El Gobierno de Ayuso abre ahora el trámite ambiental del proyecto estrella del municipio más ‘rico’ de Madrid al que se oponen 6.000 vecinos

“Bajo criterio del órgano sustantivo en la autorización del proyecto, la actuación proyectada se debería someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada”. La frase parece confusa pero resume todo un galimatías urbanístico: el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso dejando claro que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el municipio más ‘rico’ de Madrid (con la renta per cápita más alta por habitante), cree ahora que su proyecto estrella sí debería tener una evaluación de impacto ambiental. Un nuevo Palacio de Congresos, con recinto ferial, aparcamiento y un hotel de lujo de 150 habitaciones.

La propia presidenta autonómica, que amadrinó este proyecto en septiembre de 2024, aseguró que estamos ante una instalación “que va a formar parte de la historia de la Comunidad de Madrid”. Pero para que haga “historia”, la Consejería de Medio Ambiente asegura que debe cumplir la ‘Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental’ y el régimen en materia de evaluación ambiental contemplado en la disposición transitoria primera de la ‘Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas’. Es decir, “en función de dicha legislación, y bajo criterio del órgano sustantivo en la autorización del proyecto, la actuación proyectada se debería someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada”, señala el escrito que la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular ha enviado al Ayuntamiento de Pozuelo, del PP. Medio Ambiente deja en manos del Consistorio la posibilidad de solicitar esa evaluación, lo que ahora sí ha hecho el Gobierno local.

¿Por qué? “Nos reafirmamos en que no es necesaria una nueva evaluación ambiental para un proyecto enmarcado y previsto en un plan parcial ya evaluado favorablemente porque esos terrenos no tienen un valor medioambiental significativo”, señala un portavoz municipal a Infobae. “Una vez constatado que unos vecinos se empeñaban en judicializar este asunto, para adelantarnos a su coartada medioambiental y desmontarla ante el juez con más argumentos todavía, instamos a que se haga un nuevo informe, aunque insistamos en que no sería necesario. Es decir, ese informe se hace a instancias del propio Ayuntamiento para reforzar su posición ante la causa judicial que pretende abrir esta asociación”. Es decir, se solicita un informe como argumento para rebatir que no era necesario solicitarlo.

Los vecinos “que se empeñan” son los de la Asociación Pozcavir (Pozuelo por la Calidad de Vida y Contra el Ruido), que han conseguido reunir la nada desdeñanle cifra de más de 6.000 firmas (en una localidad de 89.500 habitantes) contra este proyecto. Su portavoz, Javier Cabo, asegura que el Consistorio liderado por Paloma Tejero ha podido “prevaricar” al aprobar el plan parcial de esta futura instalación sin este informe. “Da igual lo que diga la Comunidad de Madrid, hay una ley estatal que dice textualmente que en un proyecto de urbanización en el que se construyan aparcamientos, como es este, es obligatoria la evaluación de impacto ambiental”. Ecologistas en Acción también defiende que la evaluación de impacto ambiental es obligatoria, ya que desde en 2023 un real decreto modificó la ley de 2013 y todos los proyectos de urbanización, como el que es necesario antes de levantar este proyecto, se sujetan al correspondiente procedimiento de impacto ambiental.

Para afianzar más sus argumentos, los ecologistas señalan que el propio Ayuntamiento “justifica y motiva” en la documentación del proyecto presentado “la necesidad de efectuar evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de urbanización”. Por tanto, “la inexistencia de evaluación de impacto ambiental del proyecto de urbanización implica que todo lo aprobado después carezca de validez”.

¿Y qué se quiere construir tras la urbanización? Un Palacio de Congresos, un recinto ferial y un hotel de 150 habitaciones en unas parcelas que hay enfrente del Centro Comercial Zielo, justo limitando con la carretera M-503. Todos los suelos son 100% titularidad municipal. El Plan Parcial se aprobó en febrero de 2024, el Proyecto de Reparcelación en mayo de 2025, y el Proyecto de Urbanización en noviembre del año pasado. Todo ha sido diseñado por el arquitecto Alberto Martín Caballero, exmarido de Lydia Bosch. El Consistorio licitó el pasado 21 de diciembre el contrato para empezar las obras de urbanización del recinto ferial, valoradas en 15,5 millones de euros, y quiere explotar el Palacio en régimen de concesión durante 50 años.

El Ayuntamiento preguntó

El Ayuntamiento señala que en mayo de 2025 preguntó a la Consejería si hacía falta esa evaluación ambiental. “Nos dijo que no hacía falta. Así lo dijimos entonces y así lo seguimos manteniendo. No obstante, ante el empeño de esa asociación de vecinos en judicializar y paralizar este proyecto con ese argumento, lo cual además afectaría a la organización de las fiestas patronales de septiembre, hemos instado a la Consejería a que, aunque sigamos sosteniendo que no hace falta, haga otra evaluación ambiental para dejarlo más claro todavía y que el juez tenga más informes de las necesarios antes de decidir sobre la admisión a trámite del recurso [presentado por los vecinos] y, en ese caso, sobre la paralización cautelar del proyecto", explica el mismo portavoz municipal.

La respuesta de la Consejería llegó el pasado mes de enero. La Consejería deja claro que “para dar inicio al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, el titular deberá presentar ante el órgano sustantivo (Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón), junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada acompañada del documento ambiental con el contenido establecido en el artículo 45 de la ‘Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental’”. El Departamento de Evaluación Ambiental de la Consejería insiste en que “procede señalar que en tanto no se reciba, procedente del órgano sustantivo, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental junto con el documento ambiental no podrá iniciarse dicho procedimiento”.

La asociación vecinal explica que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pozuelo aprobó el proyecto de viabilidad para la construcción del palacio de congresos y hotel se hace el 25 de febrero, “cuando ya sabían que no podían hacer nada hasta que no hagan la evaluación de impacto ambiental. En este caso el promotor del proyecto es el Ayuntamiento, que se dice a sí mismo que no es necesario un informe de impacto ambiental cuando sí lo es. ¿Eso se llama prevaricación?“, se pregunta Javier Cabo. Los vecinos han contratado a los abogados que han conseguido que se dejen de hacer conciertos en el estadio Santiago Bernabéu. “Este proyecto destruye un entorno ecológico protegido, eliminando para siempre un espacio natural único. Además, un recinto ferial abierto, como el proyectado, generará inevitablemente ruidos constantes, masificación y molestias continuas para los vecinos colindantes, como cortes de tráfico recurrentes, problemas graves de movilidad, y botellones, vandalismo e inseguridad. Es un drama para los vecinos de la zona”, señalan.

Desde el Ayuntamiento insisten en que el órgano sustantivo no es la Consejería, sino el propio Consistorio, “por lo que no es que la Consejería nos diga ahora que sí hace falta un nuevo informe, cuando en octubre nos dijo que no, sino que es el Ayuntamiento el que insta a la Consejería a que haga ese nuevo informe para desmontar con más pruebas la coartada medioambiental de los recurrentes. Es decir, ese informe se hace a instancias del propio Ayuntamiento para reforzar su posición ante la causa judicial que pretende abrir esta asociación". Los vecinos discrepan en el fondo y en la forma.

“Nosotros peleamos porque el proyecto se tramite correctamente. La evaluación de impacto ambiental no solo mide medioambientalmente un área sino el impacto que tiene una construcción o nueva instalación alrededor, en concreto sobre nuestras viviendas, algo que no han hecho. De eso se trata. La ley es clara y tendrá que decidir un juez quien tiene razón”, concluye Cabo. Los vecinos han presentado un contencioso administrativo contra el proyecto de urbanización que contempla la construcción del Palacio, del recinto ferial, el hotel y el aparcamiento. Los vecinos ha solicitado medidas cautelares para que la primera fase del proyecto no se inicie, la del recinto ferial. El Ayuntamiento contrapone que informes de la Comunidad han dejado claro “literalmente que el proyecto no implica riesgos para la salud humana ni tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, la superficie del ámbito no está incluida en la Red Natura 2000 ni es monte preservado, y la superficie del planeamiento en cuestión no es terreno forestal”.