Los discursos antiinmigración van ganando espacio tanto en España como en Europa, donde a los partidos de derecha y extrema derecha les resulta especialmente rentable utilizar narrativas que criminalizan a los extranjeros y les presentan como una amenaza colectiva para la seguridad, el trabajo, los servicios públicos o la identidad nacional, un enfoque con el que han aumentado su peso político y electoral. Se trata de un marco que desplaza el debate desde las políticas de integración, asilo o empleo hacia respuestas centradas en el control, la restricción y la expulsión de las personas migrantes. A ello se suma la desinformación y los bulos que circulan en redes sociales contra este colectivo, lo que refuerza prejuicios y contribuye al aumento de los discursos de odio, el racismo y la xenofobia.
El reciente sondeo de 40dB para El País y la Cadena SER refleja parte de ese clima de opinión y cómo calan ciertos mensajes en la sociedad tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos a finales de julio, ya que recoge visiones negativas sobre la inmigración y un respaldo relevante a medidas más duras. La primera encuesta de este nuevo curso político, elaborada a partir de 2.000 entrevistas que se realizaron antes de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso y de la polémica generada por los informes policiales sobre lo sucedido en Ceuta, muestra un ascenso de PP y Vox, que por primera vez superan la barrera del 50% en estimación de voto (50,2%), por encima de la mayoría absoluta. Uno de los datos más llamativos del barómetro es que Vox aparece como el partido que los ciudadanos consideran “más capaz” para gestionar la inmigración, con el 27% de las menciones, por delante del PSOE (18,5%) y el PP (14%).
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Pero no solo se trata de que PP y Vox busquen capitalizar la indignación generada con la crisis de Ceuta, sino que los discursos antiinmigración tienen consecuencias, tanto para la propia población migrante como para la convivencia, según advierten los expertos consultados por Infobae.
“Cuando se presenta a la inmigración como una amenaza, se genera miedo, se estigmatiza a comunidades enteras y se deteriora la convivencia. De una emergencia se pasa a una amenaza y, de ahí, a deshumanizar a un colectivo”, indica Anna López, investigadora especializada en desinformación y extrema derecha. Además, añade, estos discursos no solo hablan de inmigración, sino que “cambian la forma en que miramos al otro y se normalizan los mensajes racistas, la exclusión y las políticas que puedan llevar a cabo gobiernos de PP y Vox”. “Se rompe, en definitiva, la cohesión social”.
De hecho, la entrada masiva de migrantes a Ceuta ha desencadenado un fuerte repunte de mensajes de odio en redes sociales: el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) detectó 9.590 mensajes discriminatorios los días 30 y 31 de julio, un aumento que elevó el total mensual a 57.406 contenidos, frente a los 40.800 de junio.
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Convertir al migrante en el enemigo
López no tiene duda de que la derecha y la extrema derecha utilizarán las imágenes de la crisis de Ceuta para reforzar su discurso político durante su campaña electoral, pero el mayor riesgo, insiste, es que “un problema excepcional y complejo como este convierta al migrante en un culpable fácil, en el enemigo, en esa dicotomía de un nosotros frente a ellos, cuando a ellos se les considera una fuente de inseguridad y de competición por los recursos”. Y desde la entrada masiva desde Marruecos, el peligro es aún mayor, asegura.
La experta también advierte que la violencia constituye la expresión más extrema del discurso de odio, como ya ocurrió el verano pasado en Torre Pacheco, Murcia, donde se desató una oleada de disturbios racistas tras la agresión que sufrió un hombre de 68 años en la localidad, y alerta sobre la escalada de tensión en Ceuta, marcada por la desesperación y altercados entre los propios migrantes, el malestar de los vecinos y el hostigamiento a periodistas, lo que puede profundizar la fractura social.
Los derechos “no son para una minoría”
Desde la Fundación porCausa explican que los discursos antiinmigración distorsionan la percepción de la realidad de buena parte de la población, ya que, en vez de preocuparse por los problemas que realmente les condicionan, como el acceso a la vivienda, las listas de espera en la sanidad o la vuelta al colegio, las narrativas impulsadas por la derecha y extrema derecha “hacen que la inmigración se convierta en la principal preocupación de la sociedad”.
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“Lo que generan esos discursos antiinmigración son distorsiones narrativas extremas, que es lo que está pasando ahora con Ceuta. Que un menor llegue a la ciudad autónoma y viva en condiciones de extrema vulnerabilidad, sin que su situación se resuelva, debería provocarnos una profunda tristeza. Ese niño no tiene relación con el hecho de que los alquileres aumenten mes a mes, no existe una relación causal entre ese malestar y lo que nos están contando”, señala Lucila Rodríguez-Alarcón, directora general de porCausa. “El problema aparece cuando te dicen que estás mal por culpa de un extraño y que vas a estar bien si lo atacas, porque se abre un espacio muy peligroso en el que ese extraño puede ser cualquiera”, añade.
La experta considera que el PP recurre a mensajes simplificadores sobre inmigración para disputar espacio electoral con Vox, una estrategia que aprovecha la vulnerabilidad y el malestar de una parte de la población, “al presentar soluciones simples a problemas complejos”.
Rodríguez-Alarcón defiende que los derechos deben garantizarse para el conjunto de la población, “no para una minoría”, y subraya la necesidad de respetar la legislación vigente en relación con las personas migrantes que intentan llegar a España. En el caso de los menores migrantes, recuerda que la normativa española y europea, así como los estándares internacionales, sitúan el interés superior del menor como una consideración primordial en toda decisión que les afecte. Esto implica que deben ser escuchados y que cualquier eventual retorno a su país de origen debe valorar sus circunstancias individuales y garantizar sus derechos.
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También cuestiona que el endurecimiento de las políticas migratorias resuelva los problemas sociales o económicos y menciona el caso de Italia, donde el Gobierno de Giorgia Meloni no ha logrado frenar la falta de mano de obra pese a haber abierto cupos para contratar a trabajadores extracomunitarios en sectores como la agricultura y la hostelería. “Puedes presentar esas medidas como un éxito, pero el problema sigue ahí”, resume.
Por su parte, Amnistía Internacional también advierte que los discursos antiinmigración suponen una amenaza para los derechos humanos, al convertir a las personas migrantes en chivos expiatorios de problemas sociales complejos. Según la organización, estas narrativas se apoyan en bulos y desinformación y se intensifican cuando la derecha y la ultraderecha buscan obtener rédito político.
“Cuando se pierde el enfoque de universalidad de los derechos humanos, perdemos todos, porque si hay un discurso de que yo sí tengo derechos y el otro no y me lo señalan como el culpable, llegará un momento en que tal vez también a ti te nieguen esos derechos y te encuentres con tratos inhumanos, crueles y degradantes como los que provoca esta política de fronteras”, señala a este periódico Carlos Escaño, portavoz de Amnistía Internacional España.
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El silencio deja espacio a la extrema derecha
Para tratar de evitar que esos mensajes antiinmigración sigan calando en la sociedad, defiende Anna López, es fundamental que tanto el Ejecutivo central como los gobiernos autonómicos “reconozcan los problemas reales, ofrezcan datos transparentes y apliquen políticas de integración basadas en la ley y los derechos humanos”, pues el silencio, advierte, deja espacio a la extrema derecha para imponer relatos de miedo y desinformación.
“Si la ultraderecha consigue que cada inmigrante sea percibido como una amenaza, ya ha ganado una parte de la batalla. Por eso hay que explicar qué hay detrás de los fenómenos migratorios, hay que exigir responsabilidades a las instituciones y, sobre todo, evitar que la respuesta política sea amplificar sus marcos. La mejor vacuna contra el discurso de odio es una democracia que gestione los problemas y que no renuncie a defender la igualdad y la dignidad de las personas”, concluye.
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