Un año después de la DANA, España sigue siendo vulnerable ante los fenómenos meteorológicos extremos: “Se toman decisiones por razones políticas, y no técnicas”

Este miércoles, 29 de octubre, se cumple un año desde que la DANA sacudió Valencia, llevándose la vida de 229 personas y dejando incontables daños materiales. Este suceso ha dejado una huella muy profunda tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto de España, pero parece que todavía no hemos aprendido nada de aquello. Y es que, 365 días después, nuestro país sigue sin estar preparado para afrontar este tipo de fenómenos meteorológicos extremos.

Así lo han puesto de manifiesto los ingenieros y expertos que participaron este lunes en la jornada Un año después de la DANA: ¿estamos preparados?, celebrada en Madrid. Durante el evento, los técnicos han advertido que es urgente actuar para evitar que este tipo de tragedias se repitan. Según la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, la falta de inversión, planificación y ejecución en las infraestructuras, junto a la escasa presencia de criterios técnicos en la toma de decisiones, mantiene a millones de españoles en situación de riesgo.

El coste del desastre y la inacción que agrava el riesgo

Con la perspectiva del tiempo, el balance de la DANA del año pasado ha puesto sobre la mesa la magnitud del desastre: más de 90 municipios y 130.000 viviendas afectadas, 1,1 millones de personas perjudicadas (el equivalente al 41,7% de la población de Valencia, la provincia más castigada) y pérdidas materiales que superan los 17.000 millones de euros.

Las infraestructuras de carreteras y ferroviarias también sufrieron daños severos, con una red de trenes que estuvo sometida a tensiones nunca vistas, según explicó durante la jornada Fernando Ugena, subdirector de Operaciones Este de ADIF. María José Martínez, directora general de Infraestructuras Viarias de la Generalitat Valenciana, destacó que las carreteras resistieron mejor en las zonas que contaban con una planificación preventiva, mientras que en otras el colapso fue total.

Para restablecer y reforzar las infraestructuras dañadas se necesita invertir un total de 12.000 millones de euros, de los cuales 1.7000 millones corresponden a actuaciones hidráulicas prioritarias, y 7.000 millones irían a la red ferroviaria. Además, la reducción de personal técnico en las confederaciones hidrográficas, un 11,3% menos desde 2019, y un presupuesto insuficiente para el mantenimiento de las presas agravan la situación.

José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, subrayó que “si las infraestructuras hidráulicas previstas se hubieran ejecutado, el número de víctimas y los daños materiales habrían sido mucho menores”. En una entrevista con Infobae España ha insistido en que existen proyectos técnicos listos para ejecutarse, pero que actualmente están paralizados por la falta de decisiones políticas.

Según denuncia el presidente de la Asociación, estos proyectos “no se han acelerado de la forma que se tenían que acelerar para que las obras estuvieran ya en ejecución. Algunas de ellas incluso podrían estar terminadas”. Las zonas donde más urge tomar medidas son, especialmente, en el arco mediterráneo, desde Tarragona hasta Cádiz. “Los proyectos que están parados en un cajón hay que recuperarlos, y además hay que limpiar barrancos y cauces, y revisarlos periódicamente”, explica Trigueros, añadiendo que “son cosas que ya deberían hacerse, pero no se hacen”.

“Seguimos reaccionando después de cada desastre en lugar de anticiparnos”

Un caso llamativo, que pone de manifiesto la importancia de actuar, es el de la presa del embalse de Forata, en Valencia. Durante la DANA, la infraestructura soportó caudales de entrada que duplicaron los valores previstos, y logró retener cerca de 22.000.000 metros cúbicos de agua, evitando una catástrofe que podría haber sido todavía mayor. Sin embargo, la presa carecía de un plan de emergencias implantado, y no contaba ni con sirenas ni con un sistema de aviso para la población.

Durante la conferencia, el catedrático Teodoro Velázquez advirtió que “dependemos de la suerte más que de la planificación”, mientras que el profesor Vicent Esteban Capapría lamentó que “seguimos reaccionando después de cada desastre, en lugar de anticiparnos a ellos”.

Para el presidente de la Asociación las alertas son fundamentales: “Es importante que los ciudadanos sepamos comportarnos cuando hay una alerta, y hacerlas caso, porque es fundamental para salvar vidas humanas”. “Los bienes materiales, si no se toman las medidas preventivas pertinentes en las cabeceras de los barrancos, ni se construyen obras hidráulicas, difícilmente los vamos a poder salvar”, enfatiza Trigueros.

La falta de criterio profesional multiplica la vulnerabilidad

En estos casos, la toma de decisiones por parte de los políticos es crucial, y puede influir de manera muy positiva, o muy negativa. Trigueros nos señala que “en los últimos años, la toma de decisiones se ha hecho por razones políticas y no por razones técnicas”. “Cuando se prioriza la política en vez de la técnica, pasan cosas como la que pasó hace un año”, critica el presidente de la Asociación.

Asimismo, desde la Asociación echan en falta “que no se hayan tomado medidas para corregir los efectos de la DANA desde las confederaciones hidrográficas y, sobre todo, en las cuencas mediterráneas”. En este caso, el presidente se refiere a correcciones hidrológico-forestales, es decir, “plantar árboles en la cabecera de los barrancos, porque permite fijar el terreno para que no se arrastre toda la tierra, el barro y el lodo”.

“Además, con las raíces se infiltra el gua, incluso con las hojas de los árboles, lo que ralentiza la llegada del agua y sirve también para laminar avenidas, y todo eso hay que complementarlo con medidas de urbanismo”, matiza Trigueros.

Lo mismo recalcó en la jornada Antonio Serrano, catedrático y exsecretario de Estado de Ordenación del Territorio, quien explicó que “no basta con diseñar obras: hay que mantenerlas, vigilarlas y gestionarlas con criterios técnicos, no políticos”. Además, Serrano alertó sobre el modelo urbanístico que ha ignorado los riesgos naturales, permitiendo la construcción en zonas inundables y aumentando la vulnerabilidad: “Cada nueva vivienda en zona de riesgo es una vulnerabilidad añadida y una responsabilidad que tarde o temprano se paga”.

Los expertos reclaman una estrategia nacional y más peso para los técnicos

Frente a este panorama, los expertos han propuesto una serie de soluciones y medidas urgentes, con la esperanza de ser escuchados. Recalcan la necesidad de una estrategia nacional de infraestructuras resilientes frente al cambio climático, que incluya la limpieza de cauces, la modernización de drenajes, la actualización de mapas de riesgo, sistemas de alerta temprana y planes de evacuación activos.

“Hay que ponerse un poco las pilas, y que los técnicos y las personas que conocen el asunto sean las verdaderas responsables en estos casos”, subraya Trigueros. El presidente de la Asociación denuncia que “para la toma de decisiones no se suele considerar a los técnicos”, y que “necesitamos responsables políticos que hagan caso a los técnicos, y que esos técnicos ocupen puestos de responsabilidad política”.

“Hasta que eso no suceda, es difícil que se puedan paliar los efectos de este tipo de fenómenos, como la DANA, que esperemos que no se repitan”, sentencia.