Los guardias civiles ha sufrido, a lo largo del primer trimestre de este año, un total de 232 agresiones en todo el territorio español, lo que representa una media de aproximadamente tres ataques diarios. Aunque esta cifra significa un descenso del 5% en comparación con el trimestre anterior, la asociación Jucil advierte que sigue reflejando un alto nivel de violencia contra los agentes y subraya la urgencia de reconocer formalmente su labor como profesión de riesgo. De acuerdo con los datos que hizo públicos esta organización, “la sociedad exige mucho a sus guardias civiles, pero no se nos protege con justicia”.
Desde Jucil también han detalladp que seis de las agresiones registradas fueron perpetradas con armas, dos más que en el periodo inmediato anterior. Este aumento ha generado inquietud en la organización por la tendencia a una peligrosidad creciente en los ámbitos de actuación de la Guardia Civil.
Asimismo, los accidentes laborales han experimentado un incremento relevante: en este primer trimestre se contabilizaron 814 incidentes de este tipo, un 19% más que en los tres meses previos. Según señaló la asociación, estas cifras ilustran “un entorno laboral cada vez más exigente y peligroso, tanto por las condiciones físicas como por la naturaleza de los servicios prestados”.
La persistencia de estos niveles de violencia y siniestralidad en el desempeño de los agentes contrasta, según Jucil, con la falta de reconocimiento legal de su actividad como profesión de riesgo. Mientras otros colectivos cuentan con esa protección, los guardias civiles de clases pasivas aún se encuentran excluidos, luego de que el Tribunal Supremo dictara una sentencia condenatoria para el Gobierno por no regular anticipadamente la situación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Desde la asociación, el secretario general Ernesto Vilariño expresó: “Es una injusticia institucional que debe corregirse cuanto antes, porque estamos hablando de vidas humanas puestas al servicio de todos los ciudadanos, muchas veces en condiciones precarias y sin respaldo”.
Agresiones en 2024
De acuerdo con las declaraciones recogidas por Jucil, los agentes “carecen del respaldo legal y administrativo suficiente para repeler con seguridad y eficacia las agresiones, sin temor a ser sancionados o sometidos a expedientes disciplinarios”. La situación se agrava al considerar que, solo en 2024, las agresiones a miembros de la Guardia Civil han crecido un 18%, con un total de 1.404 casos, alcanzando la cifra más alta registrada hasta la fecha.
Estas estadísticas, recalca el informe, contrastan con las 1.051 agresiones de 2021 y las 1.193 de 2022, lo que implica un aumento del 34% en los últimos dos años. Jucil atribuye estas tendencias a un “creciente deterioro del principio de autoridad” y señala cómo los servicios médicos atienden cada vez con mayor frecuencia a agentes lesionados durante su jornada de trabajo.
Más medidas de protección
La asociación reclama la puesta en marcha de nuevas medidas de protección para los integrantes de la Guardia Civil, en especial “la implementación de materiales y protocolos de prevención adecuados que permitan a los guardias civiles desempeñar sus funciones con la seguridad que merecen”. Jucil considera “imprescindible que el Gobierno actúe de inmediato para proporcionar recursos y herramientas que minimicen los riesgos a los que están expuestos los agentes”.
Entre las exigencias formuladas, destacan la dotación personal de defensas extensibles para cada agente, pistolas eléctricas paralizantes destinadas a todas las patrullas, cámaras unipersonales de grabación, chalecos antibalas individuales (al señalar que actualmente estos se comparten y en ocasiones no se ajustan a la talla del usuario), así como chalecos y trajes de flotabilidad específicos para el Servicio Marítimo. Además, la asociación solicita la provisión de fundas de pistola antihurto y la actualización del parque de vehículos oficiales.
A estas reclamaciones técnicas, Jucil suma la petición de establecer protocolos claros para la custodia de detenidos y ajustes en la organización del servicio para erradicar los desplazamientos en solitario de efectivos, garantizando que ningún agente arme patrulla sin apoyo.
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