Edmundo Bal, el exdirigente de Ciudadanos que defenderá al DAO en el ‘caso Leire Díez’: sentó a Messi en el banquillo y fue apartado del ‘procés’

El nombre de Edmundo Bal vuelve a cruzarse con una de las causas judiciales de mayor impacto político del momento. La Abogacía General del Estado ha encomendado al abogado la defensa del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, investigado en el denominado ‘caso Leire’, una decisión que devuelve al primer plano a quien durante años fue uno de los juristas de referencia del Estado antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos de Ciudadanos.

Será Bal quien represente a Llamas cuando comparezca como investigado ante la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia. La causa analiza si las informaciones reservadas abiertas contra varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), encargados de investigaciones que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, respondían a una verdadera finalidad disciplinaria o si, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, fueron utilizadas como un mecanismo de presión sobre los investigadores. A diferencia del DAO, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, también investigada en el procedimiento, ha optado por una defensa privada.

Para Bal, el encargo supone un regreso a un terreno que conoce bien. Antes de entrar en política ya había construido una sólida carrera en el departamento penal de la Abogacía del Estado, donde participó en algunos de los procedimientos más complejos y mediáticos de las últimas décadas. Su nombre, sin embargo, trascendió definitivamente los círculos jurídicos en 2018, cuando el juicio del ‘procés’ cambió por completo el rumbo de su trayectoria.

Del departamento penal al Congreso

Nacido en Huelva el 2 de julio de 1967, aunque criado prácticamente desde niño en Madrid, Bal siempre ha vinculado su vocación por el servicio público a su entorno familiar. Su padre era funcionario del Ministerio de Hacienda y su madre, ama de casa. En más de una ocasión ha resumido esa influencia asegurando que del primero heredó “la racionalidad” y de la segunda “la pasión”.

Estudió en los colegios Agustinianos de Moratalaz y Nuestra Señora del Buen Consejo antes de licenciarse en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Durante la carrera conoció a la que después sería su mujer y, al terminar los estudios, tuvo claro que quería ingresar en el Cuerpo de Abogados del Estado. Aprobó la oposición en poco más de dos años, un plazo especialmente breve para una de las pruebas más exigentes de la Administración, y en mayo de 1993, con apenas 25 años, tomó posesión de su primera plaza en Huesca. Más tarde pasó por Zaragoza y terminó recalando en Madrid, donde desarrolló casi toda su carrera profesional.

Salvo un breve paréntesis en el sector privado —una experiencia que él mismo ha reconocido que no terminó de convencerle—, toda su vida profesional transcurrió en la Abogacía del Estado. Allí fue especializándose en el ámbito penal hasta intervenir en algunos de los asuntos judiciales más relevantes de los últimos años, desde la trama Gürtel hasta las investigaciones sobre la familia Pujol, el caso Unió o la denominada lista Falciani. También participó en los procedimientos por fraude fiscal contra algunos de los futbolistas más conocidos del panorama internacional, entre ellos Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Luka Modric, Ángel Di María o Xabi Alonso.

Su perfil era entonces el de un técnico. Conocido en el ámbito jurídico, pero prácticamente anónimo para el gran público. Todo cambió con el ‘procés’. Como responsable del departamento penal de la Abogacía del Estado discrepó del criterio que finalmente adoptó la institución respecto al escrito de acusación contra los dirigentes independentistas. Bal defendía mantener el delito de rebelión, mientras que la Abogacía del Estado optó por acusar por sedición y malversación. Su negativa a firmar el escrito terminó con su relevo del procedimiento por decisión de la entonces abogada general del Estado, Consuelo Castro.

Aquella salida marcó un antes y un después. En cuestión de semanas pasó de protagonizar un enfrentamiento interno dentro de la Abogacía del Estado a recibir la llamada de Albert Rivera para incorporarse a las listas de Ciudadanos en las elecciones generales de 2019. El propio Edmundo Bal ha contado que acudió a aquella reunión convencido de que el líder del partido buscaba únicamente asesoramiento jurídico y que nunca imaginó que acabaría ofreciéndole un escaño en el Congreso.

Regreso al origen

Su desembarco en política fue tan rápido como intenso. En pocos meses dejó atrás el perfil de alto funcionario para convertirse en uno de los dirigentes con mayor visibilidad de Ciudadanos. Fue diputado, portavoz adjunto del grupo parlamentario y, posteriormente, portavoz nacional de la formación. En 2021 encabezó además la candidatura del partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, aunque el resultado electoral dejó a Ciudadanos fuera de la Asamblea y confirmó el acelerado declive de la formación.

La desaparición del partido de las principales instituciones supuso también el final de su etapa política. Tras perder el escaño en las elecciones generales de 2023 abandonó Ciudadanos —ha asegurado públicamente que fue apartado por la dirección encabezada entonces por Adrián Vázquez— y regresó a la Abogacía del Estado.

Su reincorporación no fue directamente al departamento penal. Durante algo más de un año trabajó en la sección social, ocupándose principalmente de asuntos de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Solo el pasado enero volvió a la jurisdicción penal, el ámbito en el que había desarrollado la mayor parte de su carrera antes de entrar en política.

Ese regreso coincide ahora con otro procedimiento de enorme trascendencia institucional. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si Manuel Llamas y Mercedes González utilizaron la potestad disciplinaria de la Guardia Civil para abrir varias informaciones reservadas contra agentes de la UCO que investigaban causas sensibles para el PSOE y el entorno familiar del presidente del Gobierno. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que esas actuaciones pudieron convertirse en un instrumento de intimidación institucional dirigido a condicionar la labor de los investigadores.

En ese contexto, la Abogacía General del Estado ha confiado la defensa del DAO a un abogado acostumbrado a desenvolverse en asuntos de alta complejidad jurídica y fuerte repercusión política. Ocho años después de abandonar el departamento penal por el choque que provocó el juicio del ‘procés’, Edmundo Bal vuelve a situarse en el centro de otro de los procedimientos con mayor impacto institucional del país, esta vez recuperando el papel con el que construyó su carrera mucho antes de que la política lo convirtiera en un personaje conocido para el gran público.