El presupuesto europeo presentado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para el periodo 2028-2034, ha provocado el enfado y oposición de las distintas asociaciones que representan al campo español, así como de los políticos nacionales, que ven como el peso de la agricultura y la ganadería de la Unión pierde importancia frente a otros sectores como la defensa.
Desde la Junta de Andalucía han alertado que, si llegase a aprobarse el borrador del presupuesto Europeo -a falta de que los Estados miembros presenten sus propias propuestas-, el sector agrario andaluz podría perder “alrededor de 2.000 millones de euros en ayudas” con el modelo defendido por la Comisión, lo que tendría “un grave reflejo en la economía de los productores”, según el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.
“La nueva Política Agraria Común (PAC) no es agraria ni común y, desde luego, es injusta y perjudicial para Andalucía”, alegó el consejero durante este viernes durante su intervención en la jornada “Agricultura y Energía: Sectores estratégicos para la Unión Europea” organizada por Asaja Sevilla. “Hemos pedido al Gobierno de España que exija en el Consejo Europeo el cambio de modelo, que bloquee este recorte del 22% del presupuesto, que diga un ‘no’ rotundo a una PAC lesiva para los agricultores y ganaderos andaluces, y que fuerce a un cambio de la PAC con su voto en contra en Europa”, detalló.
En concreto, la propuesta defendida por Von der Leyen establece para la agricultura y la pesca de la UE un mínimo de 302.000 millones de euros. A esta cuantía cabría sumarle la reserva de crisis y otras partidas variables -de hasta 237.000 millones para el sector primario-, así como los fondos para el campo de 218.000 millones, destinados a las regiones más desfavorecidas de la Unión, entre las que se encuentran Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla y otros 40.000 millones de euros para la investigación en salud, agricultura y bioeconomía, de los que una parte iría a parar al sector agrícola.
Según las estimaciones de Unións Agrarias, los fondos para el campo europeo pasarían de los 386.000 millones dotados en el presupuesto 2021-2027 a los 300.000 millones del nuevo borrador. Unos datos “inaceptables” que pondrían “en serio riesgo” la capacidad de los agricultores y ganaderos para hacer frente al contexto actual (marcado por los devastadores incendios registrados en toda España durante este verano).
Andalucía encabeza las agroexportaciones españolas
Además, la partida total que recibirá España a partir de 2027 será de 88.100 millones de euros, de los cuales 79.900 millones irá destinado a fondos agrícolas y pesqueros y programas regionales, una cifra que supone un recorte del 20% respecto a los 100.000 millones del ejercicio anterior. Otros 3.000 millones están asignados a programas de migración, seguridad y asuntos de Interior y los 5.300 restantes, al fondo social para el clima.
Fernández-Pacheco señaló también la oposición de la Junta al fondo único y al cambio de estructura del nuevo marco financiero europeo para la PAC. “Necesitamos una PAC fuerte, independiente de otros fondos, sobre la base de dos pilares, con la voz protagonista de las regiones, y que tenga en cuenta la realidad productiva de cada zona, de Andalucía”, destacó.
Si se llegaran a producir estos recortes en la Política Agraria Común, el campo andaluz sería de los más afectados dentro del territorio nacional, puesto que es el responsable del 22% de las exportaciones agroalimentarias españolas, situándose como la primera región exportadora a nivel nacional, seguida de Cataluña y la Comunidad Valencia. Según ha detallado la Junta, durante los siete primeros meses de 2025, la Comunidad Autónoma ha exportado 4,7 millones de toneladas de productos agroalimentarios, por un valor de 10.346 millones de euros.
Estas liquidaciones suponen una subida del 2,8% del valor y del 5% del volumen en comparación al mismo periodo de 2024. Además, el sector primario y su industria auxiliar suponen para Andalucía el 11% del PIB autonómico, o el 16% si se tienen en cuenta los servicios de la agroindustria y los servicios agrarios.
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