La defensa de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, ha pedido al juez que rechace el recurso de apelación presentado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y le mantenga la fianza, alegando que no se puede beneficiar de la exención legal aplicable a determinados cargos porque “no es el Estado” sino “un acusado”.
La defensa explica que el artículo 12 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado y a las Instituciones Públicas, que exime a determinadas entidades del pago de fianzas, no ampara a una persona física como García Ortiz. Así, “ni es Estado, ni organismo ni órgano constitucional”; solo es el acusado directo de unos hechos objeto de acusación individual.
Matiza que no cabe exigir responsabilidades civiles a la Fiscalía General del Estado porque “carece de capacidad de delinquir”, así como de “personalidad jurídica propia, de presupuesto y de activos propios y, por lo mismo, de solvencia alguna: dependiendo del Ministerio de Justicia y de sus presupuestos”.
El escrito también aprovecha para explicar que González Amador no ha reclamado responsabilidad civil subsidiaria del Estado, es decir, para el caso de que el fiscal general no la cubriera, “bajo la convicción de que el conjunto de los españoles no debemos responder patrimonialmente de ninguna forma (...) de las actuaciones delictivas protagonizadas por García Ortiz”.
En las resoluciones ahora impugnadas, los jueces fijaron primero una cuantía de 150.000 euros y luego, tras analizar el impacto concreto de las posibles responsabilidades—multa penal, indemnización, intereses y costas—ajustaron la suma a 75.000 euros.
Todo ello, según la defensa de González Amador, reflejando el mandato de la ley, que exige que ninguna fianza baje del 133,33% del importe probable de las responsabilidades pecuniarias. Señalan además que han admitido el apartamiento, a la baja, respecto a la suma solicitada inicialmente (400.000 euros), sin que ello haya supuesto una indefensión para ninguna de las partes.
“Padecimientos” personales y profesionales
La acusación relata, además, cómo la víctima ha sido objeto —desde el instante de la revelación— de una campaña que afectó a su reputación, su entorno económico y sus opciones de defensa procesal. Cada paso en el procedimiento, desde la instrucción hasta la apertura de juicio oral, partía con el lastre de unas garantías ya comprometidas antes siquiera de poder ser ejercidas plenamente, según ha expuesto.
Un “padecimiento personal y profesional” potenciado por las manifestaciones públicas de altos cargos del Gobierno de España, la reiteración de etiquetas como “delincuente confeso” en medios y foros parlamentarios, la publicación de correos y resoluciones sobre el caso, y la utilización política del expediente.
Cabe recordar que García Ortiz será juzgado el próximo noviembre por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador por la presunta filtración a la ‘Cadena SER’ la noche del 13 de marzo de 2024 de un ‘email’ enviado por la defensa del empresario a Fiscalía donde se ofrecía a reconocer los delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo. Por estos hechos, García Ortiz podría ser condenado a hasta 6 años de cárcel y 12 inhabilitación.
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