La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha sancionado a un abogado con una multa de 420 euros tras haber presentado en un recurso de apelación hasta 48 citas jurisprudenciales falsas, fabricadas por una herramienta de inteligencia artificial (IA). Los magistrados han considerado su actuación contraria al deber de veracidad y a las reglas de la buena fe procesal, así como un abuso del servicio público de la justicia.
Según han explicado en la resolución, el abogado sancionado utilizó una herramienta de IA “generalista” para preparar un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del TSJC contra un fallo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El letrado solicitó a la IA fuentes jurisprudenciales para sustentar su escrito y la herramienta generó 48 citas, pero ninguna de ellas se correspondía a una sentencia real.
Los magistrados advierten que el abogado no sometió a “revisión ni verificación ninguna” que las citas se correspondieran con casos reales. El letrado “no contrastó que los números de sentencia, las fechas y los identificadores existieran efectivamente” ni “verificó los datos de salida de la herramienta de IA con las bases de datos de jurisprudencia —señaladamente, la del Centro de Documentación Judicial (Cendoj), de acceso universal y gratuito— para confirmar siquiera una de esas referencias, lo que le hubiera puesto sobre aviso”, expresan en su fallo.
Estas omisiones constituyen “una quiebra del deber básico de supervisión humana que, como se ha expuesto, resulta indeclinable cuando se emplean herramientas de IA en el ejercicio profesional”, han expresado. Los magistrados consideran que su actuación vulnera “el Código Deontológico exige al profesional de la abogacía”.
Una multa “ejemplarizante”
En la delimitación del importe de la sanción, el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha optado por un criterio que califica como “ejemplarizante”, al establecer la multa en una cantidad equivalente a la mitad del coste anual de una suscripción a una herramienta de IA jurídica específica. De ese modo, el Tribunal ha querido destacar que, si el letrado hubiera recurrido a una solución tecnológica adaptada al ámbito profesional legal, muy probablemente habría evitado la situación que ahora se sanciona.
Asimismo, la Sala ha señalado que, al fijar la cuantía, ha tenido en cuenta que el abogado, al ser advertido de las anomalías detectadas, admitió los hechos y su responsabilidad de manera explícita ante los magistrados y mostró un arrepentimiento evaluado por el tribunal como “aparentemente sincero”. Además de la multa de 420 euros, el TSJC ha dado traslado de su fallo al Colegio de Abogados del afectado, para que, si lo ven necesario, “depure las responsabilidades disciplinarias en que haya podido incurrir”.
La Sala de lo Penal del TSJC ha insistido en que el potencial de las herramientas de inteligencia artificial para la práctica jurídica es innegable, pero ha recalcado que el principio de supervisión humana debe constituir el núcleo de cualquier actuación profesional que se valga de estos sistemas. Tal y como recuerda la resolución, estas tecnologías deben ser entendidas únicamente como un apoyo al trabajo del abogado, sin que ello implique delegar en la herramienta la toma de decisiones ni depender ciegamente del sistema automatizado.
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