Protestar en España: aumenta la represión, las multas, las detenciones y el uso de la fuerza policial

Las vulneraciones al derecho a la protesta en España alcanzaron cifras récord en 2025: la plataforma Defender a Quien Defiende documentó 380 casos, con casi 2.000 incidentes y más de 1.700 personas afectadas, cifras que superan ampliamente las registradas en 2024 y que duplican las de 2023. Aunque el aumento se atribuye en parte a una mejor capacidad de monitoreo, colectivos y movimientos sociales perciben una represión más intensa, marcada por un crecimiento de intervenciones graves como agresiones físicas, daños morales y detenciones, que ya concentran más de un tercio de las vulneraciones, por encima de las sanciones administrativas que predominaban el año anterior.

Esa represión a la protesta se muestra, principalmente, a través de dos mecanismos que actúan de forma complementaria. Por un lado, la vía penal, con investigaciones, imputaciones y procesos judiciales que generan desgaste y criminalización incluso antes de una condena. Por otro, la vía administrativa, que multiplica sanciones, controles y restricciones, haciendo costoso y riesgoso manifestarse.

“Ambas vías conforman un mismo paisaje: la reducción del espacio de la sociedad civil que provoca un efecto desaliento que busca desmovilizar, paralizar y reducir la protesta a través del miedo y la criminalización”, sostiene el informe, titulado 2025 Diagnóstico del derecho a la protesta. Vulneraciones de derechos en el Estado español. Pero a pesar de que la represión busca desmotivar la participación social, en ocasiones produce el efecto contrario, sostiene el informe, de forma que “puede fortalecer la cohesión y la determinación colectiva, sobre todo cuando la sociedad la percibe como injusta o desproporcionada”.

Cataluña y Madrid concentran la mayor parte de los casos, aunque las redes de vigilancia y represión se han expandido a otras regiones.

Principales ámbitos de movilización

El análisis muestra que, en 2025, casi el 60% de las intervenciones represivas se concentraron en tres ámbitos principales: Solidaridad con Palestina, con 90 casos que abarcaron desde detenciones hasta sanciones administrativas y judiciales; Vivienda y okupación, con 67 casos relacionados con desahucios, detenciones y acoso a activistas; y Antifascismo, que sumó 61 casos incluyendo agresiones, amenazas y ataques a la libertad de expresión y la organización social. A diferencia de 2024, cuando la represión estaba más dispersa, en 2025 se focalizó en conflictos ligados a los principales debates políticos y sociales del momento.

Otros ámbitos relevantes fueron la libertad de expresión (7,3%), el independentismo catalán (4,2%), el sindicalismo y las fiestas populares (3-4% cada uno). El ecologismo, que lideraba en 2023, registró una fuerte caída en 2025, atribuida al efecto disuasorio de la represión previa.

La categoría “Otros” (8,9%) abarca protestas estudiantiles, feministas, de salud, turismo, hinchadas deportivas y movimientos como el antimilitarismo y el antirracismo.

Responsables de las vulneraciones

Según recoge el estudio de Defender a Quien Defiende en colaboración con Civius, más de la mitad de las vulneraciones al derecho a la protesta en 2025 fueron responsabilidad de cuerpos policiales (54,5%), siendo los Mossos d’Esquadra (25,8%) y la Policía Nacional (22,6%) los más señalados. Persisten prácticas como la falta de identificación en agentes y la presencia de efectivos no uniformados, lo que dificulta la rendición de cuentas y favorece la impunidad ante el uso excesivo de la fuerza.

El informe también destaca la creciente normalización de dispositivos policiales masivos en espacios públicos, incluso fuera de contextos de protesta. Este despliegue intensivo refuerza la vigilancia sobre actividades sociales y culturales, ampliando el control policial y generando un efecto disuasorio sobre el ejercicio de derechos fundamentales.

Además, durante 2025 se destaparon tres nuevos casos de infiltración policial prolongada en movimientos sociales, que se suman a los nueve casos descubiertos desde 2022.

Modelos de represión

Se identifican varios modelos de represión: el policial-coercitivo, caracterizado por el uso intensivo de la fuerza, el control preventivo y operativos masivos en protestas políticas o simbólicas; la judicialización, mediante macrocausas, sanciones prolongadas y la imputación de delitos graves como “organización criminal”; la burorrepresión, basada en trabas administrativas y sanciones económicas, principalmente aplicadas a través de la Ley Mordaza, para desalentar la protesta; y las dinámicas híbridas, que combinan la actuación de fuerzas policiales con agentes privados, como empresas de desalojo, ampliando la persecución a la participación pública.

Las principales herramientas de represión incluyen la Ley Mordaza, que tras una década sigue vigente y centraliza el control administrativo de la protesta, y el aumento del uso de armas “menos letales” y la violencia policial, con un récord de personas heridas y falta de identificación de agentes. El informe también destaca la expansión de tecnologías de vigilancia como cámaras, algoritmos y espionaje sin regulación, lo que pone en riesgo la privacidad y el espacio cívico.

Recomendaciones para proteger el espacio cívico

El informe también advierte que España ha recibido advertencias de la ONU y otros organismos internacionales por el uso desproporcionado de la fuerza, la aplicación de la Ley Mordaza, la falta de rendición de cuentas policial y las operaciones de espionaje. Las recomendaciones internacionales subrayan la necesidad de revisar la legislación vigente y establecer mecanismos efectivos de denuncia, reparación y transparencia.

Para asegurar asegurar el respeto de los derechos humanos, prevenir la impunidad y proteger el espacio cívico, entre las principales recomendaciones del informe destacan la derogación y reforma de leyes que restringen derechos fundamentales, la erradicación del racismo institucional y policial, y la prohibición de prácticas como la perfilación racial. Además, se propone establecer límites claros al uso de tecnologías de espionaje, prohibir armas y dispositivos represivos lesivos, y garantizar la transparencia y el control independiente sobre la actuación policial.