En España, los falsos autónomos se han convertido en uno de los principales focos de fraude laboral y precariedad. Se trata de trabajadores que, aunque figuran como autónomos y cotizan por su cuenta, en realidad desarrollan su actividad bajo las mismas condiciones que un empleado por cuenta ajena. Esta práctica permite a algunas empresas reducir costes laborales y eludir obligaciones como el pago de cotizaciones, vacaciones o indemnizaciones.
Un falso autónomo suele cumplir varios indicadores claros: trabaja para un único empleador, sigue un horario impuesto, utiliza los medios de la empresa y no asume riesgos empresariales, pero no siempre son fáciles de reconocer. En esencia, depende completamente de la organización que lo contrata, pese a estar registrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Para identificar cuándo un profesional, registrado formalmente como autónomo, en realidad opera como empleado, el abogado Miguel Benito Barrionuevo resaltó dos elementos esenciales en un video publicado en su perfil de TikTok (@empleado_informado): la genuidad y la dependencia. Sobre el primero, precisó: “Si es autónomo, realmente es autónomo y si tiene un mes bueno de trabajo, gana más y si tiene un mes malo de trabajo, gana menos, o si todos los meses gana prácticamente lo mismo”. En cuanto a la dependencia, puntualizó que hay que diferenciar “básicamente, si este autónomo tiene total independencia para hacer lo que quiera o depende de un jefe que le dé todo tipo de órdenes como vacaciones, horarios o cómo hacer las cosas”.
En el punto de mira del Gobierno
El temor de las empresas ante este tipo de contratación radica en las consecuencias que pueden enfrentar si la Inspección de Trabajo determina que han incurrido en la utilización de falsos autónomos. El abogado advirtió que la sanción va más allá de regularizar al trabajador: “Si les pillan con un falso autónomo, además de la indemnización que le van a tener que pagar por despido en muchos casos y los cuatro años de cotizaciones que le van a tener que pagar, les va a venir un recargo y una sanción que puede hacer que quiebren muchas de ellas”. “Los falsos autónomos es una figura que asusta mucho a las empresas por el riesgo que tienen”, explica el experto.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha intensificado en los últimos años las sanciones contra esta figura irregular. Cuando se detecta un caso, la empresa está obligada a dar de alta al trabajador en el Régimen General, abonar las cotizaciones atrasadas (hasta cuatro años) y puede enfrentarse a multas de entre 3.750 y 12.000 euros por afectado. Además, el trabajador recupera sus derechos laborales: vacaciones, paro, antigüedad y protección frente al despido.
Los repartidores, entre los más afectados
Sectores como el reparto a domicilio, el comercio o los servicios técnicos concentran gran parte de estos casos. El ejemplo más visible fue el de los repartidores de plataformas digitales, que motivó la aprobación de la Ley Rider en 2021, reconociendo la presunción de laboralidad para los trabajadores de apps como Glovo o Uber Eats.
Combatir a los falsos autónomos se ha convertido en un objetivo prioritario del Gobierno y los sindicatos, que reclaman un mercado laboral más justo y transparente. La detección y denuncia de estas prácticas son esenciales para garantizar una competencia leal y la protección de los derechos de los trabajadores en España.
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