Un aumento exponencial en el número de bajas laborales ha llevado a investigar este fenómeno. Los datos registran un aumento considerable de las mismas. Con respecto a años anteriores, el número de bajas tramitadas en los puestos de trabajo ha incrementando de forma desenfrenada. Se estima que el 20% del total son fraudulentas. Esto, sin embargo, también levanta incógnitas sobre los motivos en el aumento de las incapacidades temporales en los puestos de trabajo. ¿A qué se debe esta situación? ¿Hay algo sintomático de nuestra contemporaneidad que limite el normal desarrollo de la actividad laboral?
El caso de Noelia
Noelia Molero es una de esas personas a la que se ha acusado de presunta baja laboral fraudulenta. Su empresa contrató a un detective privado para que la investigara. El detective pilló a la mujer entrando en el gimnasio lo que, según la empresa, contradice la baja médica que Noelia había presentado por una dolencia que supuestamente le impedía trabajar.
Sin embargo, según argumenta ella, el gimnasio formaba parte de su rehabilitación. El motivo de la incapacidad era a consecuencia de una lumbalgia que requería de un tratamiento funcional terapéutico. A pesar de que muchos son los gimnasios que ofrecen rehabilitaciones y ejercicios terapéuticos, la empresa decidió que esto constituía una omisión a sus responsabilidades como trabajadora y terminó despidiéndola. Noelia, por su parte, indignada ante la acusación, decidió demandar a la empresa.
“Hablé con varios abogados y me dijeron que, aunque iba a ganar, sería un proceso muy largo”, explica la mujer conmocionada.
Fraude: consecuencias legales
Actualmente, el número de personas que cometen fraude de ley, faltando a su puesto de trabajo asciende a 1,25 millones de personas en España. Esto constituye un 20% del total de trabajadores. La situación ha llevado a las empresas a contratar a investigadores privados para vigilar y verificar la veracidad de ciertas bajas laborales, ante la sospecha de que algunas podrían ser injustificadas.
Según la gravedad del engaño, las consecuencias legales pueden ir desde sanciones económicas hasta penas de prisión que oscilan entre seis meses y tres años. Además de las implicaciones penales, el trabajador también puede ser objeto de medidas administrativas. La Seguridad Social tiene la facultad de reclamar el reembolso de las prestaciones cobradas de forma indebida, lo que podría traducirse en una deuda considerable, especialmente si la baja laboral fue prolongada. Por otro lado, la empresa afectada puede iniciar procedimientos judiciales para recuperar las cantidades abonadas durante el periodo en que el trabajador estuvo ausente, lo que incrementaría aún más la presión financiera sobre la persona implicada. Asimismo, el despido disciplinario es otra de las consecuencias que acarrea la baja fraudulenta. Ante este tipo de despidos, los trabajadores pierden su derecho a la indemnización.
Salud mental: primera causa de bajas laborales en España
Sin embargo, a pesar de los casos de fraude, la mayoría de bajas tramitadas se deben a motivos de salud justificados que suponen la incapacidad laboral. De hecho, según informa Antena 3, la primera causa de baja laboral en España es a consecuencia de las posibles complicaciones de salud mental.
La Confederación de Salud Mental española explica que, en los últimos años, se ha producido un aumento estrepitoso de los problemas de salud mental.
“La cifra de bajas laborales relacionadas con “trastornos mentales y de comportamiento ha batido récord en España, con casi 600.000 en 2023. El incremento respecto al año anterior es del 15,8% y, en siete años, el número se ha duplicado”, comunican en su web.
La salud mental ha sido durante mucho tiempo invisibilizada en los ecosistemas laborales. Esto ha propiciado estigma y prejuicio a muchas personas. Prueba de ello es que, según la Confederación de Salud Mental, casi 4 de cada 10 personas con un diagnóstico de salud mental han sido discriminadas en su lugar de trabajo, y apenas un 13% se atreve a hablar abiertamente del tema con sus compañeros, por temor a ser juzgadas o encasilladas negativamente.
Este clima de desconfianza y falta de comprensión puede traducirse en actitudes excluyentes o incluso rechazo directo, lo que no solo vulnera derechos, sino que también entorpece el proceso de recuperación de la persona afectada
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