El Defensor del Pueblo recibió más de 38.000 quejas en 2025: la Administración de Justicia lidera la lista

El Defensor del Pueblo recibió 38.144 quejas en 2025. Los españoles han acudido a esta instancia más que el año anterior, cuando se registraron 30.287 denuncias. En este sentido, Ángel Gabilondo, que lidera la institución, ha alertado del aumento de quejas procedentes de familias vulnerables afectadas por desahucios judiciales y la falta de información clara respecto a las alternativas una vez ejecutada la medida. Durante el pasado año, el organismo gestionó 142 actuaciones en 2025 por quejas relacionadas con desahucios y carencia de alternativas habitacionales, frente a las 102 tramitadas en 2024 y las 60 en 2023. Ahora bien, este no es el ámbito que más quejas registra, aunque sí uno de los que más ha aumentado.

En cuanto a los temas que protagonizan las quejas, la Administración de Justicia (12,8%) siguió encabezando la lista, seguida de Seguridad Social y empleo (8,1%), migraciones y política social. Migraciones y extranjería, junto a sanidad, medio ambiente y vivienda, aparecen entre los principales focos de conflicto. Los expedientes relacionados con el medio ambiente y sanidad ampliaron su peso respecto al año previo, en línea con la tendencia de los últimos ejercicios.

Geográficamente, la Comunidad de Madrid encabezó la presentación de quejas con 24% del total, seguida de Andalucía y Cataluña. Sin embargo, el informe revela una explosión en casos presentados desde el extranjero: las quejas internacionales casi se duplicaron, pasando de 948 a 1.675, lideradas por Cuba y Estados Unidos, y un crecimiento notable de peticionarios de Marruecos, Brasil, México y Colombia. Además, en solicitudes de recurso constitucional, un dato sobresale: el 44% no tiene origen territorial claro, ya que fueron enviadas por correo electrónico sin geolocalización, lo que añade una nueva complejidad para trazar tendencias de conflictividad regional.

“Este informe no es aséptico”

Gabilondo ha señalado en la rueda de prensa posterior al encuentro con la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, que “este Informe no es aséptico”. En él, indica, “se refleja la realidad de la coyuntura actual, la difícil situación de quienes no encuentran respuestas, o no hallan vías, ni siquiera difíciles, para la defensa de sus derechos fundamentales, de sus derechos humanos”.

Como consecuencia de los expedientes tramitados, se formularon 2.059 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 721 fueron recomendaciones, 788 fueron sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales.

Además de los datos estadísticos, el Informe 2025 incorpora una selección de los asuntos destacados sobre los que ha trabajado la institución y que tienen que ver, entre otros, con la protección de los menores; con el apoyo a las personas mayores, bien sea con motivo de las dificultades que encuentran en el ejercicio de sus derechos en la justicia civil, o bien a propósito del acceso a la pensión de jubilación.

También incluye los problemas que se encuentran los solicitantes de protección internacional tras la reforma del Reglamento de Extranjería; el trato desigual que sigue sufriendo la comunidad gitana; cuestiones relacionadas con la valoración del grado de discapacidad, o por las dificultades de su acceso al empleo público; la trata de seres humanos con fines de explotación laboral; además de cuestiones relacionadas con la enseñanza, con el medio ambiente o con las devoluciones en el IRFP a mutualistas.