Bruselas frena a Elon Musk: la Comisión Europea multa a X con 120 millones por falta de transparencia y diseño engañoso

La cuantía de la sanción, aunque inferior a otras impuestas a grandes tecnológicas como Google o Apple, representa aproximadamente el 5% de los ingresos globales de X en 2024

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Un modelo en miniatura impreso
Un modelo en miniatura impreso en 3D de Elon Musk y el logotipo de X en esta ilustración tomada el 23 de enero de 2025. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Bruselas ha impuesto una multa de 120 millones de euros a la red social X, propiedad de Elon Musk, por incumplir las obligaciones de transparencia en materia publicitaria y por el diseño considerado engañoso de su servicio de suscripción conocido como blue check. Esta sanción, anunciada este viernes, supone la primera aplicación de las multas contempladas en el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), según ha informado la propia Comisión Europea.

El organismo comunitario ha determinado que X, anteriormente conocida como Twitter, ha vulnerado la normativa en tres aspectos clave: la falta de transparencia en su repositorio de anuncios, las dificultades de acceso a los datos para investigadores y el diseño de su versión de pago, que otorga la marca azul a las cuentas suscritas. En contraste, la Comisión ha alcanzado un acuerdo con TikTok en relación a la transparencia publicitaria, tal y como ha comunicado el Ejecutivo de la Unión Europea.

La cuantía de la sanción, aunque inferior a otras impuestas a grandes tecnológicas como Google o Apple, representa aproximadamente el 5% de los ingresos globales de X en 2024, que ascendieron a unos 2.500 millones de dólares (2.150 millones de euros). Para contextualizar, la última multa a Google, de 2.950 millones de euros, supuso apenas el 1% de su facturación. En el caso de Apple, la sanción fue de 500 millones de euros por infracciones en el mercado.

Elon Musk. (Twitter)
Elon Musk. (Twitter)

El Reglamento de Servicios Digitales, aprobado en 2022 y en vigor desde 2023, establece obligaciones reforzadas para las grandes plataformas digitales, definidas como aquellas que superan los 45 millones de usuarios o el 10% de la población europea. Entre estas obligaciones figura la de mantener un repositorio de anuncios “accesible y consultable”, considerado esencial para que tanto las autoridades como la sociedad civil y los investigadores puedan identificar fraudes, publicidad de productos ilegales o campañas de desinformación coordinadas.

Las razones de la sanción

La Comisión Europea ha desglosado la multa en tres apartados: 45 millones de euros por el diseño engañoso del blue check, que puede inducir a los usuarios a creer que una cuenta está verificada cuando no es así; 35 millones de euros por la falta de transparencia en el repositorio publicitario; y 40 millones de euros por las restricciones al acceso de los investigadores a los datos. Los técnicos del organismo consideran que la marca azul puede llevar a confusión, motivo por el que se ha impuesto la mayor parte de la sanción.

La Comisión Europea ha anunciado un expediente de infracción contra España por los poderes discrecionales que varias normas en la legislación española otorgan al Gobierno para poder frenar operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell, al considerar que su alcance permite actuar más allá del interés general. (Fuente: Europa Press, EBS, Moncloa)

La investigación sobre X se inició hace casi dos años. En julio de 2024, la Comisión ya había emitido una conclusión preliminar en la que señalaba que la plataforma no cumplía con el DSA. “Engañar a los usuarios con marcas de verificación azules, ocultar información sobre anuncios y excluir a los investigadores no tienen cabida en línea en la UE. La DSA protege a los usuarios”, ha explicado Virkkunen.

Y ha añadido: “El DSA da a los investigadores la manera de descubrir amenazas potenciales. La Ley de Servicios Digitales restablece la confianza en el entorno en línea. Con la primera decisión de incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales, responsabilizamos a X de socavar los derechos de los usuarios y eludir la rendición de cuentas”.