
Los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid son una especie de ciudad judicial dentro de la capital. Abierta en 1978, esta sede alberga 54 juzgados de instrucción, seis de vigilancia penitenciaria, el Decanato de los Juzgados de Madrid, zona para detenidos, sala infantil, Forensía y espacio para abogados y procuradores. Allí se dirimieron en 2024 (últimos datos) unos 174.000 asuntos. Miles de personas pasan por sus instalaciones cada día. Entre ellos, detenidos que proceden de centros penitenciarios madrileños para hacer frente sus deudas con la Justicia. Como muchas vistas se alargan, el Ministerio del Interior es el encargado de velar por su seguridad y manutención.
Por eso, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias empezó a licitar la semana pasada el contrato “de catering de las personas detenidas e internadas en las dependencias de los Juzgados de Plaza de Castilla”, un contrato por dos años valorado en 171.300 euros. Un menú nada sofisticado que se nutrirá de 51.000 botellas de agua mineral de medio litro, 51.000 botes de zumo, 51.000 yogures, 5.000 longalizas de chorizo y 5.000 longanizas en salchicón, 51.000 envases de queso en lonchas, 28.000 envases de pechuga de pavo y 14.000 envases de mortadela.
Interior licita este contrato a través de la Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (en adelante TPFE), una entidad estatal que se encarga de dar cursos de formación laboral a los presos, organizar los talleres laborales que hay dentro de las prisiones, organizar los trabajos retribuidos que hacen los reclusos dentro de los centos penitenciarios, y de gestionar las cafeterías y los economatos de las cárceles. También es el responsable del aprovisionamiento de los víveres necesarios para la elaboración de los racionados. “En todos los centros penitenciarios se proporcionará a los internos una alimentación convenientemente preparada, que debe responder a las exigencias dietéticas de la población penitenciaria y a las especificidades de edad, salud, trabajo, clima, costumbres y, en la medida de lo posible, convicciones personales y religiosas”, señala la ley.

TPFE es también la empresa encargada desde el año 2009 del servicio de catering en los Juzgados de Plaza de Castilla. Desde entonces la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha ido encargando a esta entidad la prestación de comidas y cenas de las personas detenidas e internadas en las dependencias de estos juzgados. El último encargo se inició el pasado 1 de junio de 2025, pero hace falta renovar la materia prima para todo el año 2026. Las empresas interesadas tienen hasta el 30 de diciembre para presentar sus ofertas.
Desde Soto del Real
Este servicio se gestiona desde el taller de alimentación que hay en el Centro Penitenciario de Madrid V, en el municipio de Soto del Real, “siendo el encargado de la adquisición de las materias primas y su remisión a los juzgados de Plaza de Castilla para que puedan proceder a la preparación de los racionados. El objetivo es gastarse 30.600 euros en agua y zumos, 110.500 euros en embutidos y 16.830 euros en postres. En el caso de los zumos, Interior exige que deben ser de ”sabores variados: piña, albaricoque, melocotón, pera ... y no tener gas. Se presentarán en brik de 200 ml".
Hay otro contrato en estos momentos en licitación para contratar pan cocido y precocido para tres centros penitenciarios: Arrecife (Las Palmas de Gran Canaria), Ibiza y Formentera (estos dos últimos en las islas Baleares). TPFE quiere gastarse 159.000 euros para adquirir durante un año 605.000 barras de pan, barras que empezarán a suministrarse a partir de febrero de 2026.
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