El Gobierno ha endurecido el tono frente a las comunidades autónomas que se oponen a la reubicación de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla, advirtiendo que, en caso de incumplimiento, “tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación”, según ha aseverado Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, en unas declaraciones recogidas por EFE. La publicación en el Boletín Oficial del Estado del decreto que regula el reparto obligatorio de estos menores ha elevado la disputa entre el Gobierno y las comunidades del PP y Castilla-La Mancha al fijar la capacidad ordinaria de acogida de cada territorio y establecer su entrada en vigor inmediata.
La medida busca derivar a cerca de tres mil menores y contempla también a quienes lleguen a Canarias, Ceuta y Melilla a partir de septiembre. Además, el Ejecutivo ha comenzado a asumir la atención de otro millar de menores solicitantes de asilo, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha subrayado la obligatoriedad de la norma: “Las comunidades autónomas están obligadas a cumplir con la ley que regula esta derivación y que de no hacerlo habrá consecuencias legales”.
El sistema establece que podrán solicitar el traslado de menores aquellas autonomías que tripliquen el ratio de acogida de 32,6 menores por cada cien mil habitantes. Además, se aplicarán criterios como el esfuerzo previo, la renta, la insularidad o la situación fronteriza. Bolaños ha defendido que “los parámetros no dan ventajas a ninguna comunidad y son objetivos y transparentes”.
Frente a los recursos presentados por once autonomías ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recordado que ambos tribunales han priorizado la protección de los menores y que el Constitucional reconoció la “competencia concurrente de comunidades y Gobierno de España” en esta materia. Clavijo, que gobierna junto al PP, ha pedido humanidad al resto de comunidades, argumentando que “acoger a 4.000 menores no puede ser un problema en un país con 49 millones de habitantes”.
El presidente canario ha denunciado actitudes xenófobas y fascistas en el debate político: “Hay que aprender a gestionar la cuestión migratoria con dignidad y no utilizarla como una herramienta para la política xenófoba y fascista que en muchas ocasiones tiene que ver con el color de piel. Hemos gestionado la llegada de cientos de miles de ucranianos sin esta contestación por parte del populismo de derechas xenófobo y fascista que estamos viendo”.
Las comunidades alegan imposición y falta de diálogo
Mientras tanto, varias comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE) han expresado su rechazo a la medida, alegando imposición y falta de diálogo. El Gobierno ha recordado que estas autonomías se ausentaron de la Conferencia Sectorial de Infancia, lo que permitió al Ejecutivo fijar los parámetros de reparto. Andalucía ha reiterado su denuncia de un supuesto trato de favor al País Vasco y ha exigido que se le aplique el criterio de frontera, actualmente reservado a Ceuta y Melilla. Por su parte, Castilla-La Mancha ha sostenido que “es imposible la acogida sin financiación estatal suficiente”, mientras que La Rioja ha solicitado conocer el número exacto de menores que debe recibir.
La presidenta balear, Marga Prohens, ha calificado de “amenaza y matonismo” la advertencia de Torres sobre la intervención de las fuerzas de seguridad, preguntando: “¿Me enviarán a qué a las fuerzas de seguridad?”.
Según los datos provisionales, Andalucía deberá acoger a 677 jóvenes, Madrid a 647 y Comunidad Valenciana a 571. Les siguen Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156), Asturias (144), Región de Murcia (133), Navarra (188) e Islas Baleares (49). Por el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que recibir a ningún joven, aunque la Generalitat catalana ha anunciado su intención de atender al menos a 31.
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