El abandono del medio rural y el avance de la crisis climática, que se traduce en menos lluvias y temperaturas más altas, han creado un escenario cada vez más favorable para los incendios forestales en España. La magnitud y la intensidad de estos episodios no han dejado de crecer, impulsadas también por la limitada inversión en prevención y la ausencia de una gestión forestal eficaz. La situación alcanzó un punto crítico en 2025, cuando el país vivió la peor temporada de incendios del siglo al quedar arrasadas más de 350.000 hectáreas, un dato que evidenció hasta qué punto se ha agravado el problema.
Organizaciones como Greenpeace y WWF señalan que la falta de coordinación entre instituciones y las contradicciones en sus mensajes también agravaron la gestión de los incendios en 2025. Según indican, esa desorganización dificultó el análisis del problema y desvió la atención pública y política de las causas reales y de las posibles soluciones. Esta misma visión la comparte el ingeniero Víctor Resco, profesor de ingeniería forestal en la Universidad de Lleida, que considera que el principal obstáculo en la lucha contra los incendios reside en la “inacción de los responsables políticos”.
“Los políticos ya saben qué hacer, porque ya tenemos el diagnóstico y sabemos lo que implica el cambio climático y el abandono rural. También sabemos que por cada euro que se invierte en prevención, nos ahorramos cuatro en las pérdidas derivadas de los incendios, pero, aún así, los políticos no hacen lo que tienen que hacer”, dice Riesco a Infobae. “Lo que agrava los incendios es la bronca política, la ineptitud política”, añade.
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Casi 38.000 hectáreas quemadas en menos de medio año
Las consecuencias, además, de los siniestros en 2025 fueron dramáticas: 8 fallecidos, más de 42.000 evacuaciones, daños en infraestructuras, pérdidas económicas de hasta 6.700 millones de euros y un grave impacto sobre la biodiversidad. Por el momento, en 2026 la situación también es preocupante: entre enero y mediados de junio, la superficie afectada por el fuego casi se ha triplicado respecto al mismo periodo del año anterior, con cerca de 38.000 hectáreas quemadas en lo que va de año.
Para tratar de hacer frente al problema, organizaciones ambientales proponen alcanzar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática, con financiación estable y participación de la sociedad y la comunidad científica, que incluya una estrategia integral de prevención basada en educación ambiental, vigilancia, campañas informativas, diálogo con el entorno rural e investigación de las causas de los incendios.
También reclaman restaurar los ecosistemas afectados en los incendios del año pasado, suspender temporalmente la caza en zonas incendiadas y reforzar la cooperación internacional con Portugal. Además, proponen endurecer sanciones por negligencias y delitos relacionados con el fuego, fortalecer la investigación penal y dar mayor protagonismo al mundo rural mediante la participación local y el uso de prácticas sostenibles.
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