Feijóo denuncia ahora que la propuesta del Gobierno de regularizar migrantes supone “aumentar el efecto llamada”: en 2024 votó a favor por petición de Cáritas

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este lunes contra la decisión del Gobierno de impulsar una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular, una medida pactada entre el PSOE y Podemos que el Consejo de Ministros aprobará este martes para iniciar su tramitación. A juicio del dirigente popular, la iniciativa supone “aumentar el efecto llamada” y responde a una estrategia del Ejecutivo para “desviar la atención” de la gestión de los recientes accidentes ferroviarios, con un balance de 46 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Las críticas de Feijóo se han producido a través de un mensaje en la red social X, en el que ha vinculado directamente la regularización con la actuación del Gobierno tras los siniestros de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). “Hasta 46 muertos. Cientos de heridos. Ninguna dimisión. Y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos”, ha escrito el presidente del PP.

El dirigente popular ha endurecido el tono al afirmar que “en la España socialista, la ilegalidad se premia” y ha equiparado la política migratoria del Ejecutivo con su gestión ferroviaria, que ha calificado de “disparatada”. En ese mismo mensaje, Feijóo ha asegurado que, cuando el PP llegue al Gobierno, cambiará “de arriba a abajo” tanto la política migratoria como la ferroviaria impulsadas por el actual presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Un acuerdo con Podemos

La regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno ha sido adelantada públicamente por la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, que ha confirmado el acuerdo alcanzado con el PSOE. Según las estimaciones de la formación morada, la medida podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas extranjeras que ya se encuentran en España y permitiría solicitar la regularización hasta el próximo 30 de junio.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han explicado a Europa Press que el decreto tiene como objetivo “garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente”, en referencia a la situación de cientos de miles de personas que residen y trabajan en España sin papeles. El Ejecutivo defiende que se trata de una respuesta estructural a un fenómeno consolidado y no de una política orientada a incentivar nuevas llegadas irregulares.

Desde el PP, sin embargo, la lectura es diametralmente opuesta. Fuentes de la dirección popular han señalado a Europa Press que el acuerdo entre el PSOE y Podemos para una regularización “sin control ni garantías” constituye “una cortina de humo” para evitar asumir responsabilidades políticas por el “caos ferroviario”. A su juicio, se trata de una “mala decisión política” que lanza “el peor mensaje posible” y consolida un modelo que, según sostienen, “no ordena la inmigración ni protege la convivencia”.

El antecedente del voto del PP

Las declaraciones de Feijóo han sacado a la luz la posición que el propio Partido Popular mantuvo en 2024 ante una iniciativa de regularización similar. Ese año, el PP votó a favor de la toma en consideración en el Congreso de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la Plataforma Esenciales, respaldada por unas 700.000 firmas, para regularizar a personas extranjeras en situación irregular.

La decisión del grupo popular se produjo, según reconocieron entonces sus dirigentes, a petición de Cáritas, aunque el partido expresó desde el primer momento sus reticencias y alertó del posible “efecto llamada” de un proceso de legalización generalizado. Este episodio ha sido recordado públicamente por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha replicado a Feijóo en X adjuntando una captura de una noticia de El Mundo sobre aquel voto favorable del PP.

En aquel debate parlamentario, el PSOE también mostró dudas iniciales sobre el encaje jurídico de una regularización amplia dentro del marco legal de la Unión Europea, aunque finalmente permitió la tramitación de la ILP condicionando su apoyo a la introducción de enmiendas para limitar su alcance. El portavoz socialista en la Cámara baja, Patxi López, defendió entonces la necesidad de abordar la inmigración “de manera inteligente y razonable”, subrayando que España necesita mano de obra extranjera para sostener su tejido productivo.

La iniciativa contó con el respaldo de Sumar, ERC, Bildu, BNG, PNV, Junts y el propio PP, mientras que Vox se quedó solo en el rechazo frontal. Desde el espacio que lidera Yolanda Díaz se puso el acento en el papel de las organizaciones sociales y de la Iglesia católica, con Cáritas a la cabeza, en la movilización a favor de la regularización y en la presión ejercida sobre los grupos parlamentarios.