La dimisión de José Ángel González, hasta este miércoles director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional de España, ha sacudido al Ministerio del Interior tras la admisión de una querella judicial por presunta agresión sexual, coacciones y lesiones psíquicas a una subordinada. El escándalo ha puesto en el centro de las portadas la figura del DAO, su relevancia institucional y el proceso que llevó a la renuncia de uno de los altos mandos policiales más importantes del país.
El acrónimo de DAO corresponde a director adjunto operativo, cargo de máxima responsabilidad dentro de la estructura policial, por debajo del director general de la Policía Nacional. Existen dos DAOs en España: uno para la Guardia Civil y otro para la Policía Nacional. Se trata del máximo responsable operativo del cuerpo, encargado de coordinar, supervisar y dirigir todas las unidades policiales, así como de colaborar estrechamente con el director general en la definición de estrategias, recursos y programas de seguridad ciudadana. Además, lidera la transformación tecnológica y la gestión de recursos humanos dentro de la institución.
El cargo de director adjunto operativo tiene rango de subdirección general y depende directamente del Ministerio del Interior. Su sueldo oscila entre 60.000 y 70.000 euros brutos anuales, según señala Granapol, cifra que varía según la antigüedad y los complementos específicos asociados al puesto. La designación se realiza entre comisarios principales que cumplen ciertos requisitos de experiencia y baremación, siendo el proceso especialmente ágil en situaciones de vacante.
La denuncia contra Jose Ángel González
La denuncia contra González detalla que el exDAO utilizó su posición de superioridad jerárquica para intimidar y agredir sexualmente a una agente bajo su mando. El hecho habría ocurrido en abril de 2025, cuando el mando policial ordenó a la víctima desplazarse en un coche oficial hasta un restaurante y, posteriormente, a su domicilio. Allí, de acuerdo a la querella, el exDAO insistió para que la agente subiera a la vivienda, donde se produjo el presunto ataque.
La denunciante manifestó de forma reiterada su negativa a cualquier tipo de contacto y expresó su deseo de marcharse. Finalmente, González habría ejercido violencia física e intimidación, llegando a tocar a la víctima sin su consentimiento y remarcando su cargo institucional con expresiones como “Oye, que soy el DAO”.
El magistrado encargado del caso ha citado a González a declarar en calidad de investigado, al tiempo que la víctima ha sido convocada para prestar testimonio en marzo. La querella cuenta con grabaciones de audio, mensajes de WhatsApp y documentación médica que refuerzan las acusaciones. Los hechos narrados han destapado una presunta dinámica de acoso y coacción mantenida incluso después del suceso, con insistentes llamadas y mensajes del exDAO orientados a evitar la denuncia y ofrecer compensaciones laborales.
La salida de González se ha producido después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmara la apertura de diligencias judiciales y la suspensión de su principal asesor, el comisario Óscar San Juan, también mencionado en la denuncia. Marlaska aseguró en el Congreso de los Diputados que desconocía la existencia de la querella hasta su presentación oficial y afirmó que dimitirá si la víctima declara no haberse sentido protegida. “Ahora es el momento de la justicia y de todo el respaldo, evidentemente, a la víctima”, declaró el ministro.
PP y Vox piden la dimisión de Marlaska
La gestión de la crisis ha generado un intenso debate político. El Partido Popular y Vox han exigido responsabilidades al ministro del Interior, denunciando la falta de un cese inmediato y criticando que, tras la dimisión, González conservara los privilegios asociados al cargo. La víctima expresó su decepción por la respuesta institucional y lamentó que no se produjera “un cese fulminante”, de acuerdo con las declaraciones de su abogado, recogidas por La Sexta.
La subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Gemma Barroso, ha asumido de manera interina la dirección adjunta operativa de la Policía Nacional. Barroso, quien apoyó a la denunciante al conocer los hechos, ocupará el puesto hasta la selección de un nuevo DAO. Según la normativa vigente, podrán optar al cargo los 111 comisarios principales del cuerpo, entre los que se encuentran 22 mujeres, siguiendo un proceso de selección basado en méritos y experiencia.
La gravedad de las acusaciones y la relevancia del puesto han motivado una convocatoria extraordinaria de los altos mandos policiales, dirigida por el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, para analizar la situación y garantizar el funcionamiento de la institución mientras se resuelve el caso.
El proceso judicial continúa abierto y las investigaciones determinarán el futuro de José Ángel González y las posibles responsabilidades institucionales. Por el momento, la dimisión del DAO ha abierto un debate sobre los mecanismos de control y prevención de abusos de poder dentro de las fuerzas de seguridad del Estado.
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