Una de las grandes fortunas de España quiere construir junto a la ‘prisión de los políticos’ en Soto del Real una planta fotovoltaica con 117.000 paneles

El Gobierno de España aprobó en diciembre de 2024 la autorización administrativa de construcción para que la empresa GR Mandarín Renovables SL ponga en marcha en el municipio madrileño de Soto del Real una gran instalación fotovoltaica que, en principio, contaría con 117.264 paneles, justo en dos parcelas situadas junto al Centro Penitenciario Madrid V, famosa por acoger a muchos de los políticos y empresarios que son encarcelados por sus ‘pecados’ judiciales relacionados con la corrupción. Por sus celdas han pasado figuras tan notables como Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, Jordi Pujol Ferrusola, Francisco Granados, Paco Correa, Santos Cerdán... ahora están allí, por ejemplo, el ex ministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García.

GR Mandarín, por su parte, pertenece a Grenergy Renovables, una empresa española de energías renovables que cotiza en Bolsa cuyo accionista mayoritario es David Ruiz de Andrés, que el último listado de la revista Forbes le colocó entre los 100 españoles más ricos, concretamente en el puesto 53 con una fortuna que supera los 400 millones de euros. La compañía, de momento, guarda silencio absoluto contra un proyecto que aunque ya tiene el aval del ministerio de Transición Ecológica y de la Comunidad de Madrid, no ha gustado nada al ayuntamiento más afectado, el de Soto del Real, donde se colocarán las placas.

Su alcaldesa, la socialista Noelia Barrado, explica a Infobae que su Ayuntamiento presentó alegaciones en su día porque “este proyecto genera de manera directa un gran impacto visual sobre el territorio”, y en particular sobre áreas de protección del entorno como son el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y la reserva de la Biosfera de las cuencas altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama. El problema es que la planta cuenta con declaración favorable de impacto ambiental por parte de la Comunidad de Madrid. Los Ayuntamientos de Colmenar Viejo y Tres Cantos, de otro signo político (del PP), también presetaron alegaciones porque por su terminos municipales pasarían las infraestructuras de evacuación asociadas, los 21 kilómetros de líneas subterráneas de media tensión para extraer la energía que se produzca en la planta.

El de Colmenar, por ejemplo, argumentó que una de esas líneas de evacuación atraviesa la finca municipal Dehesa de Navalvillar en lugar de proyectarse por vías pecuarias. Se trata de una paraje de alto valor medio ambiental, ganadero y sociocultural, y que la construcción de esta línea provocaría destrozos en el pastizal, en el monte preservado, en los manantiales, en el ganado, en las especies protegidas existentes en la finca y en los yacimientos arqueológicos de la zona. GR Mandarín, en su proyecto, anuncia que la planta contaría con 152.656 paneles fotovoltaicos de 655 vatio-pico (la potencia máxima de un panel), que suman una potencia total de 99,99 MWp y de 61 inversores Ingeteam (que almacenarían la energía producida). Al final, la empresa ha decidido reducir la extensión de la planta de 108 a 77 hectáreas, reduciendo así su potencia desde los 99,99 MWp iniciales a 80 MW. Los paneles defintivos serían 117.264, y los inversores, finalmente solo 41.

Sin noticias en los municipios

El Consistorio de Tres Cantos también presentó sus alegaciones. En este caso por un tema administrativo. El Ayuntamiento de esta localidad ha alegado que no puede conceder la autorización administrativa de construcción en lo que respecta a que esta futura instalación porque ocupa bienes de dominio público y el promotor debe obtener antes la Declaración de Utilidad Pública sobre todas las infraestructuras que afectan a su término municipal y requieran de la constitución de una servidumbre sobre este tipo de espacios. “Así se lo trasladamos. No hemos vuelto a tener noticia”, explica un portavoz de Tres Cantos. “Nosotros no hemos vuelto a saber nada de ellos”, señala la regidora de Soto. “Aunque tengan la autorización del ministerio, deben solictarnos a nosotros licencias de obras, y no han tramitado nada”, concluye Noelia Barrado.

Este diario ha intentado, sin éxito, hablar con algún portavoz de Grenergy para conocer la fase del proyecto. Hay que tener en cuenta que esta nueva planta en Soto se encuadra dentro de un conjunto de nueve proyectos fotovoltaicos (en Madrid y Castilla-La Mancha) que unirían sus infraestructuras de conexión en una estación receptora que hay en Tres Cantos. Es un proyecto complejo, señalan fuentes del sector, en el que han tenido, por ejemplo, que hacer alegaciones e informes la Confederación Hidrográfica del Tajo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta Velocidad (Adif-AV), el Canal de Isabel II, Madrileña Red de Gas, Red Eléctrica de España y Telefónica. “Aunque hayan obtenido la autorización administrativa de construcción, ahora necesitan los permisos municipales para construir y luego la autorización administrativa de explotación por parte del ministerio”, señalan las mismas fuentes.

La Comunidad de Madrid ya diseñó en 2023 una Estrategia de Energía, Clima y Aire que durará hasta 2030, año en el que está previsto que el 84% de la generación eléctrica sea de origen renovable. Esa estrategia incluye la puesta en marcha de un nuevo Plan de Protección del Paisaje donde se limitará a un 4% la superficie en la que se permite colocar instalaciones fotovoltaicas. El objetivo es proteger zonas agrícolas donde se localicen árboles centenarios y plantaciones vinícolas. El suelo en Soto tiene todos los permisos del Gobierno regional. Lo cierto es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acaba de echar una mano a todos estos proyectos en desarrollo, aprobando el pasado 20 de marzo un plan, en forma de Real Decreto, para dar respuesta a la crisis política y bélica de Oriente Medio. Las futuras plantas fotovoltaicas, como la que se quiere construir en Soto, tienen ahora hasta 2023 para finalizar sus proyectos (antes el plazo era hasta 2028).