La Comisión Europea ha llamado la atención a España por varias normativas incumplidas, tanto en materia económica como social, y le ha abierto expedientes por infringir las normas de protección laboral frente al amianto, no incorporar las directivas de transparencia en los créditos al consumo y contratos de servicios financieros, por no simplificar las obligaciones de información sobre ruido ambiental, no actualizar los umbrales sobre el tamaño de las empresas y no enviar el informe sobre el estado del lobo.
El primer procedimiento de infracción se debe a que España no ha incorporado plenamente a su legislación nacional las nuevas normas comunes para la mejora de la protección de los trabajadores frente a la exposición al amianto. En concreto, la actualización legislativa introduce límites de exposición más bajos y medidas adicionales para reducir los riesgos derivados de este material cancerígeno.
La apertura de un procedimiento de infracción tiene la forma de una carta de emplazamiento remitida por los servicios comunitarios a las autoridades nacionales dando un plazo de dos meses para resolver la situación. A falta de una solución en el plazo abierto, Bruselas podrá dar un nuevo plazo de diálogo de entre uno y dos meses antes de sopesar elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
España sigue sin aplicar normativas aprobadas en 2014
Otro de los procedimientos abiertos se debe a que España no ha incorporado plenamente a su legislación varias directivas sobre transparencia en los créditos al consumo, contratos de servicios financieros firmados en línea y mercados hipotecarios. En concreto, la primera medida fue adoptada por la UE en 2014 y regula la actividad de los proveedores en préstamos hipotecarios en la Unión y la protección de los consumidores que los suscriben.
Por otra parte, la Comisión Europea ha abierto un expediente al país y a otros 22 socios (todos menos Italia, Dinamarca, Hungría y Eslovaquia) por no haber aplicado a nivel nacional la nueva directiva sobre contratos de crédito al consumo, que se aprobó en 2023 para tener en cuenta los cambios que ha traído la digitalización al mercado y reforzar la transparencia en este tipo de transacciones. Esta norma “busca reforzar la protección del consumidor en el mercado de créditos, asegurando transparencia y la justicia en las transacciones crediticias”.
Además, la CE llevará a España al Tribunal de Justicia de la UE por no haber completado la actualización de los umbrales que determinan el tamaño de las empresas según su balance y volumen de negocios, según informó la institución en un comunicado. “La transposición de esta directiva es crucial para el funcionamiento del mercado único, ya que garantiza la coherencia y la comparabilidad de las categorías de tamaño en toda la Unión, y que las empresas o grupos de tamaño similar están sujetos a las mismas obligaciones jurídicas de la UE”, defiende la Comisión.
Especies protegidas y ruido ambiental
La Comisión también ha llamado la atención a España por no haber entregado a Bruselas el informe de aplicación de la Directiva Hábitats que los Estados deben presentar cada seis años con una evaluación del estado de conservación de los hábitats y especies cubiertos por la normativa. Los informes también incluyen información sobre las medidas de conservación adoptadas y la contribución de la red Natura 2000 a los objetivos de conservación establecidos en las Directivas y España no ha entregado el documento correspondiente al período 2019-2024, cuyo plazo finalizó el 31 de julio de 2025.
En la misma línea, Bruselas le ha abierto otro expediente por no enviar el informe sexenal correspondiente a los años comprendidos entre 2019 y 2024 que evalúa el estado de conservación de las especies en peligro, que el Gobierno debería haber enviado a Europa antes de 31 de julio de 2025. Se trata de un documento que que evalúa como se encuentran las especies y sirve de base para determinar las actuaciones de gestión que pueden aplicarse sobre ellas.
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