Vecinos de Malasaña en Madrid plantan cara al fondo buitre que quiere echarles: “Una casa no es solo donde duermes. Nuestra vida está en el barrio”

Desde el pasado 6 de noviembre, los vecinos del bloque ubicado en la calle Valverde 42 en Madrid, en el barrio de Malasaña, tienen la sensación de que su vida se ha transformado en una cuenta atrás. Ese día el fondo de inversión Vencar Capital, formado por una decena de empresas, compró el edificio y en seguida comunicó a los inquilinos su intención de desalojar las viviendas a medida que fueran venciendo sus contratos de alquiler, incluso “en plazos incompatibles con encontrar una alternativa habitacional”, denuncian, y pese a que muchos residentes llevan incluso dos décadas viviendo allí. Muchos, sin embargo, han decidido quedarse y plantar cara al fondo buitre, por lo que este sábado 24 realizarán la primera concentración.

Carlos Rubio, psicólogo de 29 años, es uno de los vecinos afectados. Se mudó al edificio en junio de 2022 junto a su pareja y asegura que nunca habían tenido problemas con el anterior propietario del bloque, e incluso “se podían negociar las subidas del IPC”. Pero tras la llegada de Vencar Capital, la situación cambió. Aunque su contrato de alquiler vence en 2027, el fondo ya les ha propuesto una compensación económica si se marchan antes, pero no están dispuestos a aceptarla, “más aún teniendo en cuenta cómo está el panorama en Madrid”.

Actualmente paga 900 euros al mes por un apartamento de dos habitaciones, un precio que ya no se encuentra en el barrio, asegura. “La situación está muy complicada. Es imposible encontrar un piso de características similares en la zona o cerca por ese precio, y eso nos angustia. Lo que hemos visto está sobre los 1.400 euros al mes”, dice en conversación con Infobae.

Marcharse, reconoce Carlos, implicaría un cambio de vida radical, porque ya tienen hecha su vida en el barrio. Ahí está su trabajo, sus amistades y su ocio. “Nuestras casas no solo son un hogar en el que dormimos y nos volvemos a ir a trabajar, sino que implica toda una serie de relaciones con las amistades que tenemos, con el ocio, con el comercio y con el trabajo, porque lo tenemos cerca”, explica.

Además, los vecinos también denuncian que están sufriendo otras presiones como “la constante visita de posibles compradores y la presencia de dos empleados de la empresa Desokupa KGB”, que permanecen en el bloque las 24 horas. Del total de 16 viviendas del edificio, 6 están vacías y el resto ha decidido quedarse, seguir pagando su alquiler y “luchar contra la especulación, por el derecho a una vivienda digna”. Aseguran que no se van a rendir.

El 28 de febrero es la fecha del primer desalojo

Aunque Carlos puede permanecer en su vivienda hasta 2027, otros inquilinos afrontan plazos mucho más cortos. Es el caso de una de las vecinas cuyo alquiler se situaba en 550 euros y a quien el fondo ya ha comunicado que el 28 de febrero deberá abandonar su casa. Ante la falta de alternativas en Madrid, explica este joven, la inquilina hasta se ha planteado mudarse a Ciudad Real y buscar un nuevo empleo.

Por todo ello, el sábado 24 a las 18:00 horas, este nuevo bloque que se declara en lucha, y que cuenta con el apoyo del Sindicato de Inquilinos, de la Asociación Vecinal Maravillas-Malasaña y de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), realizará un despliegue de pancartas en los balcones del edificio para visibilizar que “seguirán defendiendo su derecho a quedarse”.

Desde el Sindicato de Inquilinas aseguran que estas prácticas impulsadas por los fondos buitre, que adquieren edificios para desalojar a los residentes y después alquilar los pisos a precios más altos, constituyen una forma de desahucio “invisible”. La organización sostiene que, aunque no siempre se materializan en un lanzamiento judicial, las presiones, ofertas de compensación y avisos de no renovación generan una expulsión silenciosa que no queda registrada en las cifras oficiales.

Muchas de estas expulsiones afectan además a personas en situación vulnerable que no disponen de una alternativa habitacional, pese a la existencia de medidas estatales que lo impiden y que han sido prorrogadas recientemente. El decreto aprobado en diciembre prolonga hasta finales de este año la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa de vivienda, prohíbe el corte de suministros esenciales como luz, gas y agua, y mantiene vigente el bono social eléctrico.