de redistribuir la riqueza para garantizar unos mínimos y reducir la desigualdad, hace que las rentas del trabajo terminen en manos de los rentistas”, sostiene. Según la socióloga, tanto la legislación como el modelo político y el mercado de la vivienda favorecen esta dinámica desde hace dos décadas, y asegura que los colectivos por el derecho a la vivienda llevan años alertando sobre sus consecuencias.
El impacto de un desalojo
Barrio también afirma que desahucios como el que ha sufrido Maricarmen “pueden desencadenar un impacto psicológico comparable al de una catástrofe”, pues la amenaza de no poder pagar el alquiler, la incertidumbre ante los contratos precarios y el propio desalojo transforman el hogar que debería ofrecer protección y estabilidad en una fuente permanente de angustia. Insomnio, depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y adicciones figuran entre las consecuencias más frecuentes de esa inseguridad sostenida.
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El daño también alcanza a los vínculos sociales. La precariedad económica reduce las posibilidades de ocio y de relación con otras personas, mientras la vergüenza lleva a muchos afectados a ocultar su situación. Ese aislamiento agrava el malestar y puede elevar el riesgo de conductas extremas. Por eso, los especialistas subrayan la necesidad de que las personas amenazadas por un desahucio encuentren redes de apoyo y espacios donde puedan hablar de lo que les ocurre.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, la pérdida o la amenaza de perder la casa puede comprometer necesidades básicas y afectar a su desarrollo. Algunos menores sufren estigmatización en la escuela o interpretan el desalojo como una culpa de sus padres, por lo que también es importante explicarles la situación de acuerdo con su edad y acompañarlos durante el proceso para reducir el impacto emocional.
Más de 4.000 desahucios en el primer trimestre de 2026
En 2025 se registraron en España 25.540 desahucios, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De ellos, 18.317 derivaron de procedimientos por impago de alquiler, 4.346 de ejecuciones hipotecarias y 1.877 de otras causas. La cifra fue un 11% inferior a la de 2024.
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De acuerdo con los datos del CGPJ, en el primer trimestre de este año se ejecutaron 4.005 lanzamientos, un 45% menos respecto al mismo periodo de 2025. Pese a esa bajada, las organizaciones sociales advierten de que las estadísticas no reflejan todas las pérdidas de vivienda, pues también se producen los llamados “desahucios invisibles”: casos en los que el propietario eleva el alquiler al término del contrato, no lo renueva o exige unas condiciones que el inquilino no puede asumir, de forma que termina marchándose.
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