El Gobierno prevé aprobar este martes el protocolo que detalla cómo se llevará a cabo el reparto de menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de comunidades autónomas. El Consejo de Ministros debatirá y, previsiblemente, aprobará el real decreto este martes, con el que reubicar a unos 3.000 jóvenes a partir el 28 de agosto.
Este modelo ha generado un gran rechazo entre las comunidades autónomas, especialmente entre las gobernadas por el Partido Popular. Desde principios de mes, el Tribunal Constitucional estudia once recursos presentados por las autonomías, 10 presididas por el PP y una por el PSOE, Castilla-La Mancha. Además, la mayoría de las gobernadas por los populares dieron plantón al Gobierno la pasada semana en una Sectorial que se iba a celebrar sobre este tema. Entre ellas, la propia ciudad de Melilla, que consideró “un asalto” de Sánchez el reparto de menores y criticó que ni Cataluña ni el País Vasco vayan a acoger ninguno de los menores.
El Gobierno justifica esta decisión por la propia saturación de los servicios de acogida de Cataluña y Euskadi, “debido al esfuerzo previo realizado durante los últimos años”, aseguraron fuentes ministeriales a Europa Press.
Las comunidades organizarán los traslados, financiados por el Estado
Según el protocolo del Gobierno, adelantado por EFE, será la comunidad receptora de inmigrantes quien deba iniciar los trámites. Primero, se debe realizar una entrevista personal con cada joven que se pretenda reubicar, para redactar un informe sobre la situación individual de cada uno. Por su parte, la autonomía de llegada será la responsable de organizar los traslados, que serán financiados por el Estado. El real decreto aprobado el pasado 18 de marzo para reformar la Ley de Extranjería prevé un presupuesto de 100 millones de euros para esta tarea.
El desplazamiento de un territorio a otro lo llevarán a cabo profesionales de la comunidad de origen, que deberán intercambiar información con los de destino sobre la situación de cada niño o adolescente. En caso de que una autonomía se niegue a acoger a los menores, los profesionales que los acompañan pueden pedir ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los agentes comunicarán la situación al Ministerio Fiscal y entregarán al joven a la entidad de destino.
En caso de que los menores afectados no tengan residencia legal en España, esta deberá ser tramitada con carácter preferente por la Subdelegación del Gobierno correspondiente antes del traslado.
40 millones de euros para menores solicitantes de asilo
Además del protocolo de traslados, el Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros una declaración de emergencia para la derivación de menores solicitantes de asilo desde Canarias a la Península. Dotada con 40 millones de euros, la orden creará 1.200 plazas en centros gestionados por el Estado para acoger a estos jóvenes.
Esta medida busca cumplir con una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 25 de marzo, que instó al Gobierno central a acoger a cerca de 1.000 menores no acompañados solicitantes de asilo, actualmente atendidos por Canarias. El Alto Tribunal consideró entonces que, al ser solicitantes de protección internacional, son competencia del Estado.
*Con información de EFE
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