El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones autonómicas en Castilla y León celebradas este domingo con 33 procuradores, dos más que en los comicios de 2022. Y, como entonces, necesita a Vox para gobernar. El partido de Santiago Abascal ha obtenido 14 escaños, uno más que en la anterior legislatura, consolidando su papel como socio imprescindible para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. En términos generales, los resultados devuelven a la comunidad a un escenario político muy similar al de la legislatura anterior, en el que el PP se mantiene como primera fuerza pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario.
El resultado confirma, además, la continuidad de la larga hegemonía del Partido Popular en Castilla y León, una de las comunidades donde el partido ha mantenido un dominio más prolongado en España. El PP gobierna la Junta de forma ininterrumpida desde 1987, convirtiendo a la región en uno de sus bastiones electorales más estables. La única excepción parcial a esa tendencia se produjo en las elecciones de 2019, cuando el PSOE ganó los comicios con 35 procuradores, convirtiéndose en la fuerza más votada. Sin embargo, los socialistas no lograron formar gobierno, ya que el Partido Popular consiguió mantenerse en el poder mediante un acuerdo de coalición con Ciudadanos que permitió investir a Alfonso Fernández Mañueco como presidente.
Al PSOE se le daba por muerto
La jornada electoral también ha dejado un dato significativo en relación con el PSOE, que ha logrado 30 procuradores, dos más que en las elecciones anteriores. Aunque este resultado sigue siendo insuficiente para disputar el gobierno autonómico, supone una ligera mejora respecto a 2022 y contrasta con la evolución del partido en otras comunidades autónomas. En los últimos meses, el ciclo electoral había estado marcado por retrocesos socialistas en territorios como Extremadura y Aragón, donde candidaturas vinculadas directamente al Gobierno central, como la de la ministra Pilar Alegría en Aragón, no lograron frenar la caída del partido.
En Castilla y León, en cambio, el perfil del candidato socialista, Carlos Martínez, alcalde de Soria durante más de una década, parece haber funcionado mejor electoralmente. Su trayectoria municipal y una imagen más ligada a la política local que a la dirección federal del partido han sido valoradas positivamente por parte del electorado.
Frente a la estrategia de Ferraz de situar a ministros o perfiles muy vinculados a la dirección nacional, una fórmula que sí funcionó en Cataluña con Salvador Illa pero que no ha dado los mismos resultados en otros territorios, los perfiles con implantación municipal o trayectoria local parecen seguir teniendo un importante atractivo electoral. No es una lógica exclusiva del PSOE, ya que el propio Alfonso Fernández Mañueco construyó buena parte de su capital político como alcalde de Salamanca durante más de una década.
El avance socialista tampoco se ha visto acompañado por una mejora en el conjunto del bloque progresista. De hecho, uno de los rasgos más destacados de estas elecciones es la desaparición de las candidaturas situadas a la izquierda del PSOE. Ni la coalición formada por Izquierda Unida, Sumar y Equo ni la encabezada por Podemos y Alianza Verde han logrado representación en las Cortes autonómicas. Este resultado reduce la presencia parlamentaria de la izquierda en Castilla y León y limita todavía más las posibilidades de construir una mayoría alternativa al Partido Popular.
Tampoco ha conseguido mantener su presencia Ciudadanos, que desaparece tras perder el único procurador que conservaba desde la legislatura anterior y, con ello, pierde su última representación institucional en España, culminando el declive electoral del partido que llegó a ser decisivo en la política nacional durante la pasada década. El colapso del partido liberal en la comunidad confirma una tendencia ya observada en otros territorios y contribuye a consolidar un sistema político autonómico dominado fundamentalmente por tres fuerzas: PP, PSOE y Vox, junto a algunas formaciones de carácter territorial.
En ese ámbito territorial se mantiene la presencia de Unión del Pueblo Leonés, que mantiene sus tres procuradores, mientras que Por Ávila y Soria ¡Ya! logran uno cada uno. Estas formaciones continúan representando demandas vinculadas al desequilibrio territorial y al problema de la despoblación dentro de la comunidad. Sin embargo, su capacidad para influir en la formación del gobierno autonómico es limitada, ya que sus escaños no resultan suficientes para alterar el equilibrio entre los grandes bloques políticos.
Si Vox quiere
Con este reparto de escaños, Alfonso Fernández Mañueco será presidente si Vox quiere. El Partido Popular vuelve a situarse en una posición dominante pero insuficiente para gobernar en solitario. En sus previsiones más optimistas, el PP aspiraba a acercarse a la mayoría absoluta situada en 41 procuradores, lo que le habría permitido explorar acuerdos puntuales con fuerzas provinciales y reducir su dependencia de Vox. Sin embargo, incluso contando con el apoyo de UPL, Por Ávila o Soria ¡Ya!, los populares seguirían lejos de esa cifra.
De este modo, los 14 procuradores de Vox se convierten nuevamente en decisivos para la investidura, reproduciendo el esquema político que ya se dio tras las elecciones de 2022. El Partido Popular necesita el apoyo de la formación de Santiago Abascal para asegurar la continuidad de su gobierno en la Junta.
No obstante, el resultado de Vox presenta también un matiz relevante. Aunque el partido mejora ligeramente su representación, su crecimiento ha sido mucho más limitado que en otras elecciones autonómicas celebradas recientemente. En Extremadura y Aragón, Vox logró doblar sus resultados respecto a las elecciones anteriores, incrementando notablemente su peso parlamentario y su capacidad de presión sobre el Partido Popular. En Castilla y León, en cambio, el partido solo suma un procurador más, un avance mucho más moderado que el registrado en esos territorios.
Durante la campaña, las relaciones entre PP y Vox estuvieron marcadas por las tensiones derivadas de la ruptura del gobierno autonómico en 2024. Aquella crisis puso fin al primer ejecutivo de coalición entre ambas formaciones en España y evidenció las dificultades de convivencia política entre los dos partidos. Ese precedente ha condicionado buena parte del debate electoral y planea también sobre las negociaciones que deberán abrirse ahora para formar gobierno.
Hay que mirar a Extremadura y Aragón
El escenario político que se abre en Castilla y León no puede entenderse sin tener en cuenta el contexto generado por las elecciones recientes en Extremadura y Aragón, donde las relaciones entre PP y Vox han estado marcadas por negociaciones complejas y tensión entre ambas formaciones.
En esas comunidades, el fuerte crecimiento electoral de Vox reforzó su capacidad para condicionar la formación de gobiernos autonómicos. Ese aumento de representación llevó al partido a endurecer su posición negociadora y a exigir compromisos políticos más claros al Partido Popular en cuestiones como la política migratoria, la fiscalidad o determinadas medidas vinculadas a la agenda climática.
Ese precedente influye ahora en Castilla y León. Aunque el crecimiento de Vox ha sido más moderado, sus votos siguen siendo imprescindibles para la investidura de Mañueco. Por ello, la negociación que se abre tras estas elecciones estará inevitablemente condicionada por las estrategias que ambas formaciones están desarrollando en el conjunto del territorio nacional.
Para el Partido Popular, el objetivo es alcanzar un acuerdo que permita garantizar la estabilidad institucional sin reproducir las tensiones que marcaron el final de la legislatura anterior. Para Vox, en cambio, el resultado electoral confirma que continúa siendo un actor central en la política autonómica y que su apoyo resulta determinante para la continuidad del ejecutivo.
A partir de este momento comenzará la negociación para alcanzar los 42 votos necesarios para elegir presidente de la Junta. Todo apunta a que el escenario más probable será algún tipo de acuerdo entre el Partido Popular y Vox, aunque todavía queda por definir cuál será la fórmula concreta de ese entendimiento.